A un año de la publicación en el DOF de la nueva Ley de Minería (Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y General de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua), la Colectiva Cambiémosla Ya llama a consolidar los avances y no permitir la interferencia corporativa en la regulación de la minería.

La Ley de Minería es un logro muy importante, porque le da a pueblos y comunidades y a la Nación herramientas para defender el territorio y detener el despojo de tierras y recursos naturales que de manera sistemática permitía la Ley Minera de 1992.

Es preocupante, sin embargo, ver en estos momentos cómo los distintos actores políticos −Suprema Corte, candidaturas presidenciales, Congreso y Secretaría de Economía− con sus acciones podrían socavar los avances. La Colectiva Cambiémosla Ya llama a no hacerlo y pide que cuando tomen decisiones sobre minería recuerden el dolor, la violencia, la contaminación, la descomposición social, el saqueo que esta actividad deja en los territorios a cambio de migajas para las finanzas públicas. No regresemos a ese lugar. Exigimos que se cumpla con la reglamentación de las reformas de manera inmediata y reiteramos el llamado a consolidar los avances, defender la Constitución, proteger los derechos de los pueblos y los bienes naturales y minerales de nuestra nación.

1. Suprema Corte de Justicia de la Nación Llamamos a las ministras y ministros de la Corte, en particular al ministro instructor Alberto Pérez Dayán, a privilegiar en su proyecto de resolución los aspectos sustanciales vinculados a la protección de los derechos, en el expediente 129/2023, que se refiere a la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Minería .

La SCJN tiene una oportunidad histórica para optar por preservar el contenido y la sustancia de una ley que apela a la progresividad de los derechos y a generar condiciones de justicia social en favor todas y todos aquellos activistas, personas defensoras ambientales, pueblos y comunidades que se han defendido durante años de la Ley Minera. Ministros, ministras, digan sí a más derechos, más justicia y más protección del medio ambiente y a salvaguardar la Constitución.

2. Candidatas y candidato a la presidencia Son preocupantes:

– Las desafortunadas declaraciones de la candidata Xóchitl Gálvez en el sentido de no “satanizar a la minería”, cuando de lo que se trata de regularla, minimizar sus impactos y poner en primer lugar los derechos de pueblos y comunidades, no los privilegios de ese sector.

– No hay un “impuesto verde” que compense los tremendos impactos que los proyectos mineros han dejado a lo largo y ancho del territorio. Proponer  cobrar por los daños ambientales y sociales, como hace el candidato Jorge Álvarez Máynez, es pretender ponerle precio a la naturaleza y a la vida y ofrecerlas al mejor postor.

– Las reuniones a modo, organizadas por quien se dice enlace de medio ambiente de la candidata Claudia Sheinbaum, con la industria minera: abogados, cabilderos e integrantes tanto de la Cámara Minera como de empresas como Grupo México y algunas organizaciones civiles convocadas con poca claridad, en el tenor de que la Ley vigente se va a desechar y entonces hay que hacer otra, de la mano de la industria a la que hay que regular. ¿Qué tipo de ley se pretende? ¿Una que regrese los privilegios y legalice nuevamente los enormes abusos cometidos durante décadas?

¿Realmente creen que de la mano de esta industria que paga impuestos minúsculos, no reporta el volumen de los minerales que extrae, que ha utilizado y contaminado enormes volúmenes de agua en zonas áridas sin reportarla ni pagarla, que se niega a ejecutar planes de cierre y post cierre de minas, que es la primera causante de conflictos socioambientales en México, se va a lograr una ley progresista, que ponga en primer lugar los derechos humanos y el ambiente?

Repudiamos las reuniones de los equipos de campaña de las candidaturas con las empresas mineras que les facilitan captura y la interferencia en las regulaciones para la protección del medio ambiente y de los derechos humanos y colectivos de las comunidades y pueblos.

3. Reglamento con medio año de retraso

La Secretaría de Economía no ha cumplido con su tarea de desarrollar el reglamento para acompañar la entrada en vigor del Ley y establecer los detalles de su correcta aplicación; tenía 180 días para hacerlo, hoy han transcurrido 365 días, el retraso no se justifica. Le llamamos a actuar con diligencia. El reglamento debe establecer con claridad las obligaciones derivadas de las concesiones mineras vigentes, otorgadas previo a la aprobación de la Ley de Minería de 2023. Pedimos su inmediata publicación.

La Colectiva Cambiémosla Ya seguiremos defendiendo los avances en la Ley de Minería que hemos logrado, tales como que la minería ya no sea una actividad preferente; que las empresas presenten sus planes de cierre y post cierre de minas; que sea obligatorio consultar de manera previa, libre e informada para eventualmente obtener el consentimiento de las comunidades y pueblos donde se pretenda explorar o explotar una mina, entre otros.

Sea cual fuere el resultado de las elecciones del 2 de junio, seguiremos impulsando las reformas a la Ley de Minería que quedaron pendientes.