Aunque la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que durante su gobierno no se han asignado ni se asignarán nuevas concesiones para la explotación minera, aún hay más de 23 mil 231 títulos de concesión vigentes en el país que dejan abierta la puerta a nuevas explotaciones mineras con la técnica de tajo a cielo abierto, que es altamente nociva para el ambiente y ha provocado severos impactos en la salud de las personas.

Actualmente, en México hay 874 operaciones mineras activas, 249 de ellas corresponden a minas de minerales metálicos, 95 de estas son de tajo a cielo abierto y ocupan una superficie acumulada de 61 mil 172 hectáreas. Además, ocho de las operaciones mineras de tajo a cielo abierto se realizan en cuatro áreas naturales protegidas (5,510 hectáreas impactadas); también hay proyectos de minería a cielo abierto en 1,541 hectáreas de humedales. Y por si fuera poco, 37% de estas operaciones no ha reportado ni la cantidad ni el tipo de sustancias contaminantes que han vertido en 17 años.

La técnica de tajo a cielo abierto es la que más destruye el territorio y tiene el mayor potencial dañino para la salud de las personas y el ambiente, porque transforma el territorio, remueve toda la cobertura vegetal, emplea enormes volúmenes de agua y genera una gran cantidad de residuos tóxicos muy riesgosos para la salud.

Las empresas optan por esta técnica de explotación minera porque les permite reducir costos, porque aunque los impactos socioambientales sean mayores, las mineras no pagan los daños que causan ni los bienes que destruyen.

En el marco del Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, que es una iniciativa de resistencias comunitarias como la de San Luis Potosí contra la minera San Xavier, que destruyó el Cerro de San Pedro, la Colectiva Cambiémosla Ya llama a prohibir esta técnica de explotación minera y a regular estrictamente la minería subterránea, que por las detonaciones en el subsuelo, también provoca el desplazamiento forzado de las comunidades y la pérdida de los hogares de las familias, como ocurre en Concepción del Oro, Zacatecas, por la operación de la mina Aranzazú, de la compañía canadiense Aura Minerals.

En 2024, en la Cámara de Diputados, fue aprobada una iniciativa de reforma constitucional que prohibía la minería a cielo abierto; y aunque la entonces candidata en campaña, Claudia Sheinbaum, se comprometió a impulsar esa prohibición, en junio de 2025 declaró que no impulsaría la prohibición de la minería a cielo abierto porque ponía en riesgo la extracción de materiales pétreos como el balastro para las vías férreas o algunos minerales como el litio. 

Es posible avanzar en la prohibición de la minería metálica de tajo a cielo abierto, si se ponen excepciones a la extracción de algunos materiales pétreos, que incluso no requieren de los procesos de lixiviación que sí requiere la minería de metales como el oro, la plata y el cobre, que consumen enormes volúmenes de agua y sustancias altamente tóxicas como el cianuro.

La evidencia de la vulneración a los derechos de las comunidades, de los impactos al ambiente y a la salud que ocasiona la minería, tanto a cielo abierto como subterránea, están ampliamente documentados, son muy recurrentes y, la mayoría de las veces, los daños quedan sin reparación.

El reciente informe del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) coincide en el diagnóstico de las múltiples afectaciones que provoca la minería en los países latinoamericanos y  lamenta “el clamor de las comunidades y de las demás criaturas heridas por el avance del extractivismo depredador, especialmente de la minería que devasta, contamina, secuestra el agua y restringe el acceso a los bienes comunes, se apropia de los territorios, sacrifica los modos de vida de las comunidades y se impone como la única alternativa posible al desarrollo.”

Cabe destacar que ninguna de las decenas de miles de concesiones mineras que se han asignado en México fue consultada con las comunidades antes de otorgarse. Fue hasta la reforma a la Ley de Minería de mayo de 2023, que se estableció la obligación de obtener el consentimiento de las comunidades antes de asignar una nueva concesión minera.

Las más de 23 mil concesiones mineras vigentes en el país, que equivalen a una superficie acumulada de más de 13.4 millones de hectáreas, se asignaron a particulares sin siquiera notificar a los legítimos titulares de la tierra.

Las comunidades y pueblos cuyos territorios están concesionados a la actividad minera se han enterado cuando las empresas llegaron a hacer trabajos de exploración y explotación, lo que ha generado una gran conflictividad en las comunidades y ruptura del tejido social.

Regular de mejor forma a esta industria y prohibir la técnica más destructiva de extracción de minerales es un acto de justicia social urgente.