Greenpeace México lamenta profundamente y denuncia enérgicamente que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito ha decidido revocar la suspensión que protegía a la Laguna de Bacalar frente a una construcción irregular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Esta decisión no es solo un revés jurídico, sino que se trata de un golpe directo al derecho humano a un medio ambiente sano, a la justicia ambiental y a la voluntad de la ciudadanía que ha defendido pacíficamente este territorio.

La revocación de esta protección confirma un patrón que se repite y es preocupante: cuando el poder militar entra en conflicto con los derechos ambientales, las instituciones se inclinan a favor del poder y no de la ley.

La suspensión que hoy se ignora fue otorgada inicialmente por un Juez de Distrito porque la obra de la Sedena presenta irregularidades ambientales graves. La construcción, ubicada frente al icónico Fuerte de San Felipe, inició sin Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y se promovieron obras nuevas disfrazadas de “remodelación” para intentar evadir la legislación.

Además, la obra se construye en un ecosistema kárstico único y sumamente frágil. La ciudadanía, que se manifestó pacíficamente desde inicios de marzo de 2025, advirtió que el dragado con maquinaria pesada podría ocasionar daños ambientales irreversibles a la Laguna de los Siete Colores. De hecho, la restauración de este ecosistema, en caso de afectación, sería prácticamente imposible.

Aún con órdenes judiciales en contra, la Sedena reinició la construcción incluso en desacato, sin demostrar que no generará daño ambiental.

Estamos presenciando el uso del aparato judicial para legitimar un daño ambiental que había sido previamente denunciado por la ciudadanía y reconocido por un juez. Es altamente preocupante que los magistrados electos que votaron a favor de la Sedena carezcan de experiencia judicial, trayectoria sólida en materia ambiental o experiencia previa en tribunales colegiados. La consecuencia es clara: un tribunal sin independencia no puede garantizar justicia ambiental.

Esta tendencia es alarmante, ya que se ignora la jurisprudencia de la Suprema Corte, se interpreta de forma regresiva el “interés legítimo” de las comunidades, y se sacrifica el derecho humano a un medio ambiente sano para favorecer al poder militar.

Exigimos detención inmediata y transparencia

Desde nuestra campaña México al Grito de ¡Selva!, exigimos protección para Bacalar y justicia ambiental:

1.    Restitución judicial: exigimos que se restituya de inmediato la protección judicial para la Laguna de Bacalar.

2.    Alto total a la obra: la Sedena debe detener de inmediato la obra y presentar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) correspondiente, ya que la legalidad ambiental no es opcional.

3.    Independencia judicial: el nuevo Poder Judicial debe garantizar independencia e imparcialidad, especialmente en casos de alto impacto ambiental. Es indispensable que se realice una revisión profunda sobre los impactos del proyecto y se transparente el proceso de permisos por parte de las autoridades ambientales.

Lo que está ocurriendo en Bacalar no es un caso aislado, es parte de un modelo donde la militarización se impone por encima de la selva y las comunidades. Lo que pasa en Bacalar no se queda en Bacalar.

Defender Bacalar es defender la Selva Maya, el agua, los suelos, los manglares y el tejido comunitario. La ciudadanía ya se movilizó y logró dos suspensiones previas. La defensa continúa y no vamos a dejar sola a la Laguna de los Siete Colores.