“La Ley Minera expedida en 1992 estuvo diseñada para proteger y garantizar los intereses de las empresas privadas, nacionales y extranjeras, para obtener concesiones sin que importaran los derechos del pueblo de México (…). La ley y las reformas han promovido una orientación economicista a favor de las grandes empresas mineras, tanto nacionales como transnacionales en demérito de los derechos fundamentales de los mexicanos  –principalmente de las comunidades indígenas y de los núcleos de población agrarios, así como de la protección del medio ambiente– (…). Los fines vigentes de la Ley Minera no son conciliables con la Constitución ni con los tratados internacionales en materia de derechos humanos”^[1].

Estos son algunos de los planteamientos incluidos en la exposición de motivos de la iniciativa de modificación a la Ley Minera presentada ayer por el Titular del Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Quienes integramos la Colectiva Cambiémosla Ya –comunidades, organizaciones y academia- coincidimos con este análisis. Así lo hemos venido denunciando y señalando que la Ley Minera vigente se aprobó en 1992 como parte de un marco jurídico creado para facilitar la entrada de las empresas a los territorios para la explotación de los bienes naturales del país. Desde su emisión, la Ley contiene diversos artículos que violan de manera directa derechos reconocidos por el Estado Mexicano a las comunidades y a la población, que han sido una de las causas estructurales de los conflictos socioambientales que se viven actualmente.

Desde hace más de dos años, hemos venido impulsando una reforma profunda a dicha ley, que ponga en el centro los derechos humanos y colectivos de pueblos y comunidades, entre ellos el de la libre determinación y autonomía. 

Vemos positivo que desde el Poder Ejecutivo se busque poner un freno al despojo de los territorios y a los privilegios de las empresas mineras. Sin embargo, la propuesta de modificación enviada por el Ejecutivo y aprobada en votación en la Cámara de Diputados es muy limitada, pues no corrige  el contenido violatorio de los artículos que han posibilitado la entrega de los territorios a los privados y las sistemáticas violaciones de derechos en contra de pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables, así como contra los núcleos agrarios.

Desde #CambiémoslaYa y desde la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía (ALDEA) llamamos a incorporar los siguientes cambios en la propuesta del Ejecutivo, de modo que la ley realmente garantice los derechos de las comunidades y de sus integrantes, y se ponga un alto a los abusos que el marco jurídico permite:

1.   Eliminar  el carácter de utilidad pública  y de preferencia de las actividades mineras. La actual iniciativa del Ejecutivo no debe dar este mismo carácter al litio, porque posibilitará que se priorice la minería de litio por encima de las actividades que realizan las comunidades en sus territorios.

2.   Hacer efectivo el derecho a decidir de las comunidades y pueblos respecto del otorgamiento de concesiones mineras en sus territorios.

3.   Cambiar el esquema y régimen abusivos de las concesiones.

4.   Quitar los privilegios de acceso a la tierra y al agua que se otorgan a las empresas.

5.   Blindar Áreas Naturales Protegidas, sitios sagrados, arqueológicos y Ramsar. Prohibir la minería de metales preciosos con las técnicas de tajo a cielo abierto, así como el uso de cianuro y mercurio en los procesos de lixiviación.

6.   Que las empresas mineras transparenten la información relacionada con su actividad, incluyendo lo relativo a sus estados financieros.

Es urgente que el Estado Mexicano atienda de fondo las discriminaciones estructurales, cumpla con sus obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos humanos, y revierta el desequilibrio de poder entre el sector extractivo y la sociedad.

#CambiémoslaYa reúne a pueblos, comunidades, organizaciones civiles, movimientos, personas académicas, defensoras de la tierra y el territorio. Entre sus integrantes están: CartoCrítica; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Comités de Cuenca del Río Sonora; Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible; Educa; Engenera; Fundación Heinrich Böll; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Iniciativa Sinaloa; Movimiento Atzin No a la Minería, Movimiento Morelense contra la Minería Tóxica; Organización Familia Pasta de Conchos; Oxfam México; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación y personas académicas de la UIA, la UAM y la UNAM y comunidades de Sonora, Morelos, Puebla y Baja California Sur.

La ALDEA (Alianza por la Libre Determinación y Autonomía) está conformada por pueblos, comunidades y organizaciones indígenas y campesinas de más de 13 estados de la República que luchan por la autonomía, la defensa de la vida y la madre tierra.

^[1] https://presidente.gob.mx/presidente-envia-iniciativa-de-reforma-a-la-ley-minera-para-resguardar-litio/.