Integrantes de la sociedad civil organizada expresamos nuestra indignación por la actuación de los 426 legisladores de la Cámara de Diputados que votaron a favor el dictamen que reforma la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de co-procesamiento de residuos, sin importar que causa graves afectaciones ambientales y a la salud de las personas.

A pesar de que no estaba en la orden del día y sin haber sido discutido previamente en la Comisión de Medio Ambiente, este 15 de diciembre se aprobó directamente en el pleno el documento que incluye el co-procesamiento como un método distinto a la incineración, beneficiando económicamente y otorgándole a las cementeras el control total de la gestión de los residuos municipales.

“Estamos denunciando que esta iniciativa fue impulsada por los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y la industria. A pesar de que la sociedad civil y los expertos en residuos buscamos espacios para alertar a los asambleístas, nos fueron negados, no fuimos escuchados dejando muy claro que decidieron servir a intereses particulares y no al bien común”, señaló Ornela Garelli, especialista en Consumo responsable y cambio climático de Greenpeace México.

“Todo parece indicar que estos movimientos legislativos -en lo oscurito-  a favor de la industria cementera que pisotean nuestros derechos humanos y violan el espíritu de los convenios internacionales firmados por México que protegen la salud y el ambiente, obedecen a la necesidad que tiene Estados Unidos de enviar sus plásticos a quemar a otros países como el nuestro, para simular su reciclaje, práctica además respaldada por el presidente de México. Esta situación es terrible”, declaró Marisa Jacott, Directora de Fronteras Comunes.

La Alianza México Sin Plástico, Greenpeace, el Frente de Comunidades en Contra de la Incineración, el Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad (LIDECS), la Asociación Ecológica Santo Tomás A.C. Tabasco, Fronteras Comunes A.C., Acción Ecológica A.C., Resiliente MX A.C. y la Academia Mexicana de Derecho Ambiental A.C., hacemos un llamado al Ejecutivo Federal a que no apruebe este albazo ya que representaría un atropello al derecho a un medio ambiente sano de las mexicanas y los mexicanos.  .