El gobierno mexicano al servicio de las grandes corporaciones de la comida chatarra y las bebidas azucaradas, actúa en la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra las políticas para hacer frente a la obesidad avaladas por la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), alerta El Poder del Consumidor.

La vocera del Estado mexicano ante la OMC consideró que el etiquetado de Perú es una barrera al comercio. Sin embargo, existen reglas de derecho internacional privado que definen que se debe considerar una barrera comercial y que no

Informa que en la minuta de la sesión del 8 y 9 de noviembre 2017 del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, queda asentada la intervención de la representante de México en donde con los mismos argumentos de la industria de bebidas y alimentos cuestiona el sistema de etiquetado frontal de advertencia que busca implementar el gobierno peruano como parte de la Ley n°30021. Dicha ley fue aprobada en 2013, sin embargo, por las fuertes presiones de la industria no se ha publicado el reglamento que permite ponerla en marcha.

La posición del gobierno mexicano contrasta con la del propio director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus quien envió una carta al gobierno peruano en donde lo felicita por la inclusión del etiquetado en la mencionada Ley, y se refiere a él como “una importante medida normativa para ayudar a los consumidores a elegir alimentos más saludables”.

Además, menciona que “es un sistema para incitar a los fabricantes de alimentos a cambiar los ingredientes de los productos y reducir su contenido en grasas, azúcares y sal”.

El poder del Consumidor afirmó que es importante contrastar el apoyo del propio director de la OMS al etiquetado frontal propuesto en Perú con la posición crítica que expresó la OPS/OMS en cartas a la Secretaría de Salud y a Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) el 25 de abril y el 15 de mayo de 2014 en relación al etiquetado frontal que recién se había establecido en México, señalando que no es entendible y que contiene criterios que representan un riesgo a la salud.

La ley peruana propone la implementación de un etiquetado de advertencia, similar al utilizado en Chile, pero con la variante de tener un fondo rojo y una advertencia especial para los productos que contienen grasas trans.

En México, como se ha demostrado con documento oficiales de acceso a la información, el etiquetado NO fue diseñado con la participación de los institutos nacionales de salud y sin la participación de la Academia Nacional de Medicina

El formato se diseñó con base en resultados de investigaciones cualitativas con población peruana y se sustenta en las recomendaciones de expertos en salud pública y nutrición de la OMS.

En México, como se ha demostrado con documento oficiales de acceso a la información, el etiquetado NO fue diseñado con la participación de los institutos nacionales de salud y sin la participación de la Academia Nacional de Medicina, comprobándose que fue diseñado por COFEPRIS en contubernio con la industria y nunca puesto a evaluación entre consumidores.

La representante de México durante la sesión del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio expuso argumentos contra el etiquetado peruano como: “Los consumidores podrían estar siendo engañados dado que la guía no está sobre los beneficios nutricionales de los alimentos sino sobre su clasificación de “buenos” o ”malos”.

“No hay evidencia científica que muestre que los productos con cierto nivel de nutrimentos (parámetros técnicos) fueron más dañinos o peligrosos que otros productos que tuvieron menos contenido de los mismos nutrimentos (por ejemplo, las frutas tienen un alto contenido de azúcares pero no serían objeto de advertencia)”, afirma.

Agrega que “respecto al formato de las advertencias en alimentos procesados contenidas en el Manual de Advertencias Publicitarias de Perú, el uso del color rojo para el etiquetado podría tener consecuencias negativas ya que afectaría las preferencias del comprador”.

La vocera del Estado mexicano ante la OMC consideró que el etiquetado de Perú es una barrera al comercio. Sin embargo, existen reglas de derecho internacional privado que definen que se debe considerar una barrera comercial y que no.

Así, las políticas en salud pública, sustentadas en evidencia científica y en recomendaciones de organismos internacionales como la OMS, no son considerados una barrera comercial, sino como acciones legítimas de los Estados para proteger la salud de su población.

Fiorella Espinosa, coordinadora de investigación en salud alimentaria en El Poder del Consumidor destacó: “La representante de México habla de engaño en el uso del etiquetado propuesto por Perú, sin embargo, el gran engaño de quienes operan en favor de la industria está en afirmar que no hay alimentos buenos ni malos. La evidencia científica más reciente sostiene que actualmente hay productos alimenticios que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades crónico degenerativas en mucho mayor proporción que otros productos o alimentos, incluso hay alimentos cuyo consumo se considera un factor protector. En las últimas décadas organismos internacionales han hecho este reconocimiento en posturas y documentos oficiales, por ejemplo, la OMS en su último Informe de la Comisión para Acabar con la obesidad Infantil, claramente distingue entre alimentos sanos y malsanos, definiendo a éstos últimos como aquellos altos en grasas saturadas, ácidos grasos trans, azúcares libres o sal (es decir, alimentos de alto contenido calórico y bajo valor nutricional)”.

Recientemente, un Comité de Expertos Académicos Nacionales de Institutos de Salud como el de Nutrición, de Salud Pública, de Perinatología, de la Academia Nacional de Medicina, así como de Universidades públicas y privadas, entre otras Instituciones de renombre, han propuesto a la Secretaría de Salud un sistema de etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas como estrategia para la toma de decisiones saludables que retoma la evidencia científica que sustenta el uso de esta medida para fines de salud pública, reconociendo el etiquetado establecido en Chile y el propuesto en Perú y señalando las limitaciones y riesgos del actual etiquetado.

“El 12 de marzo denunciamos la propuesta del gobierno estadounidense para establecer, como parte de las renegociaciones del TLCAN, la prohibición expresa para que ninguna de las tres naciones pudiera establecer un etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas. De manera inmediata, el gobierno de Canadá expresó públicamente su oposición a esta iniciativa señalando que mantendrán su soberanía para aplicar las políticas de salud que consideren pertinentes y que ya han aprobado un etiquetado de advertencia y se encuentran en el proceso de elegir la mejor opción. Por su lado, el gobierno mexicano ha guardado silencio, ahora sabemos por qué. El gobierno mexicano ha estado en contubernio profundo con las grandes empresas tanto para la fallida política interna contra la obesidad, actuando como mercenario de esta industria en organismos internacionales”, señaló Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.

Estos hechos dan una prueba más de los fuertes vínculos entre el gobierno mexicano y las grandes empresas que no quieren ser reguladas con medidas que saben que funcionan. Se han dado a conocer la existencia de diferentes comunicados y un taller por parte de la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud dirigidas a las entidades sanitarias en México con recomendaciones muy puntuales al actual etiquetado mexicano, sin embargo, al COFEPRIS no ha realizado ningún cambio atendiendo los escritos de 2014 y 2015 ni el taller de 2016.

El etiquetado mexicano, advirtió la OMS, como lo ha hecho el Instituto Nacional de Salud Pública, tiene dos grandes problemas: 1) no se entiende y 2) pone en riesgo la salud al utilizar un valor de referencia de azúcar muy por encima del recomendado por la OMS, lo que engaña al consumidor.

Así, el gobierno mexicano, que anteriormente fue líder internacional en la defensa de intereses y derechos sociales, es hoy en día un actor aliado a los intereses de las grandes corporaciones y viola los derechos humanos fundamentales, actuando contra los derechos civiles de mexicanos y ciudadanos de otros países como Perú.