A principios del mes de julio tras el paso del huracán Beryl sobre la península de Yucatán, se activaron las alertas y sistemas de prevención ante la llegada de fenómenos hidrometeorológicos por parte de los apicultores de la región, visitando los apiarios cuyo riesgo de inundación y afectaciones por caída de árboles representó un riesgo para las colmenas.

Aun sin sufrir afectaciones por el huracán, al llegar a los predios correspondientes los apicultores notaron inmediatamente una baja considerable en las colonias y una cantidad de abejas muertas en las piqueras que catalogaron en su experiencia como una muerte masiva de abejas, encontrando algunas con síntomas claros de intoxicación por plaguicidas altamente peligrosos.

Los apicultores originarios de la comunidad de Ich-Ek, fueron visitando un total de 11 apiarios confirmando la muerte de más de 248 colmenas, lo cual representa la pérdida total del patrimonio de más de 40 años de trabajo de las familias apicultoras.

Los apicultores realizaron un monitoreo de campo en un radio cercano a los predios donde se encuentran sus colmenas, identificando un polígono a aproximadamente de 1.5 a 3 kilómetros de distancia con un total de 13 hectáreas de chile habanero en diferentes etapas de cultivo, el cual al ser un cultivo con gran susceptibilidad a las plagas requiere de grandes cantidades de sustancias altamente toxicas para las abejas y la biodiversidad.

En un estudio realizado por el Instituto Nacional de Equilibrio Ecológico y Cambio Climático (INEEC) en el mes de marzo del 2023, en la región de Hopelchén se identificaron 9 de 13 plaguicidas investigados en las muestras, con 4 mostrando toxicidad moderada (acetamiprid, cyprodinil, nicosulfuron, thiacloprid) y 4 alta toxicidad (dimethoate, fipronil, imidacloprid, thiamethoxam) para las abejas.

El 56% de los sitios cerca de las colmenas contenían al menos un insecticida peligroso para abejas, sugiriendo una relación con la muerte masiva. Este hallazgo indica prácticas inadecuadas de manejo de plaguicidas en la región, incluyendo mezclas que potencian su efecto nocivo.

La vinculación de la muerte masiva de las abejas con fumigaciones agrícolas de todo tipo en la región maya de los Chenes se suma a la larga lista documentada por apicultores en años anteriores y en este 2024 como el registrado en la comunidad de San francisco Suc-Tuc y crucero de Oxá en el mes de marzo.

El impulso de la producción agroindustrial en el Estado de Campeche incentiva a continuar con prácticas de producción con consecuencias negativas sobre la biodiversidad y las comunidades mayas que han dependido por generaciones de la actividad apícola.

En el municipio de Hopelchén a pesar de contar con amparos y suspensiones definitivas de las fumigaciones con plaguicidas altamente peligrosos otorgados por el sistema de justicia mexicano, las afectaciones a las abejas y polinizadores se siguen dando de manera sistemática y sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno actúen de forma efectiva, castigando a quienes resultan responsables de estos actos que atentan contra la naturaleza, los derechos humanos e incumplen con la legislación y las leyes mexicanas.

La evidente desvinculación interinstitucional es un claro ejemplo del desinterés que las administraciones gubernamentales actuales y pasadas tienen sobre estas situaciones cada vez más recurrentes, evadiendo las responsabilidades que por ley deben acatar para frenar el uso de sustancias altamente peligrosas no solo para las abejas sino también para la salud humana de las poblaciones aledañas a los campos de cultivo.

El no atender oportunamente estas afectaciones y sin contar con la reparación de daños afecta no solo al tema medioambiental, sino también con los derechos que como pueblo maya originario en el territorio debemos tener garantes, entre las cuales podemos mencionar el derecho a un medioambiente sano, a gozar de agua limpia y de calidad, derecho a la soberanía alimentaria y la libre determinación, derecho de acceso a la alimentación sana y la seguridad alimentaria.

Los apicultores y familias afectadas reclamamos a las autoridades e instituciones gubernamentales la carencia de justicia a nuestras peticiones de frenar actividades que atentan contra la apicultura y la biodiversidad, después de una década de denuncias y acciones legales nos enfrentamos a un sistema de justicia ineficiente, discriminador que prioriza los privilegios de personas que con sus actividades contribuyen al aumento del cambio climático, la opresión y violación de los derechos de comunidades indígenas y la devastación del territorio ancestral de las comunidades mayas.

Exigimos una respuesta urgente a la situación que actualmente sufrimos como apicultores por falta de protección de la actividad, exigimos que las instituciones asuman la responsabilidad y competencias correspondientes, así como la vinculación interinstitucional de los tres niveles de gobierno y la reparación del daño con medidas preventivas para evitar que estos acontecimientos lamentables se continúen dando no solo en la región de los Chenes, sino en toda la península de Yucatán.