En el marco del centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, las organizaciones comunitarias forestales agrupadas en la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, Red MOCAF, hicieron un llamado a la Administración Federal que encabeza el Presidente Manuel López Obrador a romper con las inercias neoliberales y reorientar el rumbo de la política para el campo apoyando de manera decidida a ejidos y comunidades como está esperando mucha gente en el campo.

El gobierno debe poner el ejemplo en materia de derechos realizando consultas de buena fe, culturalmente adecuadas y con los más altos estándares de nuestro marco jurídico

Gustavo Sánchez, Presidente del Consejo Directivo de la Red MOCAF señaló que el legado de la lucha zapatista está vivo en los casi 32 mil ejidos y comunidades agrarias que son la forma de tenencia de la tierra que abarca la mayor superficie en el campo en México y que han resistido y sobrevivido a décadas de políticas neoliberales orientadas a privatizarlos y el saqueo de sus recursos naturales por parte de grupos privados, con la anuencia de muchos gobiernos. La población en el campo espera que la 4ª. transformación detenga esta tendencia y apoye el tejido social y comunitario.

Destacó que la mayor parte de bosques, selvas, pastizales y matorrales, recursos minerales, cuerpos de agua y terrenos costeros están en terrenos ejidales y comunitarios por lo que enfrentan de manera constante las ambiciones privatizadoras o de saqueo. Estos núcleos agrarios han sido la barrera social que ha impedido mayores niveles de deforestación, contaminación o extracción de materiales del campo mexicano por parte de intereses privados y esta administración tiene la oportunidad de marcar la diferencia, pero aún no se ve una voluntad política clara al respecto, incluso hay aspectos preocupantes que se parecen demasiado a las políticas neoliberales.

Al respecto ejemplificó que los principales programas para el campo que han iniciado en esta administración y que se concentran en las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y en la Secretaría del Bienestar, sólo no consideran a los ejidos y comunidades agrarias como sujetos colectivos para apoyos, sino que han profundizado la individualización de los apoyos que ya se venía dando en anteriores administraciones.

Paradójicamente esta política se parece demasiado al impulso a la privatización del sexenio de Salinas de Gortari. Al respecto, Carlos Pérez Sebastián, Presidente del Consejo de Vigilancia de Red MOCAF señaló que con más de 30 años de experiencia en ejidos y comunidades puede afirmar que el apoyo a nivel de núcleo familiar es bueno pero que debe complementarse con apoyos para la gestión del territorio ya que hay aspectos como el ordenamiento comunitario del territorio, el control de plagas, los incendios, el combate a la erosión y degradación de tierras que no se puede hacer con apoyos individualizados, eso sólo va a contribuir a debilitar la vida ejidal y comunitaria.

Destacó que las organizaciones forestales comunitarias están convencidas de que se debe conmemorar el centenario de la muerte de Zapata, pero si no se apoya de manera decidida a su legado que son los ejidos y comunidades, todos los homenajes, las concentraciones frente a monumentos, las guardias de honor y las cabalgatas, son rituales vacíos.

Agregó que si no se previene la criminalización de la defensa de los territorios, con cada nuevo  defensor de la tierra asesinado o agredido estamos presenciando de nuevo la traición a Zapata, sin hacer nada al respecto. Puntualizó “…los símbolos son importantes, pero lo fundamental es a quién se apoya con las políticas públicas”.

Gustavo Sánchez indicó que una política hacia el campo que sea congruente con el espíritu zapatista debe tener a los ejidos y las comunidades como eje fundamental y que se exprese en:

1. Fortalecer el marco jurídico agrario revirtiendo la reforma de 1992 que pretendía privatizar las tierras de ejidos y comunidades.
2. Impulsar una política de apoyos gubernamentales al ejido y comunidad como sujetos colectivos y eliminando las restricciones legales y administrativas para el acceso a créditos especialmente diseñados para sujetos colectivos.
3. Ratificar el Acuerdo de Escazú e implementación del mismo para contar con una política de prevención a la criminalización de los defensores de los territorios. Los mapas de conflictos socioambientales ya existen, lo que se requiere es el diseño e implementación de salvaguardas efectivas.
4. Participación y consulta culturalmente adecuada, de buena fe y con los más altos estándares. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador debe poner el ejemplo con consultas sobre los proyectos de infraestructura que está impulsando, como el tren Maya, que respeten los derechos de los pueblos, los ejidos y las comunidades, deben dejarse de lado aproximaciones o simulaciones a lo que debe ser una consulta.

Gustavo Sánchez indicó que así como el Presidente señala continuamente que en materia de transparencia y lucha contra la corrupción el Presidente y los funcionarios deben poner el ejemplo y barrer las escaleras de arriba hacia abajo, en materia de derechos de ejidos, comunidades y pueblos también el Presidente y los altos funcionarios deben poner el ejemplo con consultas que cumplan los más altos estándares de derechos de nuestro marco jurídico, como es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Si el Presidente respeta los derechos de Pueblos, de comunidades y de ejidos, estará enviando un mensaje claro a los grupos privados que presionan por tener acceso a los recursos que ellos resguardan: que cualquier inversión que no respete los derechos no será viable y tendrá altos costos sociales, ambientales y económicos y un alto riesgo de perderse