Después de que  la Comisión Reguladora de Energía (CRE) anuló su Acuerdo A/065/2018, dando con ello una prórroga más a PEMEX para seguir incumpliendo con su obligación de distribuir diésel limpio en todo el país, el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire, aseguró que con esta nueva prórroga la CRE no sólo tolera, sino que instiga a que una vez más PEMEX le quede a deber a todas y todos los habitantes de este país los combustibles limpios que necesitamos para mejorar nuestra calidad del aire y por ende nuestra salud.

Stephan Brodziak, coordinador de la campaña de calidad del aire de El Poder del Consumidor, aseveró: “En un país donde al menos 17,700 muertes ocurren cada año por la contaminación del aire, no podemos debilitar las regulaciones que están encaminadas a proteger la salud de la población, la calidad del aire y el medio ambiente.”

Gisselle García, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C., señaló que: “Contar con diésel de ultra bajo azufre (DUBA) en todo el país es materia pendiente desde hace más de 10 años, concretamente desde que existía la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005. Desde entonces PEMEX en contubernio con las instancias gubernamentales del sector energético como SENER y la CRE han utilizado múltiples argumentos y artilugios legales para seguir distribuyendo diésel contaminante (de 500 partes por millón de azufre). Pensamos que con la publicación de la NOM-016-CRE-2016 esto cambiaría, pero no fue así”.

Esta situación pone en grave riesgo a la población expuesta a altas concentraciones de peligrosos contaminantes como el material particulado, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre. Además, la combustión de este tipo de combustible implica serios impactos al medio ambiente por las emisiones de carbono negro, también conocido como hollín, el cual es un potente Contaminante Climático de Vida Corta.

Ante la emergencia climática que estamos padeciendo en el planeta, ya reconocida como tal por el Senado Mexicano, resulta urgente tomar acciones orientadas a combatir los impactos del calentamiento global, a cuidar el medio ambiente y a proteger la salud de la población.

La importancia de contar con DUBA en todo el territorio nacional radica en que tiene considerablemente menos emisiones que el diésel de 500 ppm con que contamos actualmente y porque permite transitar a estándares más exigentes de control de emisiones de los vehículos que usan este combustible (EPA 2010 y EURO VI).

Cabe decir, que dichos estándares reducen en más de 99% las emisiones de material particulado. Estos estándares ya están mandatados por la NOM-044 relativa al control de emisiones de vehículos pesados, dicha norma oficial mexicana no puede ser correctamente implementada si no se cuenta con el DUBA en todo el país.

Víctor Alvarado, gerente de movilidad del El Poder del Consumidor, señaló: “La CRE está llevando a cabo acciones relajadas cuando se requieren de acciones radicales para mitigar los impactos al cambio climático y a la salud de las personas, por ejemplo, la flota de vehículos pesados de México se caracteriza por carecer de tecnologías limpias y al querer obligar a la industria de vehículos pesados la adopción de flotas eficientes y no contaminantes el tema se compromete puesto por la falta de DUBA. Como consecuencia de esta relajación tenemos operación flotas de vehículos pesados altamente contaminantes y por otro lado quien haya decidido renovar una flota, la vida útil de los motores se acorta, con lo que se encarece la operación.”

La lista de prórrogas a PEMEX es muy larga: en 2006, a través de la hoy incumplida NOM-086, se establecía la distribución del DUBA en todo el territorio nacional para septiembre de 2009.

Después, vino la NOM-EM-005 y finalmente con la NOM-016 parecía que por fin se cumpliría con el compromiso de tener DUBA en todo el país para el 1o de enero de 2019, pero no.

Después vino el acuerdo A/065/2018, en el que se excluía a la zona del Bajío de este combustible por su inviabilidad en términos de almacenamiento y distribución debido a la infraestructura de las refinerías de Tula y Salamanca, manteniendo dicha excepción se estableció el período del 1o de enero al 30 de junio para abastecer al resto del país.

 Al dejar sin efectos este último acuerdo se permite a PEMEX seguir distribuyendo un diésel altamente contaminante y de severos impactos para la salud y el medio ambiente.