Al exponer la iniciativa que propone ampliar las agravantes en el delito de abuso sexual contra menores, la diputada Ingrid Schemelensky Castro (PAN) señaló que durante 2022 se registraron en la entidad 5 mil 486 casos, lo que la llevaron al primer lugar nacional por este delito con el 16 por ciento del total de casos.

En reunión de trabajo de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, la legisladora precisó que de 2015 a 2022 el abuso sexual pasó de 532 casos a 5 mil 486.  Además, con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) correspondientes a 2021, indicó que la violencia contra infantes es cometida en 51 por ciento de los casos por familiares y 14 por ciento por personas conocidos o cercanas a las víctimas.

La legisladora indicó que el Código Penal ya considera dos agravantes para este delito, la minoría de edad y la incapacidad para entender o resistir la agresión, por lo que pide agregar cuando sea cometido por familiares; persona que tenga la custodia, guarda, educación o aproveche la confianza de la niña, niño o adolescente, y que se establezca la reparación de los daños y perjuicios considerando el grado de afectación de la víctima y el tipo de terapia que requiera.

La comisión acordó solicitar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que se convoque representantes de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos para recibir su opinión y propuestas sobre la iniciativa.

En reunión de trabajo, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia también acordó solicitar la opinión de estas dependencias para el estudio de tres iniciativas de reforma al Código Penal presentadas por separado por la diputada Alicia Mercado Moreno y los diputados Gerardo Ulloa Pérez y Mario Ariel Juárez Rodríguez, todos de Morena, que serán analizadas de forma conjunta y se integrarán en un solo dictamen.

La diputada Alicia Mercado propone tipificar como delito el robo de mobiliario urbano e imponer de dos a cuatro años de prisión contra quien sustraiga, se apodere, comercialice, detente o posea mobiliario urbano. Para el caso de las alcantarillas o coladeras se propone aumentar esta pena hasta en una mitad, es decir hasta seis años, debido a que por su robo se generan condiciones para accidentes como ahogamientos en los sistemas de drenaje.

El diputado Ariel Juárez propone sancionar con penas superiores a los 10 años de prisión a las personas encargadas de la seguridad pública que coadyuven en la usurpación de funciones y faciliten uniformes, insignias, vehículos oficiales, incluso armas, con objeto de amedrentar a la sociedad, esto con el fin de evitar abusos y extorsiones, entre otros, de los llamados izquierdos o madrinas.

Respecto a la iniciativa del diputado Gerardo Ulloa, busca permitir la querella en el delito de abigeato o robo cuando sean cometidos entre familiares, pues existen desigualdades en el tratamiento de este delito con los de abuso de confianza, fraude, despojo y daño en los bienes, y es una anomalía que se debe corregir.

En este sentido, la comisión legislativa también solicitará la opinión de las mencionadas instituciones para el análisis de la iniciativa de la diputada Viridiana Fuentes Cruz (PRD) para modificar el Código Civil a fin de considerar la violencia como causal de nulidad del matrimonio, cuando haya subsistido al momento de celebrarse el matrimonio o en cualquier momento previo.