Comunidades mayas de Campeche, reabrirán la  mesa de diálogo sobre la consulta indígena por la siembra de soya transgénica (solicitud de permiso 007-2012) hasta la siguiente administración de gobierno, debido a que las autoridades actuales no han dado las garantías para su realización y han incentivado la división entre los pobladores.

Durante la séptima sesión de consulta en la fase de acuerdos previos realizado el pasado 25 de agosto en el municipio de Hopelchén, el comité de enlace de comunidades mayas determinó que no existían condiciones de seguridad para llevar a cabo la reunión pues se registró la presencia del grupo de soyeros, que en ocasiones anteriores han propiciado conatos de enfrentamiento entre los asistentes.

Llama la atención que este grupo haya sido invitado por las dependencias encargadas para tratar asuntos de deforestación ilegal, cuando esas facultades le competen a la PROFEPA y PGR.

Los representantes de las comunidades mayas dieron lectura al pronunciamiento que a su vez es una petición de las comunidades para fomentar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de los programas que el gobierno pretende implementar en territorio maya

Las comunidades sesionaron fuera del recinto y reiteraron que Cibiogem y CDI no han cumplido con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y tampoco han  garantizado  la bioseguridad en la región al permitir la siembra, cosecha y comercialización de soya transgénica, al mismo tiempo que han violado e inclumplido  los acuerdos realizados con el pueblo maya.

“Es importante señalar que Cibiogem y CDI durante la fases informativas omitieron hablar sobre las afectaciones que causa el cultivo de soya transgénica y por el contrario se enfocaron en difundir sus virtudes omitiendo sus implicaciones y las violaciones al derecho al medio ambiente sano, por ejemplo en el ejido de Bolonchén durante la fase informativa llegaron diciendo que el glifosato era inocuo, cuando sabemos que fue declarado como probable cancerígeno” dijo Gustavo Huchín.

El permiso de la solicitud 007_2012 de Monsanto Comercial, S.A. de C.V. fue otorgado por SENASICA, el pasado 5 de junio de 2012 y revocado en todo el país por la misma dependencia el 16 de mayo de 2017 debido a la gran cantidad de pruebas de que no se cumplen con las condiciones de bioseguridad que se establecen en la ley para la liberación comercial de la semilla de soya transgénica.

“Las autoridades encargadas de llevar a cabo la consulta con comunidades indígenas deben  considerar todas las implicaciones sociales, económicas y culturales que este modelo de agricultura industrial acarrea en la región: deforestación, contaminación de agua con agroquímicos, muerte de abejas, contaminación de miel, además de daños a la salud y a la flora y fauna de la selva maya”, señaló María Colin, campañista legal de Greenpeace México.

Ante el jefe del área de participación y consulta de la CDI México, David Mendoza Gaitán, y Marco Antonio Ramírez, Subdirector de Desarrollo e Innovación Científica y Tecnológica de la CIBIOGEM, los representantes de las comunidades mayas dieron lectura al pronunciamiento que a su vez es una petición de las comunidades para fomentar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de los programas que el gobierno pretende implementar en territorio maya.

Hasta el momento CIBIOGEM y CDI han avanzado con todas las fases de consulta en el municipio de Bolonchén de Rejón en el municipio de Hopelchén, de la cual la dependencia ya notificó al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, Adrián Fernando Novelo Pérez, con fecha de 09 de julio de 2017 que en esa localidad  “se acordó no vender ni sembrar soya transgénica en el ejido“ cita el oficio enviado por la Secretaría Ejecutiva de CIBIOGEM doctora Sol Ortiz al Juez. Se desconoce el estatus de las localidades Dzibalchén, Vicente Guerrero (Iturbide) y del municipio de Tenabo, en donde también apresuraron el proceso.

A la sesión acudió Guillermo Casas, visitador adjunto de la CNDH, integrantes de de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como integrantes de la misión de observación de la consulta maya, representante de Greenpeace México y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

“Existe un rechazo generalizado hacia la siembra de soya transgénica y sus implicaciones a nuestra cultura, a nuestro ecosistema y a nuestra salud, las autoridades insisten en hablar sobre las bondades de la soya pero la agricultura industrial; para bien o para mal nos ha dejado una lección y fue la de organizarnos para ser parte de la toma de decisiones en nuestro territorio, ahora las comunidades ya trabajamos en una agenda de trabajo común entre ciudadanos y gobierno para que nuestra voz sea escuchada” refirió Leydy Pech.

Finalmente, el comité de enlace de los pueblos mayas expresó en el pronunciamiento que el gobierno de López Obrador debe marcar la diferencia y debe garantizar el bienestar de las comunidades por encima de los intereses de algunos cuantos. Nosotros podemos potenciar proyectos a través de nuestros conocimientos.

Hoy las economías de nuestros pueblos estarían mejor si se hubiera impulsado la apicultura y la producción de maíz en nuestro municipio en lugar de la soya transgénica. Viviríamos en un ambiente más sano, y con una economía más sana, con mejores relaciones entre nosotros. Quienes promueven la siembra de soya sólo ven las tierras, pero los territorios son más que tierras, son personas, animales, plantas, vidas y cultura.