Greenpeace México expresa su preocupación ante una decisión de arbitraje internacional que desacata completamente las decisiones tomadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de negar la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) al proyecto “Don Diego” en el Golfo de Ulloa, BCS bajo sólidos principios de protección ambiental, como lo es el principio precautorio, y en cambio privilegia intereses de empresas particulares en detrimento de la protección de los ecosistemas marinos de México.

La resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ordena al gobierno de México pagar una indemnización millonaria a la empresa Odyssey Marine Exploration, en el marco de un proceso de arbitraje internacional iniciado todavía en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por la doble negativa de la SEMARNAT de autorizar la MIA para su proyecto de minería submarina.

La minería submarina es una de las principales amenazas que enfrentan los océanos y su biodiversidad en la actualidad. De efectuarse proyectos como Don Diego, esta industria generaría impactos irreversibles en los ecosistemas del fondo marino.

Por ejemplo, las actividades de minería submarina provocarían contaminación acústica y lumínica, representando un grave riesgo para especies en peligro de extinción como las ballenas ya que el sonido de las máquinas mineras podría superponerse con la frecuencia que usan los cetáceos para comunicarse; además de remover directamente el hábitat de organismos del fondo marino. Los organismos de las profundidades marinas son frágiles y de crecimiento muy lento y, por lo tanto, es mucho menos probable que se recuperen de las perturbaciones ocasionadas por esta industria.

Al impactar en los procesos naturales que almacenan carbono, la minería submarina podría incluso empeorar el cambio climático al liberar carbono almacenado en sedimentos de aguas profundas o interrumpir estos procesos de almacenamiento de carbono.

Ante estas alertas es inadmisible que el CIADI otorgue la razón a una empresa que solo busca seguir enriqueciéndose a costa de la biodiversidad del planeta y  sienta un precedente muy negativo en la lucha de la sociedad civil contra esta incipiente industria. La minería submarina no es aceptable bajo ninguna circunstancia o condición. No hay lugar en un futuro sostenible para la minería submarina.