La Secretaría de Economía ha incumplido, por más de dos años, su obligación legal de expedir el reglamento de la Ley de Minería, reformada en mayo de 2023, y está planeando cómo regresar facultades a las corporaciones mineras.

Es de una gran irresponsabilidad que la dependencia ceda a los chantajes y omita su responsabilidad en la tarea de fortalecer la regulación de este sector, caracterizado por vulnerar derechos, dañar el medio ambiente, evadir el pago de impuestos, propiciar la violencia y la corrupción.

Durante la inauguración de la Convención Internacional de Minería, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, prometió para 2026, “reanudar la exploración a mayor escala” y agilizar permisos, reducir tiempos y facilitar la inversión en nuevos proyectos. Además, el mismo secretario Ebrard dijo de su Jefe de Coordinación de Actividades Extractivas en la Secretaría de Economía, Fernando Aboitis, “no es miembro de la cámara (Camimex), pero como si lo fuese”.

La industria minera ha emprendido una fuerte campaña mediática y de cabildeo para impulsar una apartado sobre minería en el T-MEC, ahora en proceso de revisión. Señalan que en México no hay condiciones claras para invertir en el sector, por una excesiva regulación y altos costos en el pago de impuestos.

En realidad, la Ley de Minería de mayo de 2023 logró una mejora regulatoria que puso un freno a la violación sistemática de derechos, cometida por la industra con el aval de los gobiernos en turno que, entre 1992 y 2018, otorgaron más de 60 mil concesiones mineras, ninguna de ellas consultada, ni siquiera notificada a los legitimos dueños de la tierra.

De entonces a la fecha, miles de familias han sido desplazadas de manera forzada de sus hogares y comunidades por la imposición de proyectos mineros de exploración y explotación, quienes además de perder sus medios de vida, han visto afectada su salud y afecta el acceso al agua.

La Ley de Minería de 2023 dejó a cargo del Servicio Geológico Méxicano las labores de exploración minera, la industria dice que su participación en ella es fundamental, sin embargo, durante los más de 30 años que tuvieron la posibilidad, en vez de avocarse a la exploración, las empresas se dedicaron principalmente a especular en mercados financieros y comerciar con los títulos de concesión, sin ganancias para el Estado ni para las comunidades. Aún hay vigentes más de 22 mil concesiones mineras, equivalentes a una superficie de 24 millones de hectáreas, que son susceptibles de realizar labores de exploración y explotación minera.

Con el mito de fortalecer la economía nacional, la industria minera pretende presionar a las autoridades para que se le regresen los privilegios y pueda seguir evitando pagar impuestos, devastando el ambiente, desplazando a las comunidades, acaparando y contaminando impunemente el agua.

La propia ex Secretaria de Economía, hoy titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, denunció que “el sector de la minería en México prácticamente no paga impuestos en proporción a sus ingresos totales y es una de las industrias con más corrupción relacionada con las regulaciones en la Secretaría de Economía”.

Se requiere de una mejor regulación y vigilancia de las operaciones mineras. La Secretaría de Economía debe fungir como un ente regulador, que vigile el cumplimiento de la ley, velar por el fortalecimiento de la economía del país, no ser un representante de intereses privados, nacionales y extranjeros, que han saqueado los recursos minerales del país a costa del desplazamiento y la salud de las comunidades y la devastación del medio ambiente.