En el marco de la campaña “México al grito de Selva”, activistas de la organización ambientalista Greenpeace México realizaron una protesta la mañana de este lunes en la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en Cancún, con el objetivo de exigir al organismo que detenga  las autorizaciones para explotar  bancos de material pétreo en la selva maya, conocidos localmente como “sascaberas”. 

Entre estos, resaltaron la reciente autorización otorgada a CEMEX para deforestar y dinamitar cerca de 650 hectáreas de selva virgen en las inmediaciones de Tulum.  

Desde lo alto del edificio  al que escalaron  desde las primeras horas de la mañana, las personas activistas desplegaron una manta con el mensaje: “SEMARNAT: ¡No más Calicas en la Selva Maya!”,  haciendo referencia al modelo operado por Calizas Industriales del Carmen (Calica), filial de la estadounidense Vulcan Materials Company, que operaba en una zona que  fue declarada Área Natural Protegida en 2024 tras tres décadas de destrucción en Playa del Carmen.

La consigna desplegada responde a la alerta que hace Greenpeace sobre las sascaberas como origen de la devastación de la Selva Maya y la contaminación del acuífero.

A la vez que volcaron  material pétreo desde un camión frente a la entrada para evidenciar la explotación que la institución ambiental federal ha estado autorizando a escalas masivas. 

“Este modelo continúa expandiéndose por la península de Yucatán, actualmente, con permisos otorgados a otras empresas como Cemex y a la SEDENA.”, advirtió Carlos Samayoa, coordinador de la campaña México al grito de Selva en Greenpeace México.

Las sascaberas han devastado cerca de 10 mil hectáreas de selva, impulsadas por el crecimiento inmobiliario descontrolado asociado al turismo masivo y por obras de megaproyectos como el Tren Maya. 

“Estamos aquí porque no podemos seguir perdiendo nuestra selva a este ritmo alarmante. La Semarnat tiene que poner un alto de verdad a la depredación de la Selva Maya agudizada por las sascaberas que se valen de trascabos para arrancar árboles, y de dinamita para hacer estallar en pedazos miles de hectáreas de ecosistemas llenos de vida. Parecería que en lugar de terminar con esta devastación, sólo se nacionalizó, y ahora se está autorizando a trasnacionales mexicanas como Cemex a seguir ese modelo mortífero que debe ser detenido cuanto antes”, declaró Carlos Samayoa. 

Greenpeace señaló que si bien la SEMARNAT reconoció recientemente los graves impactos ambientales del Tren Maya a los ecosistemas de la selva, es necesario que dicha institución gubernamental abra sus puertas para trabajar en un plan detallado que culmine con la protección integral de la Selva Maya y su acuífero que conforma la reserva de agua más grande de México, concluyendo que estos ecosistemas representan un baluarte imprescindible frente a la crisis climática.

Primero Calica, ahora CEMEX

CEMEX busca  realizar cambios en el uso del suelo en terrenos forestales con la finalidad de iniciar la operación de un banco de materiales, el cual, según la propia Manifestación de Impacto Ambiental de la iniciativa, “permitirá abastecer de materiales pétreos para toda la región (…)  en específico para el desarrollo de proyectos como lo son el Tren Maya, las estaciones, la industria inmobiliaria y turística, entre otros.” 

Este hecho remite a las operaciones extractivistas que en su momento fueron impulsadas por la empresa Calica.Sus trabajos de extracción de piedra caliza fueron detenidos y su mina clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aduciendo grave daño ambiental, en 2022. 

Las alertas vuelven a encenderse, ahora bajo el protagonismo de CEMEX. Dentro de las advertencias que las organizaciones han hecho sobre los potenciales daños socioambientales que implicarían sus actividades de extracción de material rocoso -a través de la apertura de sascaberas-, destacan la afectación directa de los habitantes de la localidad de Francisco Uh May, comunidad maya que ha señalado que hasta ahora no han sido consultados de manera previa, libre ni informada. Además, su actuación también traería consecuencias graves para el sistema de ríos subterráneos que atraviesa el subsuelo del área propuesta por CEMEX para sus operaciones. De consumarse el proyecto de la cementera, sus trabajos se traducirían en el avasallamiento de 450 hectáreas que se sumarían a las casi 10 mil hectáreas de selva que ha sido talada para dar paso a bancos de material pétreo en la península, según datos de Cartocrítica.

“Necesitamos que los tomadores de decisiones, en sus diferentes niveles, pero sobre todo a escala federal, paren esta devastación, para lo cual tiene que haber medidas más ambiciosas de protección, tanto de lo que está arriba, en la superficie, como de lo que está abajo, en el subsuelo. Por eso es necesario que SEMARNAT nos escuche, pues pese a que cerraron Calica, el problema no ha terminado”, añadió.