Marco Antonio Ortiz Salas

Secretario General de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, CODUC A.C.

En días pasados AMLO dio a conocer un documento titulado “La nueva política económica en los tiempos del coronavirus”, texto que se hace necesario revisar con detenimiento. No porque el contenido proponga una alternativa con acciones medibles y verificables para mejorar nuestra endeble economía sino por el trasfondo de las líneas escritas por el presidente.

López Obrador acierta cuando señala que el fracaso de la política neoliberal ha quedado de manifiesto desde el salinismo donde la acumulación de la riqueza en unos cuantos incrementó la desigualdad y la pobreza a pesar del crecimiento económico en la tasa promedio anual.

También acierta al señalar que, desde la implementación de ese modelo, los centros del poder económico y financiero (curiosamente olvidó señalar el político) definían los parámetros de evaluación a conveniencia del capital cuya máxima es la acumulación de la riqueza sin que esta considere a quiénes la producen.

Si bien esos dos elementos coinciden con la visión crítica de los economistas respecto a que, en los parámetros de evaluación no se consideraba las características propias de la cultura y la idiosincracia mexicana, el documento señala antecedentes que integran o significan uno de los principales argumentos del lopezobradorismo ante los problemas actuales: todo es culpa de las administraciones anteriores.

Y sí, no es responsabilidad del presidente actual que se haya instaurado el neoliberalismo a finales de los ochenta, pero sí es su responsabilidad erradicarlo o cuando menos impulsar un modelo alternativo a partir de que asumió la presidencia de la república. Bien podría comenzar reflexionando que nuestra nación, dada su cercanía a la unión americana, requiere implementar una política económica más regional y sobre todo más encaminada hacia el sur. Es decir, como nación periférica, no se elude o desconoce el contexto global, pero se obliga más a mirar hacia dentro, a la casa.

No es el texto del presidente un plan de acción. Propios y extraños pueden coincidir en esa aseveración. Por más que se analice o discuta el documento, no describe alguna alternativa o planteamiento económico, para nadie es un secreto que el presidente ignora principios básicos de economía.

Por eso en las páginas de su nueva política, es claro que nuevamente basa su visión moral (solo la suya) respecto a lo que considera correcto y no plantea la adopción de medidas de contención o reactivación económica. En ese texto el mensaje es claro, va a continuar implementando su visión, la única que conoce y acepta, o sea la propia.

Ahora bien, ante el fracaso del modelo neoliberal, existe una clave en la que no se entiende la razón por la cual el presidente no anuncia o implementa en el mediano y largo plazo: la soberanía alimentaria.

Muy a menudo legisladores y hasta los propios funcionarios de la SADER, confunden el término seguridad alimentaria con soberanía alimentaria. Brevemente hay que señalar que la seguridad alimentaria de acuerdo a la definición de la FAO, existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. Por otra parte, la soberanía alimentaria comprende seis ejes centrales:

1. Se centra en alimentos para los pueblos.
2. Pone en valor a los proveedores de alimentos.
3. Localiza los sistemas alimentarios.
4. Sitúa el control a nivel local.
5. Promueve el conocimiento y las habilidades.
6. Es compatible con la naturaleza.

Alcanzar la soberanía alimentaria obedece a un proceso de transformación profunda en el agro mexicano, en primera instancia se debe modificar el artículo 27 constitucional como se ha demandado por los sectores organizados. La política actual no acaba con los privilegios de los principales acaparadores de la producción aglutinados en el Consejo Nacional Agropecuario.

El combate a la corrupción de la que tanto habla AMLO, implica acabar con el clientelismo histórico y el que se sigue fomentado en esta nueva administración por viejos conocidos de la clase política, baste ver la coordinación general de ganadería de la SADER. Adicionalmente se deben ajustar las recientemente publicadas reglas de Operación para apoyos a los sectores agropecuario, forestal, pesquero, alimentario y rural donde las tasas de interés no son las más aptas para el pequeño productor. Los precios de garantía deben estipularse no sólo en los granos, o la leche, sino ampliarse a verduras, frutas y legumbres.

Un dato importante en este rubro: aún en la 4T, los precios de garantía continúan beneficiando a los grandes acaparadores. En el caso del maíz, son los acaparadores quiénes tienen condiciones para cumplir con los grados de humedad requeridos por la norma, lo que les permite justificar cientos de toneladas de esta gramínea. Es por ello que las evidentes deficiencias en los precios de garantía, nuevamente protegen al CNA y, en consecuencia, ponen al pequeño productor en desventaja.

Dice Andrés Manuel que el mal del coronavirus vino a recordarnos lo frágil y que resulta un modelo excluyente, sin dimensión democrática y social. Claro que sí, pero no solo el COVID-19 nos recuerda esa fragilidad. También nos demuestra lo frágil que puede ser un gobierno sin orientación económica empecinado en transmutar los preceptos morales de un solo personaje en la planeación económica de un país.

Los resultados están a la vista, a la postre se incrementará la pobreza y la desigualdad como ha sido desde hace más de 30 años. A pesar del discurso moral, de mantener este rumbo, solo se continuará beneficiado a los ricos de siempre, entonces ¿no se suponía que, por el bien de todos, primero los pobres?