por Eva Cajigas

Según informaron las fuentes periodísticas locales, el coto de caza Punta Caballo de la empresa JRF Agro SRL no contaba con habilitación para caza mayor y los cazadores no tenían autorización provincial para practicarla. Se investigan otras irregularidades.

En octubre pasado, las ONG entrerrianas Conciencia Animal y Ecoguay presentaron una denuncia penal ante la justicia por el escandaloso caso del cazador mexicano Mario Alberto Canales Najar, presidente de la Federación Mexicana de Caza y Tiro, quien murió embestido por un búfalo al que intentaba matar en un coto de caza argentino de sospechozas condiciones legales.

Según la fuente, desde la Dirección General de Fiscalización de la Provincia a cargo de Juan Manzur se aportó documentación que indica que los tres cazadores mexicanos -Canales Majar, Franco Fernández y Esteban González- solo contaban con permiso para practicar caza menor y que el coto de caza tampoco estaba habilitado para ejercer dicha actividad (caza mayor).

Más que un hombre y un búfalo. Impunidad de los cotos de caza

La investigación destapa la absoluta impunidad con la que operan los cotos de caza en Argentina y la incapacidad del Estado para fiscalizar y controlar a estos establecimientos. Además, reabre el debate de si se debe seguir permitiendo la práctica de una actividad tan cruel, violenta e irresponsable que sigue destruyendo nuestro patrimonio natural para beneficio económico de unos pocos.

En cuanto al avance de las investigaciones, se estima que con el correr del año judicial comiencen a tramitarse los oficios para averiguar sobre las demás autorizaciones con que debían contar tanto los cazadores como el coto y el propietario del predio donde se alojaron. Entre ellas, la autorización para la posesión de un arsenal de armas y municiones con que contaba el coto.

Ecoportal.net

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