Las regiones forestales de México enfrentan una problemática compleja que amenaza los medios de vida de las familias que habitan estos territorios y pone en grave riesgo la permanencia de los bosques y selvas. 

Por un lado, como efecto del cambio climático se ha generado una sequía severa y prolongada que ha acelerado el avance de plagas y enfermedades y una alta mortandad en el arbolado, además de una enorme incidencia de incendios.

De hecho, 2024 se perfila como uno de los años con mayor número incendios y superficie siniestrada de las últimas décadas. Mientras que la afectación por plagas ha generado alerta en miles de comunidades que manejan sus bosques y que no cuentan con el suficiente respaldo de las autoridades para atender estas contingencias.

Por otra parte, el avance del control territorial de los grupos criminales, la expansión de los monocultivos como el aguacate y la soya; el crecimiento desmedido de la industria inmobiliaria y los procesos de privatización de las tierras de propiedad social están agravando el problema de la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales en el país.

Los más de 13 millones de personas que habitan en las regiones forestales de México, en su mayoría familias indígenas y campesinas dependen, en gran medida, de los ecosistemas forestales para tener acceso a empleo, ingresos, materiales, alimentos, entre otros.

Estas mismas familias son la primera linea de defensa de los bosques ante los embates de empresas, gobiernos y grupos criminales que pretenden apropiarse de los recursos naturales, además de atender emergencias de incendios y plagas.

Sin embargo, las regiones forestales se encuentran en un estado de abandono institucional, condición que facilita una mayor presencia y control de los grupos criminales en los territorios y que se aceleren los procesos de degradación y deforestación.

Asimismo, los recursos destinados para el fomento y fortalecimiento de las iniciativas productivas comunitarias de aprovechamiento de recursos forestales maderables y no maderables se han reducido significativamente.

El sector ambiental lleva más de 10 años padeciendo recortes presupuestales tan severos que han debilitado a las instituciones del sector al grado de impedirles cumplir sus mandatos por falta de personal y recursos económicos mínimos, es indispensable que el próximo gobierno de un viraje a esa tendencia de debilitamiento de instituciones como la SEMARNAT, CONAFOR, CONANP y PROFEPA.

Construir una nueva política forestal nacional

El gobierno federal entrante tendrá uno de los retos más importantes en materia ambiental: cumplir con la meta adquirida por México ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de detener la deforestación para el año 2030. Actualmente, de acuerdo con las estimaciones más conservadoras de la Comisión Nacional Forestal, se deforestan más de 250 mil hectáreas por año en el país.

Además, un estudio reciente del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible a través del Sistema de Información de Cambios de la Cobertura Forestal en la Península de Yucatán (SICAMFOR) reveló que de 2019 a 2023, tan solo en la Península de Yucatán se deforestaron más de 285 mil hectáreas de ecosistemas forestales.

En el marco del Día Mundial de Medio Ambiente, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible resalta que es imprescindible que el gobierno federal entrante ponga en marcha una política decidida de fomento y fortalecimiento de las iniciativas comunitarias de manejo, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.

La política forestal del país debe enfocarse en la promoción del bienestar social y económico a través del manejo de ecosistemas forestales, así como en la conservación de la biodiversidad y de los servicios ambientales vinculados a éstos.

En el documento del Proyecto de Nación 2024-2030 de Morena la única mención al sector forestal es que “se modificará el funcionamiento de la Comisión Nacional Forestal para asegurar su eficacia en la persecución del saqueo de madera y el daño que ello produce a los suelos, la fauna y la captación de agua y CO²” aunque la CONAFOR es una dependencia de fomento y no de inspección y vigilancia.

Asimismo, el Proyecto de Nación refiere que “la política medioambiental de la Cuarta Transformación reforzará su orientación a los objetivos de desterrar el modelo de despojo, explotación y muerte para construir un ámbito en el que se proteja la vida por encima de cualquier interés privado”.

También resalta que pondrá en práctica una “política humanista que garantice la protección de la justicia a las y los defensores del territorio y el medioambiente y a las comunidades, así como la vigencia de los derechos ambientales de todas y de todos”.

Desde el Consejo Civil llamamos a que estos postulados se conviertan en hechos concretos, ya que diversas obras de infraestructura del propio gobierno federal se han impuesto en los territorios sin un proceso de consulta previo, vulnerando derechos e incumpliendo la normatividad ambiental.

México es un país eminentemente forestal que cuenta con más de 130 millones de hectáreas (60 por ciento del territorio nacional) de ecosistemas forestales como bosques, selvas, matorrales, humedales, entre otros; y más del 50 por ciento de esos ecosistemas son de propiedad social. Son tierras de ejidos y comunidades que se manejan bajo diversos esquemas colectivos.

Durante los últimos 40 años, los bosques y selvas de cientos de ejidos y comunidades se han mantenido conservados gracias al trabajo colectivo de las familias campesinas que los habitan, vigilan, defienden, manejan y aprovechan de forma sostenible.