Campesinos y pescadores de los municipios de Cárdenas y Huimanguillo, Tabasco, así como organizaciones de la sociedad civil, consideran inaceptable que el poder judicial priorice los intereses de Petróleos Mexicanos (Pemex) en vez de garantizar los derechos de las comunidades afectadas por la contaminación que generan las actividades de esta empresa, por lo que anunciaron que acudirán a instancias internacionales a denunciar este hecho.

Comunidades y organizaciones denuncian diversas irregularidades durante todo el proceso y anuncian que acudirán a instancias internacionales

A pesar de que en marzo de 2017, el Juzgado Cuarto de Distrito en Tabasco otorgó el amparo y protección de la Unión a los quejosos por las omisiones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) respecto del daño ambiental generado por Pemex, el pasado 4 de julio de 2019, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito en Tabasco, decidió revocar tal amparo.

La decisión de revocar el amparo tomada por los magistrados de dicho Tribunal,Jaime Raúl Oropeza García y Vicente Mariche de la Garza, así como del licenciado en funciones de magistrado, Carlos Alberto Méndez Palacios, se basó en que los quejosos no habían comprobado tener un interés legítimo; es decir, no comprobaron su especial situación con los ecosistemas que consideraron vulnerados, particularmente, con los servicios ambientales que prestan.

Sin embargo, tal interpretación es errónea, pues del cúmulo de pruebas del expediente -incluyendo documentales, periciales y varias inspecciones judiciales- se comprobó que los quejosos son habitantes de los municipios de Huimanguillo y Cárdenas; que son campesinos y pescadores que dependen necesariamente de su ecosistema y recursos naturales; y que se han visto directamente afectados por la contaminación de agua, aire y suelo por hidrocarburos, lo que actualmente les impide vivir de las actividades económicas que han realizado por generaciones como la siembra, pesca, cría de ganado. Adicionalmente, se comprobó también que la contaminación les ha provocado daños a la salud, al agua, a su territorio y a su tejido social.

Esta situación dio inicio en el año 2013, cuando campesinos y pescadores de los municipios citados, con asesoría de la Asociación Ecológica Santo Tomás, A.C., el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Fronteras Comunes, A.C., y Litiga, Organización de Litigio Estratégico, A.C. (Litiga OLE), interpusieron juicio de amparo colectivo por la omisión por parte de las autoridades de respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos a la salud, la vida digna y el medio ambiente, particularmente por parte de Pemex y sus organismos subsidiarios, así como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Profepa.

Durante todo el procedimiento, primero ante el Juzgado de Distrito y después ante el Tribunal Colegiado, se han presentado una serie de irregularidades, las cuales violentaron el derecho al debido proceso de los quejosos, y que resultan inadmisibles para la consecución de la justicia que se persigue. Entre dichas irregularidades se pueden mencionar, la falta de autos que constaban en el expediente, falta de notificaciones a todas las partes, inspecciones de campo no realizadas, la pérdida de una caja de documentación oficial que se presentó como prueba para la defensa de las comunidades, además de la amenaza de sancionarlas si no las reponían en un plazo de 3 días, incumpliendo la autoridad su responsabilidad de resguardar los expedientes.

Adicionalmente, los tiempos para resolver los recursos fueron totalmente excesivos y en contravención a Ley de Amparo: para la resolución de los recursos de queja, el Tribunal tardó entre 8 y 11 meses, mientras que para los recursos de revisión contra la sentencia, fueron poco más de 2 años. Ello se debió a la rotación constante de personal judicial, lo cual retrasó injustificadamente la resolución del amparo.

«Es increíble y un golpe más para las comunidades que buscan la justicia ambiental. Eso es México, un país que opera para la defensa de los contaminadores y que cuenta con el apoyo de jueces federales. También denunciamos la actuación de Profepa, con quienes nos reunimos cuando se ganó el amparo, acordando que trabajaríamos en conjunto para lograr acciones tendientes a diagnosticar el daño ambiental y remediarlo; sin embargo y contraviniendo los acuerdos, presentaron recurso de revisión contra la resolución que señalaba que la Profepa había sido omisa en su tarea de proteger el ambiente; declaró Marisa Jacott, de Fronteras Comunes A.C.

Durante todo el procedimiento, primero ante el Juzgado de Distrito y después ante el Tribunal Colegiado, se han presentado una serie de irregularidades, las cuales violentaron el derecho al debido proceso de los quejosos

«La forma como se llevó el presente juicio, con numerosos incidentes y actuaciones irregulares, demuestra las dificultades a las que se enfrentan las comunidades al tratar de hacer efectivos sus derechos fundamentales. Ello evidencia que el juicio de amparo sigue sin ser un mecanismo adecuado ni efectivo en nuestro país»; declaró Ximena Ramos, de la Oficina Golfo de México del CEMDA.

Por su parte, José Manuel Arias, de la Asociación Ecológica Santo Tomás apuntó que:

«Sabemos de la importancia económica que tiene la actividad petrolera en el país, sin embargo, eso no debe ser un pretexto para permitir la violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Tabasco, ni que los juzgados federales actúen en contravención a sus deberes para garantizar el acceso a la justicia y a la legislación aplicable.»

Por todo lo anteriormente, las comunidades afectadas y las organizaciones sociales consideran que tanto el procedimiento como el resolutivo son violatorios de derechos humanos y acudirán a instancias internacionales para exponer el caso.

Fotos:https://contaminacionenelambientedetabasco.blogspot.com