Dentro de las promesas de campaña del próximo, Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se encuentran: “establecer una política efectiva de protección de los maíces nativos, impidiendo la siembra e introducción de especies genéticamente modificadas”, por lo que para dar cabal cumplimiento a este compromiso es indispensable el cambio de funcionarios tanto del Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Enrique Sánchez Cruz, como de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Rocío del Carmen Alatorre Eden-Wynter, exhortó la organización ambientalistas Greenpeace.

Urgen cambios en política de bioseguridad de transgénicos y plaguicidas

Explicó que los actuales funcionarios de ambas instancias han seguido un patrón sistemático de actos y omisiones que ha debilitado el marco de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados (OGM), también conocidos como transgénicos, ya que no han tomado medidas para evitar el pésimo manejo y gestión de los plaguicidas altamente peligrosos (PAP) en México, entre ellos los insecticidas conocidos como neonicotinoides, que en otros países han sido prohibidos por el daño que causan a las abejas y otros polinizadores.

Precisaron que en materia de bioseguridad de OGM prevalecen nulos, escasos o insuficientes mecanismos de inspección y vigilancia por parte del Senasica, así como laxitud en la aplicación de sanciones penales y administrativas, tanto a funcionarios que se abstienen de aplicar la ley como a aquellos que la emplean “a modo”, o a los agricultores que han admitido sembrar cultivos transgénicos de manera ilegal; y nulas investigaciones a casas semilleras que han comercializado semillas GM, lo que permite que se extienda la contaminación transgénica en nuestro país.

Los funcionarios del Senasica, afirman, han sido opacos en cuanto a los resultados de monitoreos anuales para la detección de soya GM en Campeche, para los ciclos agrícolas de 2016 y 2017, siendo las propias comunidades quienes, a través de monitoreos comunitarios, han denunciado presencia de soya GM distribuida y sembrada de manera ilegal en el municipio de Hopelchén.

Recordaron que la 2ª Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sentencia emitida en noviembre de 2015, ordenó la cancelación del permiso otorgado a Monsanto en 2012 para la siembra comercial de soya GM en la Península de Yucatán hasta en tanto no se lleve a cabo la consulta a comunidades indígenas.

 “No obstante, se ha detectado y denunciado ante el Senasica presencia ilegal de soya GM, lo que contraviene la sentencia de la SCJN”, dijo la organización.

El Senasica, resalta Greenpeace, no solo no ha tomado con seriedad las alertas de contaminación genética, se ha negado a otorgar el decreto de Zona Libre de OGM (ZLOGM) a petición expresa de apicultores de 10 municipios de Yucatán, pese a haber cumplido con los requisitos que determina el art. 90 de la Ley de Bioseguridad de OGM (LBOGM), señalando que, a la fecha, “no existe la normatividad aplicable para poder decretar una ZLOGM”.

Dijo que las comunidades se ampararon por dicha negativa en el año 2013 y el litigio se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, ante lo cual, por equidad entre apicultores y empresas como Monsanto, la Sagarpa debería emitir el primer decreto nacional que declare Yucatán como zona libre.

En el tema apícola, resaltó, el Senasica ha mantenido una política de desprecio y falta de apoyos a la apicultura y a la producción orgánica, favoreciendo con subsidios y apoyos gubernamentales a plaguicidas, reportando un incremento de fumigaciones aéreas de insecticidas que dañan a las abejas.

Esta organización le demandó a la Cofepris la progresiva prohibición de PAP en México ya que a pesar de que están prohibidos en otros países y son catalogados como altamente peligrosos

Ha mantenido en un puesto clave a la Ingeniera Silvia Elena Rojas Villegas, antigua empleada de Pioneer y Directora de Inocuidad Agroalimentaria, Operación Orgánica y Plaguicidas de Uso Agrícola, quien dirige con parcialidad la política de bioseguridad de OGM y orgánicos; tratando de imponer la creencia que es posible la coexistencia entre los modelos de agricultura industrial, ecológica y orgánica; y al MVZ Hugo Fragoso, quien intentó flexibilizar el etiquetado de productos orgánicos que cita: “el producto se encuentra libre de OGM” dentro de las discusiones del Comité Consultivo de Normalización del Senasica, modificación que se encuentra detenida.

Los funcionarios de la Cofepris y la mala gestión de los plaguicidas en México

A fines de julio de 2017 Greenpeace presentó denuncias sanitarias ante la Cofepris por la presencia en cuerpos de agua del estado de Sinaloa y la Península de Yucatán de siete plaguicidas altamente peligrosos: Endosulfán, Mevinfos, Metilparatión, Diazinon, Clorpirifos, Metoxicloro y Lindano (5).

Esta organización le demandó a la Cofepris la progresiva prohibición de PAP en México ya que a pesar de que están prohibidos en otros países y son catalogados como altamente peligrosos, actualmente se encuentran en el Catálogo Oficial de Plaguicidas al menos 183 sustancias con estas características (6); sin embargo no ha habido voluntad política por la Comisionada de Evidencia y Manejo de Riesgos, Rocío del Carmen Alatorre Eden-Wynter, para revisar y cancelar las autorizaciones de plaguicidas de alta peligrosidad.

“Estos hechos denunciados ejemplifican algunos de los actos u omisiones de los funcionarios encargados de los temas de bioseguridad de transgénicos y plaguicidas, por lo que Greenpeace considera que no es pertinente que el Dr. Sánchez Cruz permanezca como encargado de “garantizar” la sanidad agroalimentaria de este país pues al paso de tres sexenios en la administración federal se han fraguado una serie de complicidades entre los grandes intereses agroalimentarios que impiden que la agricultura ecológica, orgánica y campesina prospere en este país.

Tampoco debe ser ratificada en su cargo la Comisionada de Evidencia y Manejo de Riesgos, Rocío del Carmen Alatorre Eden-Wynter, de la Cofepris, por la pésima gestión de los PAP en México, quien ha dejado la responsabilidad de su buen uso y manejo a los trabajadores agrícolas”, señaló Maria Colin, Campañista legal de Greenpeace México.

“Tampoco deben continuar en sus cargos el MVZ Hugo Fragoso Sánchez, Director General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera; ni Silvia Elena Rojas Villegas, Directora de Inocuidad Agroalimentaria, Operación Orgánica y Plaguicidas de Uso Agrícola, ambos del Senasica, por ser cómplices de esta política que atenta contra la bioseguridad agrícola, la seguridad alimentaria, los derechos de las comunidades indígenas y el medio ambiente”, añadió Colin.

“Si el gobierno del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador quiere garantizar una política efectiva de protección de los maíces nativos y lograr la autosuficiencia alimentaria; además de impedir la ratificación de los funcionarios mencionados debe proponer modificaciones a la Ley de Bioseguridad para que se reconozca que todo el territorio mexicano es centro de origen y biodiversidad del maíz nativo; se  contemple el etiquetado de OGM para consumo humano, -un derecho vedado a los consumidores-,  y se flexibilicen los requisitos para poder decretar ZLOGM en nuestro país. Un primer paso debe ser el desistimiento de la controversia constitucional del gobierno de Peña Nieto al decreto de ZLOGM en el estado de Yucatán”, enfatizó Maria Colin.

Por último, Greenpeace demanda la cancelación progresiva de permisos y autorizaciones otorgados para la fabricación, venta e importación de plaguicidas altamente peligrosos, incluyendo los insecticidas conocidos como neonicotinoides que han sido prohibidos o restringidos en otros países por el daño que causan a las abejas, así como la cancelación inmediata de apoyos y subsidios gubernamentales a dicha clase de plaguicidas.