Un análisis de imágenes satelitales presentado por diversas organizaciones civiles reveló un derrame de hidrocarburos de aproximadamente 50 kilómetros cuadrados en el Golfo de México, una superficie equivalente a más de mil veces la plancha del Zócalo capitalino.

La evidencia muestra que, a pesar de tener conocimiento temprano del incidente, las autoridades federales optaron por la opacidad y fallaron en contener la expansión del crudo.

Cronología de un desastre silenciado

De acuerdo con el monitoreo técnico, el vertido comenzó de forma moderada entre el 6 y el 10 de febrero cerca de la plataforma Abkatún, frente a las costas de Campeche. Sin embargo, a partir del 11 de febrero la descarga se intensificó drásticamente.

Para el 13 de febrero, las imágenes captaron al menos cinco embarcaciones realizando maniobras de contención, lo que confirma que el Gobierno Federal ya tenía conocimiento del siniestro. Pese a ello, no se emitió ninguna alerta pública, contraviniendo el Plan Nacional de Contingencia (PNC) vigente desde 2023.

Impacto ambiental y negligencia oficial

La mancha de crudo se mantuvo activa hasta el 17 de febrero, dispersándose posteriormente hacia las costas de Tabasco y Veracruz debido a las corrientes marinas. Las organizaciones denunciantes señalan tres fallas críticas en la respuesta oficial:

• Falta de notificación: No se informó a las comunidades costeras para tomar medidas preventivas.
• Omisión técnica: No se han publicado los Análisis de Beneficio Ambiental Neto (ABAN) ni los Mapas de Sensibilidad obligatorios para coordinar la respuesta.
• Responsabilidad oculta: A más de un mes del incidente, la identidad de la empresa responsable sigue sin revelarse, impidiendo la aplicación del principio «el que contamina paga».

Exigencias a las autoridades

El sector civil ha hecho un llamado urgente a la Secretaría de Marina (SEMAR), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la SEMARNAT para que expliquen por qué no se activó el Nivel 3 de respuesta ante la magnitud del desastre.

«Este nuevo derrame evidencia los riesgos inherentes a la extracción de hidrocarburos. La opacidad con la que se manejó este siniestro pone en duda la capacidad de respuesta ante futuros proyectos de exploración en aguas profundas», señalaron los colectivos.

Finalmente, las organizaciones insistieron en que estos eventos subrayan la urgencia de acelerar una transición energética justa que reduzca la dependencia de combustibles fósiles y proteja los ecosistemas costeros de México.