Fotos: Tania Camacho 

A tres años de los lamentables hechos ocurridos en la colonia Narvarte, con el asesinato de Mile Virginia Martín, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, la defensora de derechos humanos Nadia Dominique Vera Pérez y el periodista Rubén Manuel Espinosa Becerril, reporteros marcharon y se plantaron frente a la Presidencia Municipal,  con una ofrenda simbólica y reprodujeron audios de entrevistas hechas a Nadia Vera y Rubén Espinosa, meses antes de su salida del estado por amenazas hechas por cuerpos policiales del estado.

Para llevar a cabo las diligencias pendientes, es indispensable que la autoridad continúe colaborando con las víctimas y sus representantes

Mientras amigos, colegas y familiares, siguen visibilizando esta falta de justicia a través del arte pintando murales, como parte de las actividades de este lamentable hecho.

Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hizo un llamado urgente a las autoridades involucradas para dar cumplimiento a cabalidad de la Recomendación 04/2017.

El 21 de junio del 2017, esta Comisión emitió dicho instrumento mediante el cual recomendaba a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ambos de la Ciudad de México, por las violaciones a los derechos humanos en contra de las víctimas y algunos de sus familiares.

Es importante señalar que a un año de la emisión de la Recomendación, se han llevado a cabo numerosas reuniones y mesas de trabajo con las víctimas, sus representantes y las autoridades recomendadas. Asimismo, la Comisión ha acompañado diversas diligencias ante la Fiscalía Central de Investigación para la Atención en Delito de Homicidio.

Por otra parte, desde el Programa de Lucha contra la Impunidad, se ha dado seguimiento a los procedimientos penales y administrativos en contra de servidores públicos y, como parte del seguimiento, se han revisado y analizado instrumentos normativos para la mejora de las investigaciones en este tipo de casos.

Si bien, se han establecido espacios de diálogo entre las víctimas, sus representantes y las autoridades, estas últimas no han logrado dar cumplimiento total a la mencionada Recomendación. Pese a los esfuerzos llevados a cabo durante el último año, los mismos aún resultan insuficientes.

Confiamos en que la PGJ-CDMX realice un acto de disculpa pública y una propuesta de indemnización acorde con los estándares internacionales en materia de reparación integral

Entre los grandes pendientes se encuentra la elaboración de un Plan Integral de Investigación que cuente con los mínimos estándares para identificar, delimitar y agotar las posibles líneas de investigación, así como una metodología adecuada para procesar y analizar la información que se va recabando, ya que a la fecha las diligencias no han servido para confirmar o desacreditar las diversas hipótesis ni las responsabilidades de los presuntos autores intelectuales.

Para llevar a cabo las diligencias pendientes, es indispensable que la autoridad continúe colaborando con las víctimas y sus representantes, se alleguen de expertos en materia de feminicidios, ataques a defensores y periodistas, así como de ampliar las investigaciones de cara a determinar las diversas líneas de investigación.

En relación con las investigaciones penales y administrativas en contra de servidores públicos involucrados con las violaciones a derechos humanos, es de particular preocupación confirmar que aún no hay ninguna persona investigada o sancionada por estos actos. Por el contrario, aquellas investigaciones que se iniciaron, fueron determinadas sin responsabilidad alguna.

Lo anterior ha permitido que el día de ayer se publicara en medios de comunicación nuevas imágenes e información relacionada con el caso, poniendo de manifiesto las consecuencias de la impunidad.

La Comisión ha acompañado diversas diligencias ante la Fiscalía Central de Investigación para la Atención en Delito de Homicidio

En otro contexto de suma relevancia, confiamos en que la PGJ-CDMX realice un acto de disculpa pública y una propuesta de indemnización acorde con los estándares internacionales en materia de reparación integral, mediante la cual se reconozcan los daños por cada uno de los derechos vulnerados y que fueron acreditados por esta Comisión, así como las pretensiones de las víctimas, la pertenencia a grupos en situación de riesgo y el impacto que la impunidad ha tenido sobre ellas, la cual continúa afectando su integridad física y psicológica.

Por todo ello, este Organismo Público Autónomo hace un atento llamado a la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, para que impulse y agote todas las medidas suficientes para cumplir a cabalidad con el instrumento recomendatorio. De lo contrario, estaremos frente a un escenario de mayor vulneración y revictimización de cada una de las personas agraviadas, a quienes desde hace tres años se les privó del libre ejercicio de sus derechos humanos.