Tras el lamentable asesinato de  Ramón Hernández Nevárez y su hijo Anselmo Hernández Andujo, integrantes de El Barzón en Chihuahua, más de un centenar de organizaciones y personas de la sociedad civil demandaron a las autoridades frenar la ola de violencia en contra de activistas ambientales en la región e iniciar las investigaciones para el castigo de los responsables.

Hernández Nevárez y su hijo fueron asesinados a balazos el pasado 13 de junio cuando circulaban en la Carretera Santa Clara-Flores Magón del municipio de Namiquipa. Ambos luchaban en contra de la sobreexplotación de la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen. El líder agrario había denunciado con antelación amenazas, sin que éstas fueran atendidas con las medidas respectivas.

Las organizaciones y personas hacen un llamado a las autoridades federales y estatales a emprender las investigaciones necesarias para resolver este doble asesinato y garantizar la vida e integridad física de los integrantes de El Barzón y sus familias redoblando las medidas de seguridad en su beneficio.

Reiteran su demanda de mecanismos urgentes y efectivos de protección para activistas

Apenas el pasado 23 de mayo, este mismo grupo de firmantes exigió a las autoridades federales y estatales tomar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de Martín Solís y Eraclio Rodríguez, integrantes de El Barzón en Chihuahua, quienes también han sido objeto de amenazas de muerte por su lucha en contra de la construcción y operación ilegal de pozos de agua en los municipios Namiquipa, Riva Palacio, Buenaventura y Ahumada de esa entidad.

Lamentablemente la situación en la región se ha ido agravando como lo demuestran  los asesinatos de Ramón Hernández Nevárez y su hijo Anselmo Hernández Andujo.

Las demandas de las organizaciones y personas firmantes siguen en pie y hacen un enérgico llamado a Javier Corral Jurado, Gobernador Constitucional de Chihuahua; César Jáuregui Robles, Secretario General de Gobierno de este Estado; Irma Villanueva Nájera, Coordinadora Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Fiscalía General en el Estado; Rafael Adrián Avante Juárez, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); y Patricia Colchero Aragonés, Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Periodistas, en el ámbito de sus competencias, a iniciar las investigaciones correspondientes para castigar a los culpables de este terrible crimen, así como garantizar la vida e integridad física de todos los miembros de El Barzón quienes están siendo objeto de amenazas de muerte, reforzando las medidas de seguridad de sus integrantes.

También exigieron a Roberto Ramírez de la Parra, Director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Guillermo Haro Bélchez, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), subsanar las omisiones en cuanto a su deber de inspeccionar y vigilar, así como de sancionar y clausurar las obras hidráulicas ilegales que están siendo la causa y raíz de la conflictividad en la región, acrecentando el clima de inseguridad, persecución, hostigamiento e intimidación en contra de integrantes de El Barzón.