La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Yucatán, en contra de quien o quienes resulten responsables por la muerte de un ejemplar de puma.

El 23 de abril, inspectores de la Profepa acudieron a un establecimiento ubicado en el Municipio Cacalchén, para investigar la muerte de un felino, publicada en redes sociales.

De acuerdo a los antecedentes originados de la visita de inspección realizada por esta Procuraduría en relación con dicho suceso, y toda vez que no se identificó al autor material del delito ya que los inspeccionados refieren que el ejemplar fue encontrado muerto posiblemente a causa de impactos de arma de fuego en un predio de la localidad de Ruinas de Ake en el Municipio de Tixkokob, para posteriormente ser abandonado en un sitio aledaño a un tramo carretero de Tixkokob-San Antonio Millet en el mismo municipio.

El 27 de abril la Profepa presentó ante la FGR denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables, por hechos constitutivos de delito tipificado en el artículo 420 III, IV y V del Código Penal Federal, a quienes realicen actividades de caza o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestres; a quien realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte, o dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas , se les impondrá una pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas se realicen en o afecten un Área Natural Protegida, o cuando se realicen con fines comerciales.