Facetas de México

Pascacio Taboada Cortina/Jorge Martínez Cedillo

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador, insiste que “en este país se acabó con la corrupción; que la impunidad y la defraudación fiscal no existen”, a la menor evaluación de auditoría, surgen fraudes en diversos niveles de la administración pública, sin que se aplique la justicia a los culpables y, lo insólito, que se premie con otro puesto de alto rango dentro de la burocracia, a los jefes de las áreas defraudadas.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dependiente de la Cámara de Diputados, ha detectado irregularidades en gastos federalizados, por 10 mil 312 millones de pesos en Cuenta Pública correspondiente a 2021. Se han levantado 30 denuncias penales de asuntos de “alto impacto”. Pero nadie sabe, nadie supo de castigos a los culpables.

Se realizaron 692 auditorías, relacionadas con el ejercicio del presupuesto federal. El total de los montos por aclarar, 6,675 millones de pesos, corresponden a participaciones federales en estados y municipios. A su vez, 2,913 millones 688 mil pesos, se ubican en el apartado de desarrollo económico.

Son las empresas “productivas” del Estado, como Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, las que más montos pendientes tienen por aclarar, por un total de mil 837 millones de pesos.

En la segunda entrega de 692 informes individuales, correspondientes a 102 auditorías de cumplimiento financiero, 26 de desempeño y 564 que involucran a ambos tipos de enfoques de la Fiscalización de la Cuenta Pública de 2021, fueron entregadas por David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación, a la Cámara de Diputados, el 28 de octubre de 2022.

Sobre los resultados de las auditorías, el funcionario señaló ante los legisladores que se han presentado 30 denuncias penales relacionadas con asuntos de “alto impacto”. Adelantó que continuarán haciendo el mismo proceso donde se requiera, sin precisar sobre los implicados en las denuncias y si éstas se relacionan como “desfalcos en Seguridad Alimentaria Mexicana”, SEGALMEX, los cuales podrían ascender a más de 12 mil millones de pesos.

El tema de SEGALMEX fue analizado en una sesión previa, en la que se aprobó el “formato de la entrega”. Al respecto, algunos legisladores expresaron la necesidad de que comparezca el ex titular de dicho organismo de gobierno, Ignacio Ovalle Fernández, ante las autoridades fiscales. Actualmente Ovalle ocupa un puesto importante en la Secretaría de Gobernación, después de que dejó un “agujero negro” en la administración de SEGALMEX.

Cada año de esta administración federal, la Auditoría Superior de la Federación ha reportado irregularidades en el ejercicio del presupuesto federal, sin que hayan trascendido investigaciones formales ni castigo a los culpables, ni por parte de instituciones del gobierno federal ni del Congreso de la Unión.

En la más reciente entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2021, la ASF señaló una larga lista de anomalías en la gestión financiera tanto de Segalmex como de Liconsa y Diconsa. Los tres organismos son losresponsables del acopio y distribución de alimentos básicos en el país, sobre todo en comunidades pequeñas y marginadas, además de que gestionan los programas de apoyo a pequeños productores agrícolas, como son la distribución de fertilizantes y semillas mejoradas.

De acuerdo con la verificación de investigaciones de la ASF, los fraudes incluyen diversos rubros. Entre ellos, destacan los siguientes: adquisiciones y pagos sin soporte documental de maíz, frijol, canasta básica, leche y subsidios para arroz, trigo y maíz; pagos que exceden tonelaje o precios de garantía establecidos para maíz y frijol; pagos no acreditados por prestación de servicios de subcontratación de personal y recepción de pesticidas; pagos fuera de vigencia de contratos por servicio de fletes; faltantes en los inventarios de frijol y maíz; salidas de efectivo no clasificadas (sin concepto).

Por el mismo tenor se encuentran los estados de cuenta de LICONSA, con déficits que ascienden a más de 1,500 millones de pesos. Ha trascendido que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con más de 20 carpetas de investigación abiertas en contra de SEGALMEX. Solamente se ha despedido del empleo a los defraudadores fiscales. ¿Y los jefes? Van a otro puesto.