México se encuentra contra la pared en el tema del maíz, luego de que el gobierno de Estados Unidos recurrió al panel de controversias en el marco del capítulo 9 del T-MEC para enfrentar el decreto que emitió el gobierno de nuestro país, y que impone restricciones a la importación del maíz genéticamente modificado, así como al uso del glifosato.

Este escenario se complicó más con la reciente decisión de Canadá de sumarse al panel de controversias. Al igual que Estados Unidos, el gobierno de Justin Trudeau afirma que las restricciones impuestas por México carecen de base científica y afectan el comercio en el marco del T-MEC.

Esta situación se originó por la inconsciencia ideológica de funcionarios radicales de la administración federal, así lo aseguró el presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC), Luis Eduardo González Cepeda, luego de señalar que este panel, conformado por especialistas mexicanos, no podrá comprobar científicamente que el consumo del maíz transgénico o sus derivados ocasionan daño a la salud, ya que estos productos se han estado consumiendo en México desde hace más de 25 años.

Asimismo, explicó que de reducirse la importación de maíz transgénico procedente de Estados Unidos se dañará a la economía nacional, y se afectará gravemente al bolsillo de todos los mexicanos, porque ese grano es el insumo principal de los productores ganaderos y avícolas; lo que ocasionaría que todos los alimentos aumenten de precio; en primera instancia, carne de res, puerco, pollo, huevo, leche y sus derivados.

En entrevista, el especialista en protección de cultivos señaló que se ve muy complicado que México reduzca la importación de maíz procedente de Estados Unidos, ya que lejos de reducir las compras al extranjero, México cada vez depende más de ellas, al grado de que en los primeros seis meses del año el valor de las importaciones llegó a los tres mil 229 millones de dólares, en comparación con los dos mil 792 millones de dólares del primer semestre del 2022, según cifras del Sistema de Información Económica del Banco de México.

 Lo anterior significa que la socorrida autosuficiencia alimentaria a la que se intenta llegar con las prácticas milenarias que se citan por los funcionarios radicales de la administración, no están dando los resultados que manifiestan en su discurso.

Luis Eduardo González explicó, que las importaciones representan un incremento de 437 millones de dólares, sólo en la compra de maíz grano, sin tomar en cuenta las compras de productos derivados del maíz como endulzantes o harinas finas para repostería, entre otros productos.

La postura ideológica del ala radical que se encuentra dentro de la administración federal, es el mayor obstáculo para el desarrollo del sector rural del país, porque lejos de impulsar el desarrollo de la ciencia para incrementar la productividad, enarbolan banderas que no tienen nada que ver con el desarrollo científico y sí, con ideales que quedaron rebasados hace más de 20 años.

Ejemplo de ello, es la oposición que están ejerciendo contra el glifosato, sin tener en cuenta que estudios recientes realizados en Europa, determinaron que este herbicida no representa ningún riesgo para la salud, es decir, no es cancerígeno.

Sin embargo, “el ala radical de esta administración, porque no es todo el gobierno, tomó al glifosato como bandera, ligándolo con el maíz transgénico, sin importarles que es una herramienta tecnológica que actualmente ayuda a los campesinos y es el herbicida más eficiente que se tiene hasta el momento”.

El decreto emitido por el gobierno puso contra la pared a todas las ramas productivas, porque no sólo se tendrá que importar más maíz, ya que parte de la producción de maíz blanco se tendrá que destinar a la industria pecuaria, sino que además sin el glifosato los cultivos podrían bajar su productividad hasta en un cuarenta por ciento, debido a que no se podrán combatir las malezas que los dañan.

Asimismo, agregó que, con esta medida, como ya está sucediendo actualmente, por falta de vigilancia de las autoridades responsables, va a seguir aumentando considerablemente el tráfico de productos ilegales agrícolas en el mercado, con los consecuentes riesgos a la salud humana, medio ambiente y producción agrícola, y en el mejor de los casos, los costos de producción se verán incrementados porque se tendrán que pagar jornales para quitar las malezas.

Enfatizó que el decreto que prohibirá el uso del glifosato a principios del próximo año debe modificarse.  El gobierno debe tomar conciencia de que esta herramienta es de suma importancia no sólo para la producción extensiva del grano como se hace en Sinaloa y otras partes del norte y centro de México, sino para la siembra de autoconsumo y regional del sureste del país.