El Congreso de la Ciudad de México aprobó con 50 votos y dos abstenciones la ley que crea el Sistema Público de Radiodifusión de la capital, un organismo descentralizado, no sectorizado, con autonomía operativa, financiera, técnica, e independencia editorial.

Deberá fortalecer los valores democráticos, la igualdad de género e inclusión social; ser una vía de comunicación entre los Poderes públicos y la población

La ley establece que el sistema contará con una orgánica integrada por un Consejo de Administración –compuesto por cuatro ciudadanos y un representante de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, una Dirección General, así como un Consejo Consultivo Ciudadano.

También prevé una persona Defensora de las Audiencias, quien será garante del respeto de los derechos de las mismas.

Operará como un organismo público descentralizado, no sectorizado, dotado de autonomía operativa, financiera, técnica, con total independencia editorial, de decisión y gestión.

Los principios rectores que lo regirán son los de pluralidad, diversidad y calidad de los contenidos, así como la promoción de la participación ciudadana, el impulso a la producción nacional independiente y el respeto a los derechos de las audiencias y la libre expresión.

Una de las características fundamentales es que tendrá una asignación presupuestal determinada, evitando con ello la zozobra económica que viven otros medios públicos.

Al fundamentar el dictamen presentado por las comisiones unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y la de Administración Pública Local, la diputada Valentina Batres Guadarrama resaltó que esta estructura jurídica parte de la premisa constitucional que mandata garantizar la gratuidad del servicio, el acceso universal, la creación y transmisión de programas de calidad, con contenidos para diferentes intereses: informativos, educativos y culturales.

Enfatizó que el sistema, para alcanzar sus objetivos, deberá tener una dirección que garantice el carácter no gubernamental, es decir no ser un medio oficial. “Las y los ciudadanos de la capital no queremos medios ni de gobierno, ni de partidos, ni facciones, ni negocio o franquicia de empresas privadas”.

Y destacó: “Ya no tendremos medios oficiales, sino un sistema de medios públicos que respondan, ante todo, a quienes nos trajeron a este Congreso: a las y los ciudadanos”.

Esta independencia le permitirá, además, realizar intercambios de contenidos y estrategias digitales. Proveerá entretenimiento de calidad, comunicará los avances en materia de transparencia, derechos humanos, diversidad sexual, igualdad de género, derechos reproductivos.

En la discusión de la construcción de este medio público, dijo, las diputadas y diputados evitaron que el sistema naciera como un medio oficial. Por el contrario, se diseñó uno pensando en el interés de la ciudadanía. “Como pocas veces, los consensos permitieron la conjunción de ideas y visiones, a través de la redacción de una ley que retomó lo mejor de las iniciativas. Nos congratulamos de este proceso histórico”.

“Permitirá a la ciudad contar con un Sistema que garantice el ejercicio de los derechos a la información y a la comunicación, la perspectiva intercultural, el acceso a las tecnologías, la promoción de la cultura, la formación educativa, el respeto y la igualdad entre las personas. El Sistema se posiciona a la vanguardia tanto en la señal abierta como en digital”.

Entre las bondades de este sistema se encuentra el hecho de que tendrá economías determinadas. Estos recursos deberán ser al menos 0.05 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México del ejercicio fiscal que corresponda. Esto hace a la ley pionera en la eliminación de la incertidumbre que aqueja a los sistemas de medios públicos.

Tendrá autonomía operativa, técnica, editorial, de decisión, gestión y financiera; se le asignará al menos 0.05 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México

De acuerdo con la iniciativa aprobada, el Consejo de Administración estará integrado por cuatro ciudadanos y tres representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, uno por cada uno de ellos.

El Congreso local deberá iniciar el proceso de designación de los cuatro integrantes ciudadanos. Los periodos en el encargo van desde dos hasta cinco años.

Los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano tendrán cargos honoríficos, es decir, sin compensación económica; y este Consejo Ciudadano se encargará de designar a la persona titular de la Dirección General del sistema de entre una terna propuesta por el Congreso.

Y también tendrá a su cargo designar a la persona Defensora de las Audiencias de entre una terna propuesta por la Dirección General.

Las diputadas y diputados del Poder Legislativo local iniciarán el proceso de designación de los 11 integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano, dos de ellos estarán en el encargo dos años; tres más por tres años; otros tres por cuatro años; las restantes estarán en el encargo cinco años.

Con base en el dictamen aprobado por el pleno del Congreso de la Ciudad de México, el Sistema garantizará espacios de radiodifusión para los poderes locales, con el propósito de que éstos puedan difundir los contenidos que a su juicio convengan. Esto implica que no hará propaganda política en favor de ningún partido, tampoco servirá para promover a funcionarios.

Hoy creamos, dijo en su intervención en tribuna la diputada Batres, un Sistema Público de Radiodifusión, con un modelo plural, incluyente, con participación ciudadana y que protegerá la agenda de derechos humanos.

“No es retórica. Este es un gran avance, una ley pionera, construida con la participación de y para las y los ciudadanos de la Ciudad de México. Festejemos que la política nos ha permitido dotar a la ciudad de un Sistema Público de Radiodifusión de vanguardia, que marcará la pauta para todo el país”, concluyó.

 Presentan reservas al dictamen; en votación las desechan

Las diputadas y diputados del Poder Legislativo local iniciarán el proceso de designación de los 11 integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano

 Antes de la votación en lo general, el diputado Pablo Montes de Oca, integrante de la fracción del PAN, aseguró que el dictamen presentado es producto de las reuniones en donde se incluyeron propuestas, lo que “muestra de que podemos ponernos de acuerdo”.

En la discusión, el diputado Ricardo Fuentes presentó dos reservas a los artículos 10 y 20, la propuesta fue para regresar a la redacción inicial del primer artículo, en la que los representantes de los poderes Legislativo y Judicial no participaban en el Consejo de Administración, pero sí en el Consejo Consultivo Ciudadano, en calidad de invitados permanentes.

“La labor de un diputado es legislar, al personal judicial le toca la impartición de justicia. Si se integran al Consejo de Administración, se les estaría dando una tarea de carácter administrativo”.

El diputado Montes de Oca aseguró que la no inclusión de los poderes Legislativo y Judicial en el Consejo sería perjudicial. “No podemos permitirlo porque estaríamos entregando el Sistema al gobierno”.

El legislador Jorge Gaviño Ambriz, del PRD, argumentó que la Constitución indica que los poderes crearán un sistema. “Debe ser un organismo público de los poderes, por eso no debe estar sectorizado”.

La diputada Valentina Batres aseguró que la no inclusión de los poderes en el Consejo de Administración de ninguna manera los excluye. “Se propone que pertenezcan al Consejo Consultivo y vean los contenidos”.

Las reservas presentadas fueron rechazadas y el dictamen original se aprobó.