Para dar mayor seguridad y certeza jurídica a las personas dedicadas al periodismo en la capital y fortalecer el derecho a la libertad de expresión, el pleno del Congreso local aprobó la Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico de la Ciudad de México.

A nombre de las comisiones unidas de Protección a Periodistas y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, presidente de la primera, presentó el dictamen por el que se abrogó la Ley del Secreto Profesional del Periodista en el Distrito Federal y se expidió esta nueva ley.

El legislador, integrante de la fracción parlamentaria del PRI, reconoció que la norma se construyó desde la Comisión de Protección a Periodistas, en coordinación con la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y con apoyo de las y los legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias, autoridades del gobierno capitalino, sociedad civil y diversas asociaciones de profesionales de la comunicación.

“Con esta ley estaríamos cumpliendo con un mandato constitucional contenido en el artículo séptimo numeral segundo, apartado C de la Constitución local, además que iniciamos con el cumplimiento de una deuda que teníamos con las personas periodistas, específicamente en la cláusula de conciencia y secreto profesional”, afirmó.

Explicó que sólo con el cumplimiento de estos dos conceptos se garantiza a los periodistas que el derecho a la información sea auténticamente una opinión pública libre, “nosotros debemos velar por la independencia de las y los profesionales de la información, para que esta información que nos transmiten y que nos ayuda a configurar la opinión pública no se vea comprometida por intereses económicos, políticos, sociales o de cualquier otra índole”.

Salazar Martínez aseguró que la Ley del Secreto Profesional del Periodista en el Distrito Federal, que data de junio del 2006 y fue modificada en septiembre del 2014, fue superada por la realidad social, jurídica y política. Explicó que la cláusula de conciencia representa un límite al abuso del poder editorial y es una garantía para el pluralismo interno de las redacciones.

“El papel social del periodista exige el que la profesión mantenga un alto nivel de integridad, esto incluye el derecho del periodista a abstenerse de trabajar en contra de sus convicciones. No podrá ser obligado a revelar sus fuentes, poniéndolo en riesgo, en un país ya de por sí riesgoso para ejercer el periodismo, ni podrán ser obligados a escribir o trabajar sobre una línea que sea contraria a sus convicciones, bajo la amenaza de ser cesados en el trabajo, pues entendemos que el ejercicio del periodismo ético e independiente constituye la principal herramienta para la autoprotección”, detalló.

El legislador puntualizó que esta legislación permite fortalecer el marco jurídico que rige la protección de las personas periodistas en el desempeño de sus funciones, “siendo piezas fundamentales en la existencia de un Estado democrático en donde impere la libertad de expresión”.

Al razonar su voto, el diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD) se refirió al secreto profesional de los periodistas, para no poder ser obligados a revelar sus fuentes de información, y a la cláusula de conciencia para el ejercicio periodístico, como dos temas básicos para garantizar el derecho a la libertad de expresión.

“Ahora con este dictamen no se obliga al periodista a revelar su fuente de comunicación, de información, su fuente original. Yo creo que con esto sí queda salvaguardado de una manera transparente, de una manera real, lo que es el secreto profesional. Dice nuestra Constitución a no ser obligados a revelar sus fuentes de información. Considero que es un gran paso el que estamos dando el día de hoy para los periodistas, para todos aquellos que trabajan en el periodismo y que hacen posible el derecho a la información y a la libre expresión en esta ciudad”, resaltó.

“La libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos, así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista, implica también el derecho de todas y de todos a conocer opiniones y noticias”, destacó el diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA).

Expuso que a través de los medios de comunicación se materializa el ejercicio de la libertad de expresión. “Es indispensable la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas. En una sociedad auténticamente democrática resulta imprescindible contar con un marco jurídico institucional que abone en el ejercicio de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico”.

Por su parte, la diputada Jannete Guerrero Maya (PT) recordó que la construcción de un ambiente legal propicio para el ejercicio de la libertad de expresión es necesario para el establecimiento de una verdadera ciudad democrática, como la mandata la Constitución Política de la Ciudad de México.

“Desde el Partido del Trabajo seguiremos dando la batalla por la plena vigencia de los derechos a la libertad de expresión, libertad de reunión, de asociación, a la información y a una buena administración, los mismos que constituyen los pilares fundamentales de una ciudad democrática”, aseguró.

Los diputados Jorge Triana Tena (PAN), Federico Döring Casar (PAN) y Jorge Gaviño Ambriz (PRD) presentaron reservas a los artículos 5 y 2 de esta ley -relativas a ampliar el secreto profesional de los periodistas cuando comparezcan como testigos o con cualquier tipo de declaración ante una autoridad jurisdiccional, y a homologar las categorías de periodista y colaborador periodístico-, las cuales fueron desechadas en votación dividida del pleno del Congreso capitalino.