El desmantelamiento de las instituciones encargadas de la regulación y protección ambiental está agravando los procesos de degradación y destrucción de los recursos naturales en el país, entre ellos, la deforestación, los cambios de uso de suelo, la extracción ilegal de vida silvestre y la sobreexplotación de recursos como el agua, advirtió en Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

En el documento El desmantelamiento institucional del sector ambiental: un balazo en el pie, elaborado por Lucía Madrid, del CCMSS, explica que en los pasados 30 años, México logró importantes avances en consolidar una institucional ambiental. Si bien el Estado mexicano no logró detener el deterioro ambiental, sí existen elementos para afirmar que ese andamiaje institucional estableció límites y reguló el crecimiento depredador e insostenible de las inversiones en todos los sectores económicos.

A lo largo de estos años, la institucionalidad ambiental ha sufrido diversos vaive­nes: recortes presupuestales, improvisación, enfoques aislados, intereses políticos. Y hoy enfrenta otro desafío: la convicción de la actual administración de que es inoperante, combinada con su incapacidad para transformarla y corregirla. Esta convicción ha llevado al desmantelamiento de importantes áreas operativas, sin que se avizore cuál es la nueva propuesta de arquitectura institucional.

Entre las decisiones tomadas como parte de ese desmantelamiento del andamiaje institucional destacan las siguientes:

a) Prescindir de  delegados estatales de la Semarnat, dejando a los subdelegados en un estatus de encargados de despacho “provisionales” por más de 15 meses ejerciendo responsabilidades que no les corresponden, con autoridad y capacidad muy disminuidas.

b) La reducción de aproximadamente el 30% del personal de confianza de las delegaciones estatales de Semarnat cuando ahí se atienden 154 tipos de trámites relacionados con la gestión ambiental; lo cual se traduce en aproximadamente 130,000 trámites al año.

c) La reducción al mínimo del personal en las gerencias estatales de la Conafor, despidiendo a la mayor parte del personal eventual y de confianza. Esto a pesar de que la Ley Forestal de 2018 le asignó a Conafor nuevas atribuciones, que ahora se ejecutan sin personal suficiente y sin presupuesto para ello.

d) Dejar a la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental (la más grande la Semarnat, con 6 direcciones generales y con la carga de todos los permisos, autorizaciones y actos de autoridad) sin subsecretario desde junio 2019 hasta la fecha. En su lugar opera de manera “provisional” un encargado de despacho y las direcciones adscritas a su cargo reportan a otros subsecretarios. Todo esto sin un decreto oficial ni una estructura administrativa funcional y transparente, tal y como mandata la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).

e) Desaparición, de facto, de algunas direcciones generales de la Secretaría y creación de otras, solamente en los hechos, ya que hasta ahora no se ha publicado una modificación al reglamento interior de la Secretaría que dé sustento jurídico a estos cambios. Las nuevas direcciones generales, que en la práctica desarrollan funciones, actúan sin mandato legal.

Esta situación se agrava porque el sector ambiental está en el final de la lista de prioridades presupuestales, como se observa en los montos anuales del presupuesto del  sector:

• PEF 2014: $66,228 

• PEF 2015: $67,977 

• PEF 2016: $55,770

• PEF 2017: $36,059

• PEF 2018: $37,581

• PEF 2019: $31,020

• PEF 2020: $29,869

Al recorte presupuestal se suma la ausencia de una nueva propuesta de arquitectura institucional. La Semarnat aún no tiene un nuevo reglamento interior terminado ni publicado y el Promarnat 2019-2024 (Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre el Plan Nacional de Desarrollo) aún no ha sido publicado y no hay propuesta de modificación de los instrumentos existentes ni de los programas y políticas ambientales.

Las consecuencias del desmantelamiento de las instituciones ambientales se pueden apreciar en estos aspectos:

1. Ilegalidad-ingobernabilidad: Los vacíos institucionales han incrementado la ilegalidad especialmente en lugares que ya tenían una presión importante de estas actividades. Ejemplos: el desbordamiento de la pesca ilegal de totoaba en el Alto Golfo de California; el crecimiento de la extracción ilegal de especies maderables de alto valor, como granadillo y ciricote en la zona de Calakmul, y la presión que viven ejidos como Bacalar, en Quintana Roo, por la entrada ilegal de talamontes a sus selvas.
2. Sobre-explotación de los recursos naturales debido al libre acceso que se genera cuando hay ausencia de instituciones.

Si en efecto la Semarnat busca diseñar una nueva institucionalidad ambiental, estos son algunos de los retos que debe atender:

1. Consolidar un solo mecanismo de ordenación territorial integral con la participación de diversos sectores (desarrollo urbano, medio ambiente, economía, etc.) para que no haya ordenamientos contradictorios presentes en el territorio.
2. Avanzar en la implementación de instrumentos voluntarios para la protección ambiental, dado que garantizar la aplicación de la normatividad ambiental por la vía de la inspección y vigilancia y la coacción es una tarea difícil. Entre esos mecanismos están los ordenamientos territoriales comunitarios, las UMA, las ADVC, el manejo forestal sustentable, las concesiones de zona federal marítimo terrestre destinadas a la restauración y la conservación, entre otros. 
3. Revisar el instrumento de evaluación de impacto ambiental tanto en la legislación como en la aplicación del instrumento para que pueda cumplir su objetivo doble de prevenir conflictos sociales y prevenir impactos graves al medio ambiente y avanzar hacia la evaluación ambiental estratégica.
4. Generar nuevos instrumentos que promuevan el manejo sustentable e integral de los territorios y eviten la degradación ambiental.
5. Dar independencia a la Profepa. Esta procuraduría no puede continuar dependiendo de la Semarnat si debe fungir cabalmente como autoridad de inspección y vigilancia ambiental.
6. Establecer contrapesos institucionales a la Conagua, que se ha convertido en un órgano que hace política hídrica, al tiempo que administra el agua, asigna derechos, hace actos de inspección y vigilancia, y además hace funciones técnicas. Esto se acompaña de los deficientes resultados que han provocado que el país esté pasando por una crisis hídrica.
7. Reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para resolver el desorden en la distribución de atribuciones entre Semarnat y Conafor para el ejercicio de los actos de autoridad.
8. Armonizar los procedimientos de los actos de autoridad de impacto ambiental y de vida silvestre con los de aprovechamiento forestal con la finalidad de hacer más eficientes los procesos de otorgar permisos de aprovechamiento forestal en selvas y ANPs y en casos de especies enlistadas en la NOM-059-Semarnat.
9. Revisar y mejorar los 164 actos de autoridad de gestión para la protección ambiental. Para ello se requiere generar principios y criterios para su evaluación, contar con herramientas para hacer trámites en línea, generar plataformas de transparencia que sistematicen la información de todos estos actos de autoridad y la ofrezcan al público de manera ordenada y sencilla, utilizar la información del análisis de los actos de autoridad para tomar decisiones.

El documento El desmantelamiento institucional del sector ambiental: un balazo en el pie se puede descargar completo en el vínculo: https://www.ccmss.org.mx/acervo/el-desmantelamiento-del-sector-ambiental-un-balazo-en-el-pie/.