En México, el costo anual actual de la provisión de servicios urbanos y de los desplazamientos en que incurren las familias suponen más del 1% del PIB, señala el documento de trabajo El costo de la expansión urbana en México, el cual fue dado a conocer este miércoles 21 de julio por el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México, por sus siglas en inglés) durante un seminario en línea.

La publicación, explicó Pablo Lazo, Director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad de WRI México, señala que la expansión urbana ha aumentado significativamente en las últimas décadas y, recientemente, esa expansión se ha producido en mayor medida en localidades rurales periféricas de las zonas metropolitanas.

Esas nuevas periferias urbanas, son espacios de segregación socioespacial, con escasas oportunidades de empleo informal y con un acceso deficiente a los satisfactores urbanos que mejoran la calidad de vida. Además, esta expansión urbana se ha traducido en incrementos en las emisiones de contaminantes atmosféricos y de gases de efecto invernadero.

El documento de trabajo realiza un ejercicio de estimación del costo económico de la expansión periférica en ocho zonas metropolitanas elegidas con base en su diversidad en tamaño, estructura urbana y región (Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Reynosa, Mérida, Tuxtla Gutiérrez y Culiacán), considerando cuatro componentes: costos de la construcción de la vivienda y su urbanización, emisiones derivadas de la construcción, costo del desplazamiento y costo de provisión de servicios básicos.

De ese análisis, señala que la extrapolación de los resultados a nivel nacional evidencia el alto costo anual del modelo de urbanización expansivo. La suma del gasto anual de desplazamiento de las familias y del costo de provisión de servicios públicos puede exceder el 1% del PIB del país cada año, alerta.

Para estimar la viabilidad futura del patrón actual de urbanización, incorpora una proyección a futuro de tres escenarios: uno de continuidad con las mismas tendencias, otro en el que se fomenta la localización adecuada de la vivienda y un tercero en el que únicamente se densifica la periferia externa.

El documento sostiene que el costo económico de la expansión urbana muestra que los patrones urbanos actuales son insostenibles financieramente da cara al futuro, y que las estrategias de ordenamiento urbano deben adecuarse al contexto y particularidades de cada ciudad.

En el futuro, la mitad de las ciudades analizadas tendrá retos presupuestales para proveer el mismo nivel de servicios que en la actualidad, según el documento del trabajo. Esas ciudades deberán incrementar su capacidad proyectada de recaudación en un rango de 48% a 244% para poder ofrecer el mismo nivel de servicios urbanos que en la actualidad.

La mejor opción para reducir en el largo plazo los costos urbanos, sugiere la publicación, es implementar una política de localización residencial cercana a los centros de empleo, que utilice de forma más eficiente el suelo e incremente la densidad.

La política de localización por sí misma puede generar ahorros acumulados en los costos anuales superiores al 5%, lo que favorecería especialmente a la población más vulnerable, con ahorros crecientes a lo largo del tiempo. Por el contrario, alerta el documento, la política de densificación sin una adecuada localización puede impactar negativamente en la economía de los hogares vulnerables.

Por último, la publicación señala que las futuras acciones de planeación deben regirse bajo los principios de corresponsabilidad en la planeación urbana, de focalización del apoyo institucional en las zonas más vulnerables, y de una visión integral de la planeación que haga un análisis holístico de los impactos y beneficios del desarrollo urbano a corto y largo plazo.

Diego Vázquez, Gerente de investigación de Oxfam México, explicó en la apertura de la presentación del documento que, si bien se piensa en la pobreza generalmente como algo inherentemente rural, la pobreza ya tiene un perfil urbano.

“En México, la mayoría de la población vive en zonas urbanas, particularmente en grandes ciudades, y aunque la ciudad se ha convertido en el eje de desarrollo económico más importante -en donde se conectan servicios, industria y mercado de trabajo, eso también ha generado costos sociales y ambientales:  80% de la población vive en zonas de más de 100 mil habitantes, y 7 de cada 10 personas en situación de pobreza viven en las ciudades”, dijo.

Posterior a la presentación del documento se llevó a cabo una mesa de diálogo que contó con la participación de José Iracheta, Director General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS); Aurora García de León, Directora general de Derex​; Camilo Quiroz Hinojosa, Director de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia​, y Teresa González Rodríguez, Directora de Gobernanza Ambiental del Municipio de León.

Sobre qué mecanismos se podrían implementar para que impactos de la expansión urbana en las poblaciones urbanas se reduzcan, González de León habló sobre la necesidad de empoderar a los gobiernos locales, mientras que Aurora García abordó la importancia de hacer efectiva en los gobiernos locales la planeación de política pública de vivienda que se hace a nivel federal.

“Sería interesante que se amarraran recursos federales al cumplimiento de ciertos indicadores y del plan de desarrollo urbano”, propuso García.

Abonando a la importancia de una planeación con visión a largo plazo, Quiroz Hinojosa habló de la experiencia en Colombia, particularmente de los planes de ordenamiento territorial, el principal mecanismo de planificación, en los que se definen las estrategias que orientan el crecimiento y organización de territorios con visiones a mediano y largo plazo (12 años).

“Desde el Ministerio hemos implementado un sinnúmero de instrumentos y los pusimos al servicio de la construcción de vivienda, y es por ello que hoy en día mostramos resultados sumamente óptimos para sector constructor – hoy son el eje motor de reactivación económica y de equidad. Me enorgullece contarles que en estos 3 años que lleva el gobierno nacional ya se han ejecutado programas que benefician cerca de 350 mil hogares”, compartió.

José Iracheta de INSUS, por su parte, propuso tres grupos de instrumentos que, aseguró, están a la mano del gobierno federal y de las administraciones locales y son aplicables en la mayoría de países de la región: una regulación y normativa urbana que no infle los valores del suelo o genere una escasez del suelo de manera irregular; un fortalecimiento del impuesto predial y un una inversión mucho mayor de servicios públicos en zonas periféricas para aumentar su accesibilidad.

El costo de la expansión urbana en México es la tercera publicación de la Coalición por la Transformación Urbana en México, después de Acciones federales para la planeación urbana: hacia mejores ciudades para todos y Las ciudades mexicanas: tendencias de expansión y sus impactos.

En México, la Coalición ha trabajado desde enero de 2019. Entre sus integrantes y colaboradores se encuentran WRI México, C40, GGGI, Tecnológico de Monterrey, ONU-Hábitat, ICLEI, Fundar, Oxfam, UNAM, CEPAL, Techo México, GIZ, El Colegio de Urbanistas de México, IDOM e ITAM