Diversas organizaciones y comunidades, denuncian que la empresa Barrientos y Asociados, contratada por Fonatur para negociar el “pago histórico” por derechos de vía, ha cometido delitos y violaciones a derechos humanos en contra de personas de los ejidos que se encuentran en el tramo número 1 del trayecto  del Tren Maya, por lo que piden que la Fiscalía General de la República dé entrada a las denuncias penales correspondientes.

Organizaciones como el Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on; Centro de Derechos Humanos-Espacios para la Defensa, el Florecimiento y Apoyo Comunitario, A.C.; Centro de Lengua y Cultura Zoque de Chiapas; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y representantes de los ejidos División del Norte y Don Samuel, en el municipio de Escárcega, así como el ejido Miguel Alemán, en el municipio de Candelaria, estado de Campeche, denuncian públicamente una serie de  fraudes y  extorsiones, así como violaciones a derechos humanos por parte de la empresa Barrientos y Asociados, S.A. de C.V, contratada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para llevar a cabo la negociación para la liberación de los derechos de vía para el proyecto “Tren Maya”.

En un comunicado, explican que la forma de operar ha sido la misma en cada caso. Se presenta en las  comunidades una persona, identificándose como representante legal de Barrientos y Asociados con una actitud amable y de apoyo al ejido para ganar la confianza de los representantes, después nos informa que puede incrementar el monto de la indemnización a través de inventariar árboles o instalaciones inexistentes, con la premura, dado que pronto iniciarían los trabajos del Tren Maya.

Después busca recabar nuestra autorización. Dicha persona -la misma en todos los casos- levantó un acta donde se daba por otorgada la autorización, a pesar de NO contar con la mayoría de las firmas de la Asamblea y de la cual no ha entregado copia hasta el momento a los ejidatarios.

Los representantes de estos tres ejidos, “fuimos citados por Barrientos y Asociados en el Palacio Federal de Campeche para otorgarnos cheques -sin especificar a qué correspondían dichos pagos-, por cantidades muy superiores a las acordadas, e inmediatamente nos exigieron la devolución en efectivo de la mayor parte del dinero a cuentas indicadas por la empresa Barrientos, aludiendo que dicha cantidad correspondía al pago por servicios profesionales y amenazando con que, de no acceder, se nos denunciaría ante las Asambleas  ejidales, acusándonos de habernos quedado con la cantidad excedente”. 

Explican que esta forma de actuar ha sido un patrón sistemático y reiterado que se ha repetido por meses en diversos ejidos del estado de Campeche e incluso de Yucatán donde se negocia el pago por los derechos de vía del proyecto “Tren Maya”, y cuyo común denominador es el Despacho Barrientos y Asociados, que en todos los casos ha incurrido en acciones como manipulación, engaño, omisión de información, chantaje e incluso extorsión hacia las autoridades ejidales.

Por lo anterior, los representantes de los diferentes ejidos presentan ante la Fiscalía del estado de Campeche denuncias penales, la respuesta  que nos hemos encontrado es una tajante negativa por parte de la Fiscalía General de la República para admitir nuestras denuncia.

Del mismo modo, señalan que ni la Procuraduría Agraria, ni Fonatur “nos acompañaron en este proceso, aludiendo las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia por COVID-19, pero sí fuimos citados en las oficinas de la Procuraduría Agraria para que firmáramos el Convenio de Ocupación previa a Título Gratuito, a lo cual nos negamos. Es importante señalar que en todo este tiempo,  los representantes de los ejidos siempre hemos solicitado la información y alcances del proyecto, y nunca nos han entregado los documentos  técnicos, jurídicos, ambientales de los impactos a generar, solamente nos presionan a otorgar la ocupación temporal”.

En el caso del ejido Candelaria, afirmaron que su comunidad ya se encontraba en este territorio antes de que se construyeran las vías, CONTRARIO a lo que han señalado Fonatur, ONU-Hábitat y otras autoridades del Gobierno Federal. Nosotros no invadimos las vías, las vías nos invadieron a nosotros. Han pasado más de 70 años desde que esas vías operan y el Gobierno Federal nunca nos ha cuestionado nuestras viviendas. Ahora con el Tren Maya, buscan sacarnos argumentando que somos invasores.

Al respecto, presentaron el año pasado dos demandas de amparo. La primera en contra del mal llamado “Proceso de reubicación consensuada” por medio del cual pretenden desalojarnos, y la segunda en contra de las vías del tren, por el riesgo a nuestra seguridad que implicará para nosotros el paso del Tren a alta velocidad. En ambos casos, no hemos obtenido respuesta de los juzgados sobre el estado de nuestras demandas.

«A nombre de nuestras comunidades, como representantes ejidales, solicitamos por este medio recibir garantías de protección y seguridad por parte del Estado mexicano, en tanto somos personas defensoras de derechos humanos ambientales. Tememos por nuestra seguridad; el punto donde nos encontramos geográficamente se encuentra en foco rojo por la delincuencia y sabemos que este tipo de denuncias se deben presentar pero también sabemos que nosotros corremos peligro”, aseguran

Afirman que en la zona se ha incrementado la situación de violencia, produciéndose en los últimos meses agresiones como amenazas, hostigamiento, desaparición e incluso dos ejecuciones; todo ello, debe ser investigado por las autoridades correspondientes, lo cual, al día de hoy, por razones aún desconocidas, no han hecho.

Exigieron que se  garantice nuestro derecho a la justicia, puesto que, tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía del estado de Campeche han obstaculizado la presentación de las denuncias correspondientes, y aun presentadas no ha tenido ningún avance en las investigaciones. 

Como signante del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), México se ha comprometido a nivel internacional a “facilitar la implementación completa de los derechos al acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales”, así como a “propiciar un entorno seguro a personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, para que éstos puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.

«Exigimos en este caso al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que actúe en favor de la legalidad y el Estado de derecho que al día de hoy se ha violado sistemáticamente», finalizaron.