Instituto de Recursos Mundiales México (WRI Mexico, por sus siglas en inglés), en conjunto con la Plataforma México, Clima y Energía; la revista Energía a Debate; la Global Alliance for Building Construction México, la Asociación Mexicana del Edificio Inteligente y Sustentable A.C. y el MIT Sloan Management Review Mexico , arrancaron la Semana de la energía de la iniciativa Revolución Sostenible con un panel que tuvo como tema central conocer las oportunidades para la transición energética justa en México en el contexto de las crisis sanitaria, económica y climática globales.

La sesión magistral inició con una breve presentación realizada por Andrés Flores, director de Cambio Climático y Energía de WRI México, y contó con la moderación de Adrián Fernández, director de la Iniciativa Climática de México (ICM).

Alfonso Blanco, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, expuso el panorama del sector energético en América Latina y el Caribe. El especialista celebró la capacidad de energía instalada de la región, y que las energías renovables representan un 25% de la oferta de energía primaria, un número muy por encima del promedio mundial, que ronda entre el 10% y el 11%.

“En México la situación es muy distinta, pues la participación de las energías renovables está muy por debajo del promedio regional”, dijo.

Blanco afirmó que la crisis desatada por la pandemia del COVID-19 tuvo un efecto profundo en la mayoría de los sectores, y que se trata de una crisis de oferta y de demanda simultáneamente, una situación que no se observaba desde 1929. Ante ese escenario, dijo, observaremos un potencial encarecimiento de la deuda pública de los países de la región en el corto y mediano plazo, lo cual incide en el desarrollo de las energías renovables no convencionales.

“Es probable que los patrones de consumo en una nueva normalidad estén más orientados a factores como la salud de las personas y el cuidado del medioambiente. Posiblemente los consumidores demanden productos de mejor desempeño energético, energía de origen renovable y el establecimiento de políticas más activas para actuar ante el cambio climático”, consideró Blanco.

El secretario ejecutivo de la OLADE destacó que es necesario implementar políticas públicas que levanten las barreras para el establecimiento de ecosistemas que propicien el desarrollo de negocios vinculados a las energías renovables, la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Xóchitl Gálvez, integrante de la Comisión del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de la Comisión de Energía del Senado de la República, habló del reto político que enfrenta México para lograr una transición energética.

La Senadora explicó que haber atentado contra la biodiversidad ocasionó que virus como el nuevo coronavirus se propaguen, y que con el tiempo seguramente habrá otros, por lo que la experiencia nos deja una reflexión sobre la importancia de reducir los contaminantes.

Gálvez critico que muchos políticos creen que lo único valioso es el llamado oro negro, y que no se dan cuenta que la transición energética tiene que ver con usar otros recursos que México, dijo, afortunadamente sí tiene.

“México tomó una pésima decisión al usar la crisis del COVID-19 como pretexto para sacar a la mala a las energías renovables. Puso una serie de trabas para que las nuevas plantas entraran a la matriz energética, y era al contrario, había que aprovechar que había una reducción del consumo y que México tiene una política de usar las energías más baratas primero, y primero iban las renovables.

“Venimos de una política totalmente ideológica. El Presidente se quedó en los años 70, y empezamos a producir petróleo perdiendo dinero”, dijo.

La Senadora llamó a que México honre sus compromisos adoptados en el TMEC y crear una matriz de energía basada en energías limpias, y a respetar las leyes en la materia.

“En México nos espera una gran lucha para por lo menos llegar al 35% de energías limpias”, consideró.

Por último, Katya Puga, consultora e investigadora en I+D+P, Investigación, Desarrollo y Participación Consultoría, habló de la oportunidad que se abre con una transición energética para una recuperación más justa y equitativa.

La experta expuso que la pandemia misma ha tenido un impacto desigual en la población, puesto que, en el caso de México, el perfil sociodemográfico de las personas que han muerto por COVID-19 así lo demuestra. Según datos de CRIM, 71% de los fallecidos sólo contaba con escolaridad primaria o inferior, y 35% realizaba un trabajo no remunerado, un trabajo en el hogar, o se dedicaba a la venta y trabajo ambulante.

Puga también citó datos del INEGI de abril que señalan que se perdieron 2.1 millones de empleos formales y 10.4 millones de empleos informales, y datos del EDF que destacan la vulnerabilidad de las poblaciones en virtud de la relación entre contaminación del aire asociada a los combustibles fósiles y las enfermedades crónico-degenerativas.

“En el contexto de la crisis sanitaria, muchos países han basado sus planes de recuperación en sectores que puedan generar empleos, crear valor local y generar beneficios ambientales, y en ese sentido reconocen el potencial de la transición energética para esto”, dijo.

Entre las propuestas para la región mencionó que se tiene que luchar por la adopción del Acuerdo de Escazú, fortalecer los procedimientos de planeación territorial como las evaluaciones ambientales estratégicas, admitir que las comunidades tienen derechos preferentes en los procesos de consulta y fortalecer los procedimientos y mecanismos para garantizar el derecho humano de las personas a participar en la toma de decisiones en energía.

La Semana de la energía está enmarcada dentro de la iniciativa Revolución Sostenible: diálogos para la recuperación, la resiliencia y la equidad, la cual pretende generar una conversación multisectorial hacia una recuperación pospandémica que nos lleve a una sociedad más resiliente a desastres y enfermedades, más justa y equitativa y cuidadosa del medio ambiente.

Revolución  Sostenible es una iniciativa de WRI México y las organizaciones aliadas Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Embajada Británica en México, la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ), la Iniciativa Climática de México (ICM), The Climate Reality Project América Latina, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).