La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, ha sido enfática en la urgencia de que México abandone el modelo extractivo y avance hacia la sostenibilidad por el bienestar de todos.

Sin embargo, esto contrasta con las políticas de otros sectores de la misma administración federal, como el impulso a la industria minera a través de la Secretaría de Economía y del Plan México, y se suma la  intención de Pemex de incursionar en actividades mineras y otras “cadenas de valor distintas de los hidrocarburos”.

Durante la presentación de los foros de consulta para  elaborar el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena resaltó que “va a haber industrias que ya no van a caber en el futuro del país. Va a haber minería que ya no va a caber en el futuro del país”, y en la presentación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático reiteró que es necesario que “abandonemos ya el camino del extractivismo, vamos al camino de la sostenibilidad y de la igualdad para que todas y todos podamos realmente progresar”.

Es fundamental que el Gobierno federal alinee sus políticas e impulse los procesos necesarios para asegurar esa transición hacia la sustentabilidad y para detener la crisis ambiental que padece el país, como la acelerada pérdida de biodiversidad, la deforestación, la escasez de agua, la pérdida de suelos fértiles que ponen en predicamento la seguridad alimentaria y el derecho a un medio ambiente sano.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Colectiva Cambiémosla Ya, que ha impulsado cambios en la legislación para lograr una mejor regulación de la industria minera, que tantos impactos negativos ha causado al medioambiente, como el acaparamiento y contaminación de enormes volúmenes de agua y suelos, deforestación, despojo de tierras, entre otras; llama a prohibir la minería a cielo abierto, por ser una de las actividades extractivas más nocivas para el ambiente y violatoria de los derechos de las comunidades en donde se asienta..

La prohibición de la minería a cielo abierto es una promesa de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum, que inexplicablemente retiró de su agenda prioritaria, pero que es imperativo que impulse.

Una iniciativa enviada al Congreso en 2024 por el entonces presidente, Andrés Manual López Obrador, para prohibir la minería a cielo abierto y el fracking ya había sido aprobada en comisiones y estaba pendiente de ser votada, sin embargo ese proceso se estancó. De ahí que la presidenta se haya comprometido durante su campaña electoral a retomar ese proceso que seguimos esperando.

Para la Colectiva Cambiémosla Ya resulta extraño que la titular del ejecutivo federal haya retirado ese compromiso de su agenda y que desde su Secretaría de Economía se impulse a la industria minera y que anuncien sin pudor que colaboran estrechamente con la industria en la elaboración del reglamento de la Ley de Minería.

Esto genera incertidumbre entre las comunidades, porque están en posibilidad de diluir los logros en la regulación de esa industria alcanzados con la reforma al marco legal minero en 2023, entre los que destaca la obligatoriedad de realizar una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las comunidades y pueblos indígenas previo a la asignación de una concesión minera; la prohibición de otorgar concesiones mineras en zonas con escasez de agua; la prohibición de la minería submarina y en áreas naturales protegidas.

Preocupa, además, que una de las empresas del Estado que más impactos al ambiente genera, como Petróleos Mexicanos (PEMEX), ahora pretenda incursionar en otras actividades extractivas como la minería, como lo estableció la más reciente actualización de su Estatuto Orgánico, que entró en vigor este primero de junio, que refiere que la paraestatal incursionará en “cadenas de valor distintas de los hidrocarburos” como la extracción de minerales.

Con estas acciones, el propio gobierno se pone trabas para avanzar hacia la sostenibilidad, y los esfuerzos del sector ambiental se quedan en buenos deseos frenados por la propia administración federal.