Representantes de 15 comunidades indígenas nahuas y nuntajiyi’ de los municipios de Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan, ubicadas en la costa del Golfo de México y la laguna del Ostión, anunciaron que interpusieron un juicio de amparo contra la instalación del gasoducto marítimo “Puerta del Sureste”, impulsado por el gobierno federal.

En conferencia de prensa realizada el pasado 25 de junio en Coatzacoalcos, las comunidades inconformes informaron que la demanda fue presentada ante los Juzgados de Distrito de la ciudad, por violaciones a su derecho a la libre autodeterminación y por la falta de consulta e información pública adecuada sobre el proyecto que atraviesa su territorio marítimo o “maritorio”.

En el juicio, las comunidades indígenas señalaron como autoridades responsables a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Asimismo, solicitaron la suspensión de actividades del gasoducto hasta que se garantice el principio precautorio en materia ambiental y se compruebe científicamente que no habrá daños a los ecosistemas, a las fuentes de alimentación y a especies bajo protección especial.

Sin embargo, el pasado 28 de junio el Juzgado de Distrito desechó el juicio de amparo, sin entrar al fondo de los argumentos planteados por las comunidades, quienes señalaron que esta decisión vulnera su derecho de acceso a la justicia ambiental y desconoce sus formas de organización y toma de decisiones basadas en asambleas comunitarias.

Ante ello, el 7 de julio las comunidades interpusieron un recurso de queja para que un Tribunal Colegiado revise la resolución del Juzgado y, en su caso, ordene la admisión del amparo.

“¡No a los gasoductos en nuestros territorios! ¡Por un México sin fósiles! ¡Nuestra lucha seguirá: es por la vida!”, concluyeron en su comunicado.