Con el objeto de inhibir y contener la tala clandestina, y por ende verificar la legalidad de la madera que se utiliza en el país, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)  instrumenta el Programa de Combate a la Tala Clandestina a nivel nacional, realizando acciones operativas que han permitido obtener resultados cualitativos y de alto impacto, principalmente en las 108 Zonas Críticas Forestales.

Durante el periodo de 2013-2018, ha realizado el aseguramiento de 174,014 m3 de madera.

El Programa se orienta principalmente a la inspección y vigilancia de la cadena productiva en materia forestal.

Se inspeccionan los aprovechamientos forestales con o sin autorización.

Se realiza la revisión puntual de la documentación que se utiliza para acreditar la legal procedencia de las materias primas forestales, a fin de evitar el lavado de madera basado en la reutilización de remisiones y reembarques forestales.

Para 2016 se autorizó el aprovechamiento de 19 millones 670 metros cúbicos de madera a nivel nacional y, de éstos, sólo se extrajeron 6.7 millones de metros cúbicos.

Durante el periodo de 2013 a 2018, la PROFEPA realizó: 21,138 inspecciones, de las cuales 8,739 (41.3%) fueron a predios;  5,763 (27.3%) a Centros de Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales; 5,744 (27.2%) a Cambios de Uso de Suelo y 892 (4.2%) a  empresas que aplican tratamientos fitosanitarios conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-144-SEMARNAT-2012; 10,900 recorridos de vigilancia y 1,477 operativos en materia forestal en el marco del Programa de Combate a la Tala Clandestina.

De las 8,739 visitas de inspección a predios con y sin autorización de aprovechamiento forestal, se impuso suspensión total a 523 predios.

Con estas acciones, se aseguraron 174,014 m3 de madera; 1,857 vehículos; 2,984 toneladas de carbón vegetal; 3,718 herramientas y equipos; se clausuraron 582 aserraderos y se ha puesto a disposición del Ministerio Público Federal a 411 personas.

La PROFEPA, en coordinación con el sector público y social, ha contribuido a reducir los índices de deforestación, ya que de acuerdo con la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA, por sus siglas en inglés), publicada cada cinco años por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la pérdida promedio anual de superficie forestal arbolada en nuestro país, pasó de 190 mil 400 hectáreas por año, en el periodo 1990 a 2000, a 91 mil 600 hectáreas en el periodo 2010 a 2015.

Conforme el FRA, la tasa de pérdida promedio anual en bosques y selvas de México, en el periodo 1990 a 2015, registró una disminución del 51 por ciento.

Durante la presentación de la Carta de Uso de Suelo y Vegetación Serie VI a cargo del INEGI (diciembre de 2017), de donde se desprenden diversas cifras obtenidas del análisis de imágenes de satélite obtenidas en un  periodo de 30 años, se reconoce que a partir de 2007 la tendencia negativa de deforestación se ha frenado, ya que la superficie de bosques muestra una tendencia a estabilizarse a nivel nacional.

La disminución de esta tasa de deforestación representa un logro relevante de la presente administración que obedece, entre otros factores, a la implementación de políticas públicas diseñadas para el combate frontal de la problemática de tala ilegal, como lo es el Programa de Combate a la Tala Clandestina a nivel nacional.

Se mantienen mecanismos de coordinación interinstitucional con cuerpos de seguridad de los 3 niveles de gobierno para realizar las acciones operativas, por lo que se recibe apoyo por parte de la SEMAR, SEDENA, PGR, Policía Federal, Policías Estatales y Municipales de las entidades, Autoridades ambientales de los Gobiernos de los Estados y, de manera especial, a partir del año 2016- por parte de la Misión Ambiental de la Gendarmería.

Actualmente, la PROFEPA instrumenta operativos nacionales y estratégicos en materia de recursos naturales, en las zonas o ecosistemas de alto valor y fuerte presión ambiental, a fin de disminuir el número de zonas críticas en materia de ilícitos forestales.

De igual forma, contribuye a reducir la excesiva capacidad instalada de aserrío, a fin de hacerla acorde al volumen de aprovechamiento autorizado y eliminar los aserraderos que operen fuera de la normatividad.

En la verificación de la cadena productiva forestal, es necesaria la concurrencia y participación de otras instancias con atribuciones para coadyuvar en la detección del flujo ilegal de materias primas forestales, que van desde los gobiernos de los estados así como dependencias del sector ambiental como SEMARNAT, CONAFOR, CONANP, CONAGUA, SAGARPA, hasta la propia población que habita los ecosistemas forestales que presentan este tipo de problemática, ya que se estima que se han expedido 11 millones de documentos forestales que requieren de vigilancia por todos los sectores donde se incluye al académico, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), para que coadyuven con el gobierno.

En la actual administración, se ha privilegiado fortalecer los esquemas de cooperación y transversalidad en la materia, lo que incrementará las capacidades potenciales para la detección oportuna del comercio ilegal de madera