En este Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, personas académicas y expertas agrupadas en la coalición #CambiémoslaYa reiteramos el llamado al Estado mexicano a hacer reformas profundas a la Ley Minera, debido a que su contenido actual posibilita que las autoridades entreguen territorios comunitarios e incluso áreas protegidas que tienen gran importancia biológica a las empresas mineras. México lleva ya 30 años aplicando este marco legal minero y las consecuencias sociales y ambientales están a la vista.

Desde la Colectiva #CambiémoslaYa llamamos a las y los legisladores y a las autoridades a modificar esta ley para que los derechos humanos, la salud, el agua, el medio ambiente y la vida queden protegidos y se ponga un alto a los abusos y privilegios de esta industria extractiva.

La Ley Minera vigente fue aprobada en 1992, forma parte de un extenso marco jurídico (que incluye la Ley de Aguas Nacionales y la reforma al art. 27 Constitucional, entre otras) creado para facilitar la entrada de las empresas a los territorios para la explotación y extracción de los bienes naturales del país. Diversos artículos de esta Ley violan de manera directa derechos previamente reconocidos por el Estado Mexicano, sin duda, es una de las causas estructurales de los conflictos socioambientales que se viven actualmente.

“Desde #CambiémoslaYa pedimos no dejar pasar más tiempo. Quedan dos años de la actual administración, la cual llegó por la urgencia de emprender los cambios necesarios para detener la flagrante desigualdad y el abuso; sin embargo, este marco legal neoliberal sigue intacto. Este es el momento, tenemos todas las herramientas para tomar decisiones que antepongan el interés público y el bien común. ¡Cambiémosla ya!”.

La Ley Minera ha beneficiado a una pequeña élite empresarial, a costa de la vida, la salud, el medio ambiente y los derechos de las comunidades y pueblos en México. Una de las principales razones es que su artículo 6º establece que las actividades mineras son de utilidad pública y preferentes sobre cualquier otro uso del territorio; es decir, que tienen prioridad por encima de las actividades que las comunidades realizan en su territorio, incluyendo vivienda, agricultura, manejo forestal u otra.

Asimismo, el artículo 19 establece que por el solo hecho de tener una concesión minera, su titular adquiere el derecho de expropiación de terrenos y de aprovechamiento de las aguas subterráneas. Por su parte, el artículo 15 establece que esta situación podrá durar hasta 100 años, pues fija la vigencia de las concesiones mineras en 50 años, prorrogables por un tiempo igual.

Desde #CambiémoslaYa proponemos seis cambios:

1.   Eliminar el carácter de utilidad pública de las actividades mineras.

2.   Hacer efectivo el derecho a decidir de las comunidades y pueblos respecto del otorgamiento de concesiones mineras.

3.   Cambiar el esquema y régimen abusivos de las concesiones.

4.   Quitar los privilegios de acceso a la tierra y al agua que se otorgan a las empresas.

5.   Blindar Áreas Naturales Protegidas, sitios sagrados, arqueológicos y Ramsar de las actividades mineras. Prohibir la minería de metales preciosos con las técnicas de tajo a cielo abierto, así como el uso de cianuro y mercurio en los procesos de lixiviación.

6.   Transparentar la información de las empresas mineras relacionada con su actividad, incluyendo sus estados financieros.