El pasado 12 de diciembre se celebró el quinto aniversario del Acuerdo de París, derivado de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), en el que se estableció la meta global de estabilizar emisiones de gases de efecto invernadero para evitar un aumento de 2o C e idealmente de 1.5o C en la temperatura planetaria.

Para celebrar dicho aniversario, la Presidencia de la COP 26, encabezada por el Reino Unido, llamó a la Cumbre de Ambición Climática para invitar a los países de la Convención a anunciar sus nuevas metas en materia de reducción de emisiones principalmente.

Algunos países de América Latina que presentaron nuevas metas fueron Argentina, Colombia, además de la reafirmación de los compromisos presentados por Costa Rica, evento en el que México brilló por su ausencia.

 Por otra parte, en el contexto nacional, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), se reunió el día de ayer para aprobar la nueva Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés) y el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), éste último con un año de retraso. Para alarma de organizaciones de la sociedad civil y para la decepción de la comunidad internacional, México NO anunció nuevas metas o metas más ambiciosas, sino que “reafirmó” las metas que estableció hace 5 años, esto es, reducir 22% de gases de efecto invernadero y 51% de carbono negro.

Lo anterior, no sólo deja ver la falta de ambición y compromiso que México tiene ante la emergencia climática actual y su responsabilidad como uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero, sino que también constituye un enorme retroceso en materia de cambio climático, ya que se viola el principio de progresividad estipulado en el Acuerdo de París, reconocido también en nuestro marco constitucional, y razón por la cual precisamente se crearon los ciclos de revisión de las NDCs cada 5 años.

Todo lo anterior, sin dejar de mencionar la falta de cumplimiento al marco legal existente a nivel nacional en la materia Ley General de Cambio Climático (LGCC)), además de que México estará fuera de la posibilidad de contribuir con la estabilización de 2oC de temperatura y mucho más lejos de los 1.5o C, obligación derivada de la LGCC, que incorpora el contenido del Acuerdo de París ratificado por México.

A este contexto se suman acciones como la extinción del Fondo para el Cambio Climático; la reducción en la asignación de presupuesto para el Anexo Transversal en materia de mitigación y adaptación al cambio climático -que para 2021 representa solo el 1.1% del presupuesto total de país, del cual 75.3% se destina a transporte de gas natural, lo que impacta negativamente en el cambio climático-; y el impulso de la política energética basada en fuentes fósiles en detrimento de la transición energética justa, fin al que se dirige 11.6% de los recursos del presupuesto de egresos de la federación del próximo año.

En este escenario, México deja de estar en la línea frontal de combate al cambio climático y se convierte en uno de los países con NULA ambición, poniendo en riesgo el cumplimiento de derechos humanos de su población presente y futura.

Aunado a ello, nuestro país no ha presentado una propuesta para dar cumplimiento a los laxos compromisos que actualmente tiene, poniendo todo su esfuerzo y recursos en acciones y políticas contrarias a ellos.

La situación anteriormente expuesta, confirma la falta de interés del gobierno mexicano en la agenda climática y la falta de responsabilidad ante los impactos que el propio país está viviendo a causa de huracanes como ETA, el cual afectó severamente a regiones aledañas, así como al sur del país y que, paradójicamente, amenaza la propia infraestructura de la Refinería 2 Bocas, proyecto energético prioritario del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto evidencia la gran vulnerabilidad frente al cambio climático a la que están expuestos el territorio nacional, el medio ambiente, la economía y las personas en México.

Con este tipo de acciones, el gobierno de México adquiere una deuda climática histórica con toda su población; particularmente, con la juventud y la niñez de este país, las poblaciones vulnerables y los pueblos indígenas, quienes son los más afectados por los efectos del cambio climático y ante los cuales no ha habido una respuesta oportuna y eficaz.