Greenpeace México, El Poder del Consumidor y Acción Ecológica, acompañadas por Fronteras Comunes y la Asociación Ecológica Santo Tomás, presentaron un nuevo juicio de amparo para que se obligue al Congreso de la Unión a legislar la prohibición general de los plásticos de un solo uso.

En agosto de 2022, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a empresas subsidiarias de Coca-Cola FEMSA (Propimex y Oxxo), contra la prohibición de plásticos de un solo uso en el estado de Oaxaca.

En su resolutivo, la Sala estableció que el estado de Oaxaca no cuenta con facultades para prohibir plásticos de un solo uso y determinó que sólo el Congreso de la Unión tiene esa facultad.

Ante este criterio de la Corte, el planteamiento de las organizaciones demandantes es que México enfrenta una grave omisión legislativa en proteger los derechos humanos afectados por el uso de plásticos de un solo uso, como son el derecho a un medio ambiente sano y a la salud.

Ha sido documentado por el Relator de las Naciones Unidas, Marcos Orellana, que los plásticos en todo su ciclo de vida están produciendo severos daños a la salud y ambiente del planeta y que actualmente los seres humanos comemos, bebemos y respiramos plástico.

En el reporte se habla de cómo nos encontramos inmersos en una crisis de los plásticos de alcance mundial ya que el planeta está contaminado por plásticos que contienen sustancias químicas nocivas para las personas y el medio ambiente, lo que pone en peligro el pleno disfrute de los derechos humanos de todos, por lo que las organizaciones consideran que ya es hora de que los gobiernos y las empresas asuman sus responsabilidades y aborden el problema mundial de los plásticos.

En el contexto del Día Mundial del Agua, las organizaciones firmantes invocan el Artículo 4to. consititucional para señalar el derecho que tenemos a una alimentación de calidad, a la protección de la salud, a un medio ambiente sano y al derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; derechos todos trastocados por la contaminación plástica.

Estudios destacan que la contaminación por plásticos en los ecosistemas acuáticos ha crecido considerablemente en los últimos años y que se prevé que se duplique para 2030, con consecuencias nefastas para la salud, la economía, la biodiversidad y el clima. De acuerdo a las Naciones Unidas, el 79% de los plásticos desechados acaban en vertederos y en el medio ambiente, desde donde llegan al mar y contaminan otros cuerpos de agua como ríos y lagos.

“Han sido más de tres años en los que nuestras organizaciones han buscado a las autoridades ambientales, Senado, Cámara de Diputados, SCJN, para incidir en este tema y no hemos sido escuchadas. Es urgente que se proteja la salud ambiental, se respete y fortalezca el derecho de los estados a legislar para proteger su ambiente y el país se sume a los esfuerzos mundiales para prohibir los plásticos de un solo uso, detener su producción, reducir los impactos en todo su ciclo de vida,  establecer esquemas de responsabilidad extendida del productor (REP) y terminar de una vez con las políticas de valorización de residuos y responsabilidad compartida,” señaló Marisa Jacott de Fronteras Comunes.

“Aún y cuando hay iniciativas de reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, éstas son insuficientes y ambiguas, que se prestan a diferentes interpretaciones. Necesitamos una legislación contundente, y clara, sin falsas soluciones como la incineración, que marque el inicio de verdaderas políticas públicas que solucionen el problema de la contaminación plástica” señaló Larisa de Orbe de la organización Acción Ecológica.

Ante la crisis global de los plásticos, el relator ha sostenido que es deber del Estado adoptar un enfoque de derechos humanos y prevenir la exposición a estos productos. “La medida óptima de prevención de la exposición, abierta tras los fallos de la Segunda Sala favorables a las empresas, es justamente legislar una prohibición general de los plásticos de un solo uso”, declaró el abogado que lleva la causa, Luis Miguel Cano.

“La segunda sala de la SCJN dio un paso hacia atrás al declarar como inconstitucional las prohibiciones de plásticos en Oaxaca, ya que ante la omisión del Congreso de la Unión, han sido los estados y algunos municipios los que han avanzado en medidas de prohibición de diversos productos plásticos. Ante esto, es imperativo que el Congreso legisle en la materia y haga suyos los avances dados por las autoridades locales, al mismo tiempo en que se le da la oportunidad de mejorar las disposiciones estatales prohibiendo productos plásticos no considerados hasta ahora, como envases y embalajes, sentando las bases para transitar hacia una economía circular basada en la reutilización y el refill, dejando fuera falsas soluciones como la valorización energética y el uso de desechables biodegradables o compostables que solo agravan más el problema, así como asignando responsabilidades claras y ambiciosas a las empresas contaminantes. Nuestro amparo busca contribuir a esto, ya que por años el Congreso ha sido omiso en cumplir con esta responsabilidad,” añadió Ornela Garelli, campañista de océanos sin plásticos de Greenpeace México.

El amparo presentado por las organizaciones ha sido admitido en un Juzgado de Distrito. Ahora se espera un fallo que obligue al Congreso de la Unión a emitir la prohibición general de plásticos de un solo uso, lo que representaría un paso en la lucha por detener el envenenamiento del mundo en general y de los mexicanos en particular.

Tanto los poderes Legislativo como Judicial y las autoridades ambientales no han demostrado hasta el momento ningún compromiso ni mucho menos acciones concretas para proteger la salud, el medio ambiente y los derechos constitucionales e internacionales que tenemos como ciudadanía. Este gobierno debe dejar de proteger a la industria y realizar los cambios necesarios para transitar hacia una economía libre de contaminación plástica.