En México como en otros países reconocemos a tres poderes; el Legislativo, Ejecutivo y el Judicial, pero el que siempre define cargos o responsabilidades y predomina de los otros dos es el Ejecutivo.  Siempre en campañas electorales se habla del mismo discurso de respetar la división y la autonomía de éstos, con frases como “encima de la ley nadie”, lo cierto es que, sobre todo en la administración actual, sucede todo lo contrario, desde la imposición de decretos, circulares e iniciativas de ley, expropiaciones que solo llevan al presidencialismo autoritario. Como consecuencia de esta política, es evidente un sometimiento político y  la aplicación de la ley de manera discrecional  o de manera simulada, por ejemplo, con la actuación de los jueces, como  magistrados de manera parcial o inducida.

Los megaproyectos implementados por la administración actual NO son la excepción del ejercicio unilateral de la ley que ejerce el poder ejecutivo sobre el poder judicial, un claro ejemplo son los Acuerdos que otorgan facultades a Organismos de la administración pública como el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), en obras que no son de su injerencia y, lo peor de todo, es ceder estas facultades a empresas de corte militar, haciendo a un lado a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Unilateralidad que también se materializa en el acto de concentrar todos los expedientes relacionados al Tren NO maya en un solo juzgado y en un solo Estado, por ende, con los Tribunales Colegiados, obligando a todos los promoventes a depender de una sola visión del poder judicial y una movilización de recursos hacia esta sede.

Es justo reconocer que NO todo el poder judicial se somete o induce sus acuerdos y decretos, o el rechazo de diversos recursos judiciales por orden del poder ejecutivo federal, es en esta situación donde observamos como el titular del poder ejecutivo autoritario, ataca y embiste al poder judicial, presionando y amenazando con persecución, reformas y demás artimañas fuera de ley, para lograr le otorguen la razón; violando el estado constitucional y de derecho de nuestro país, respecto de la división de poderes de nuestra nación.   

El indebido proceso legal se presenta de diversas formas desde el desechamiento, sobreseimiento y  la negación o la no admisión de pruebas y peritajes, la dilatación en acordar las inspecciones legales, como las notificaciones a las autoridades demandadas y señaladas como responsables, pues éstas autoridades –a su conveniencia– violan los derechos procesales argumentando con escritos dilatorios conocidos como “chicanadas” para NO ser notificadas o solicitar ser notificadas por correo postal o por exhorto, aun cuando se puede notificarse de manera virtual, mencionando por ejemplo lo que se ha dado en los juicios de Amparo 1519/2021 y 2878/2022 del Juzgado Primero de Distrito del Décimo Cuarto Circuito Judicial con Sede en Mérida, Yucatán.

Con la finalidad de hacer cumplir y que los jueces asuman su papel de aplicar un Debido Proceso Legal, considerando los impactos de no acordar o sentenciar de manera expedita, justa y en reconocimiento de nuestros sistemas normativos como pueblos indígenas y como ciudadanos con pleno derecho, queremos compartir lo siguiente:

1. Nos fue acordada y concedida en un primer momento la suspensión provisional, que a posteriori se concedió de manera definitiva, e incluso está ratificada de forma definitiva por un Tribunal Colegiado, desde mayo del 2020.
2. Que hemos promovido como parte de la defensa de nuestros Derechos un incidente “por exceso o por defecto de la Suspensión definitiva” por la violación a tal suspensión por parte de FONATUR, La Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y el gobierno federal, por iniciar obra y continuarla ejecutando hasta la presente fecha. Es importante señalar que la obra del tren y de sus hoteles militares en el tramo 7 se está construyendo en superficies o terrenos sin derechos de vía y es obra nueva. Tampoco cuenta con los permisos de construcción, y se realiza sin autorización de cambio del uso del suelo, también sin modificación al Límite de Carga Ambiental y sobre todo en la Reserva de la Biosfera de Calakmul declarada como patrimonio mixto de la humanidad por la UNESCO. Podrá haber Decretos de Expropiación por causa de utilidad pública y de seguridad nacional según el Ejecutivo como lo demuestra con el Decreto de Expropiación del 23 de junio del 2023 para construir el Hotel Militar con una superficie de 15,000 hectáreas, dentro de la Zona Núcleo de la Reserva. No obstante, basta con que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y, sobre todo, el Director de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, dejen de actuar en contubernio, puesto que deberían ser asumir su papel de garantes de nuestros Bienes Naturales, no ponerlos a la venta y poner por encima intereses personales.
3. Para nosotros es muy importante dar a conocer que la solicitud de Revocación de nuestra Suspensión Definitiva otorgada por el juzgado primero y el Tribunal Colegiado, promovida por FONATUR, SEDENA, fue declarada infundada. Por lo mismo, exigimos que FONATUR y SEDENA junto con su empresa detengan la ejecución de la obra y por lo tanto dejen de violentar el estado de Derecho.
4. En relación al juicio de Amparo 2878/2022, hacemos de su conocimiento que se tiene la suspensión definitiva y que, al igual que la del tramo 7, el Gobierno a través de FONATUR y SEDENA, continúan violando la suspensión, en contubernio con la SEMARNAT y gracias a la inoperatividad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
5. Los impactos ya se han presentado de distintas maneras: El militarismo en la región es cada vez más notorio con más cuarteles y alta presencia de la Guardia Nacional, estamos en un totalitarismo. En el tema económico los productos o canasta básica o de primera necesidad han pasado a costos más elevados. En cuanto a los impactos biológicos y ambientales, se han demostrado que el primer talador de árboles es el gobierno y no nuestros pueblos, recordemos aquella frase “Ni un solo árbol se va a tirar”, lo cierto es que se llevan en un cálculo aproximado más de 10 millones. La falta de agua es cada vez mayor, pues nos quitan la poca agua que tenemos para dársela al tren. La destrucción de nuestro patrimonio cultural es más fuerte, destruyendo estructuras, plazas, y el saqueo de vasijas, es a ojos vistos. Lo sistemas de producción local como la producción apícola, y chile jalapeño se están cayendo por la destrucción de la Selva y por el cambio de producción masivo y no en cambio el orgánico, bajo un método sustentable.  
6. El incumplimiento de la ejecución de obras prometidas en las comunidades, los cambios frecuentes de tramos, las afectaciones a la casa-habitación con fisuras, o daños, o las no construidas, los cambios de construcción de puentes viales, o de ganado, el desplome de columnas o pilotes en los puentes, la ruptura de los durmientes, han generado una serie de manifestaciones en todos los tramos, con cierre de tramos, carreteras, marchas, declaraciones y procesos de todo tipo. Lo cual demuestra que dicha obra está diseñada, planeada y ejecutada desde el centro del país con una idea paternalista, asistencialista, vertical. La creencia de sacar de la pobreza a las comunidades indígenas con una sola obra, es un ENGAÑO. Es un Tren del ENGAÑO, con vagones de incumplimiento, mentiras, afectaciones y violaciones sobre todo a los derechos colectivos e individuales en el marco de la LIBRE DETERMINACIÓN.
7. Hacemos un llamado al poder judicial y le exigimos que actúe conforme a sus atribuciones y facultades, como poder autónomo y en el ejercicio que le confiere nuestra constitución, hacer cumplir la ley, hacer valer nuestras exigencias, resolver con la prontitud de manera expedita los juicios de amparo interpuestos; poner un freno a la devastación de nuestra selva, a nuestro patrimonio, a nuestro territorio que está siendo invadido y devastado; que está siendo fragmentado por personas ajenas a nuestras comunidades; poner un freno al temor y a la intimidación por la presencia militar que nos causa zozobra a nuestras comunidades.

El gobierno federal con todas sus instituciones continúa violando y desacatando lo establecido en el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), asimismo la Declaración de las Naciones Unidas y Declaración de las Américas con respecto a los Derechos Colectivos y como sujetos de Derechos de los Pueblos Indígenas.

Conferencia del Consejo Regional Indígena de Xpujil del 27 de junio del 2023