Graves e irreparables violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos, a los derechos indígenas y a los derechos de la naturaleza: estos son los hallazgos de la “Misión Civil de Observación sobre impactos y afectaciones del proyecto Tren Maya en los estados de Quintana Roo y Campeche (Tramos 5, 6 y 7)”, cuyo informe fue presentado el martes 25 de noviembre en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro de la CDMX.

Dicho informe es resultado de un recorrido realizado en abril pasado por organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, y personas investigadoras académicas para documentar de manera directa las transformaciones en los territorios de comunidades indígenas y locales por la construcción y operación del megaproyecto ferroviario.

Con indignación y tristeza, habitantes de los territorios visitados señalaron la opacidad e impunidad en el actuar de empresas constructoras y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) frente a las afectaciones socioambientales provocadas por la obra que sigue en expansión.

Académicos de la UNAM, la UAM y el INAH, así como el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos acompañaron como observadores el recorrido. La Misión dio seguimiento al Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, caso Tren Maya, celebrado en mayo de 2023, en Valladolid, Yucatán.

El informe, elaborado por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, el Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on (organizaciones de base participantes del Congreso Nacional Indígena), Cenotes Urbanos, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, los centros de derechos humanos Frayba y Kanan, Greenpeace México, Jaltun, OLAG, OMAL y Terravida, ofrece un diagnóstico actualizado, agudo y alarmante que ratifica la sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza de 2023, mediante la cual se advirtió el carácter etnocida y ecocida del megaproyecto Tren Maya.

La presencia de las Fuerzas Armadas en la región —en estaciones, hoteles, caminos, bancos de materiales, parques, zonas arqueológicas, e incluso escuelas— ha instaurado un clima de miedo e indefensión.

Testimonios recabados por la Misión Civil de Observación refieren abusos de poder, daños a parcelas y tierras comunales, explotación de fuentes de agua y cercamiento de espacios públicos. Habitantes denunciaron que no existen canales efectivos para exigir reparación o atención a los daños causados por personal militar, lo que, según las organizaciones, ha consolidado una autoridad paralela que desplaza a las instancias civiles.

Otro de los puntos críticos que presenta el informe es el incremento de violencias criminales e institucionales. En los tramos del sur, donde antes predominaban territorios rurales con bajo índice delictivo, arrecian las violencias vinculadas a la expansión de economías ilegales. Las disputas criminales, antes concentradas en polos turísticos como Cancún y Playa del Carmen, hoy alcanzan los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco. La ocupación militar ha incrementado la percepción de inseguridad e impunidad, explican las organizaciones.

En el aspecto ecológico denuncian que la construcción del megaproyecto, así como las obras paralelas impulsadas, han generado una extendida e irreversible degradación ambiental: deforestación de más de 11 000  hectáreas de selva, fragmentación de ecosistemas, perforación y destrucción de cenotes y cavernas, alteración de humedales, contaminación del acuífero y pérdida de hábitat de especies emblemáticas ya son visibles en los tres tramos evaluados sin que se haya realizado ninguna acción de mitigación. La actuación irresponsable de la Sedena y la omisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarant), ha sido evidente.

A ello se suma la expansión inmobiliaria y turística que el propio tren ha detonado. Esa expansión está acelerando los procesos de privatización de las tierras ejidales, mediante dinámicas especulativas que han disparado el valor de la tierra en zonas aledañas a la vía, generado presión y dificultades en los ejidos. Asimismo, se ha registrado un aumento de asentamientos irregulares y desarrollos turísticos sin permisos ambientales ni urbanos.

La Misión Civil de Observación también constató que los mecanismos empleados para exigir justicia, principalmente el juicio de amparo, han sido insuficientes. Más de 50 demandas de amparo interpuestas desde 2020 no lograron detener daños ni modificar el curso del megaproyecto, mientras medidas cautelares ordenadas por juzgados federales fueron desacatadas por el gobierno.

La obra en su totalidad se construyó violando la normatividad ambiental vigente en México y acuerdos internacionales, blindándose con decretos presidenciales que declararon el Tren Maya como un proyecto de “seguridad nacional”. La reciente reforma judicial, apuntan, ha debilitado aún más la imparcialidad del sistema jurídico frente a megaproyectos de carácter estatal y militar.

Pese al escenario adverso, el informe subraya que persiste un tejido social activo. Colectivos comunitarios, asambleas ejidales, redes de científicos y organizaciones locales continúan articulando acciones sociales y legales para defender los territorios, y derechos humanos y de la naturaleza. Según el documento, estas expresiones de organización representan uno de los principales contrapesos ciudadanos frente a los efectos agravados del megaproyecto.

Las organizaciones convocantes demandan a las autoridades federales asumir con urgencia las responsabilidades ambientales, sociales y jurídicas derivadas de la construcción y operación del Tren Maya, incluyendo el nuevo tren de carga; y exhortaron a garantizar la protección de la Selva Maya, del acuífero peninsular y de los derechos colectivos de las comunidades indígenas y locales. El informe completo se encuentra disponible para consulta pública en la página web de las organizaciones participantes en la Misión Civil de Observación, y lo encontrarán en Adjunto también por esta vía.