Vecinos del pueblo de Cuautepec demandaron desde el mes de noviembre la protección de las autoridades federales mediante un juicio de amparo, por considerar ilegal e inconstitucional la forma arbitraria cómo el gobierno de la Ciudad de México está realizando las obras del Cablebús, al estimar que se han violentado sus derechos, por lo que las autoridades, si quieren continuar, deben generar una información clara y precisa al mayor número de personas que van a salir perjudicadas y, a partir de ahí, realizar la asamblea correspondiente para avalar o su proyecto.

El abogado José Antonio Ortega Barco, quien asesora a algunos vecinos que solicitaron ejercer su derecho de ampararse frente a los actos de la autoridad, dijo que el gobierno de la CDMX pretende cubrir esta parte importante del proceso, como son la garantía de audiencia y consulta, con una asamblea que fue ilegal y a destiempo, y porque con ella ahora se escudan de manera extemporánea en la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México.

Ortega Barco afirma que las autoridades demandadas como son la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; los titulares del Órgano Regulador del Transporte y las secretarías de Movilidad (SEMOVI) y de Obras y Servicios (SOBSE), respondieron que tienen el aval de los habitantes de Cuautepec mediante una consulta con el pueblo originario generada el 11 de septiembre pasado.

Sin embargo, la ley en la cual basan su argumentación fue aprobada el 26 de noviembre y hecha pública en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, apenas el 20 de diciembre pasado, tres meses después de dicha asamblea aprobatoria, por lo que “al invocar una ley que no estaba aprobada y publicada aún, es una aceptación de que están violando nuestros derechos”, relató el abogado.

“Están llevando a cabo obras sin otorgar la garantía de audiencia expresada en los artículos 14 y 16 en la Constitución; están imponiendo esa obra violando los derechos de posesión y de debido proceso de las personas que viven allí, independientemente que violan la ley y al día de hoy no han hecho lo que allí se dice, que es una consulta, ya que esa se debe hacer a partir del día en que la ley entró en vigor que fue el 20 de diciembre. No puede haber efectos retroactivos y utilizar una consulta que hicieron anteriormente”, expresó.

Lo que debieron hacer a partir del 20 de diciembre, dijo que abogado, es generar una información clara, precisa y al mayor número de personas que van a salir perjudicadas y de ahí realizar la asamblea correspondiente. Pero como no lo han hecho, están violentando las garantías constitucionales de los señores que se consideran pueblos originarios de Cuautepec.

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México han ofrecido como pruebas la reunión que realizaron el 11 de septiembre, donde sólo participaron 750 personas que, afirma el abogado Ortega Barco, no sólo no representan a Cuautepec, porque no estaba estipulada la consulta al pueblo originario, sino que fue una asamblea a mano alzada sin haber mediado un registro sobre quiénes si son parte del pueblo originario y quienes no, porque existe la certeza de los habitantes de Cuautepec de que quienes acudieron fueron acarreados de otras colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero y no del pueblo cuatepecense