REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México dio a conocer el balance de la administración de Enrique Peña Nieto respecto a la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a unas horas de que tome posición el nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, elegido el pasado 1º de julio.

En este sentido, en el recuento se destacaron las omisiones, la corrupción y la militarización del país; los cuales afectaron de forma directa a niñas, niños y adolescentes.

Altas tasas de homicidio, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y un contexto de violencia en todo el país, cuyo impacto mayor es en niñas, niños y adolescentes

Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de REDIM, refirió que Enrique Peña Nieto firmó 10 compromisos por la infancia con REDIM y UNICEF de los cuales solo cumplió con promulgar, en 2014, la Ley General de derechos de Niñas, niños y Adolescentes; y avanzar en el registro oportuno de nacimiento que significó una reforma constitucional.

Sin embargo, REDIM consideró que el gobierno saliente careció de un rol activo que permitiera articular las políticas públicas y las respuestas a nivel municipal, estatal y nacional; entre otros factores; destacó que pese al mandato de ley que destaca que el Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) debe sesionar cada seis meses para articular la política pública, solo se reunió en tres ocasiones desde 2015.

Entre las problemáticas vinculadas a la omisión de las autoridades federales, esta entre otros, la creciente violencia sexual en establecimientos educativos y frente a ello, la negativa de la Secretaría de Educación Pública SEP para asumir la responsabilidad de actualizar los protocolos y de brindar reparación del daño a las víctimas, toda vez que estos delitos ocurren por personal contratado por la SEP y en instalaciones federales.

Juan Martín Pérez García, destacó que la administración de Peña Nieto deja “un baño de sangre, miles de desaparecidos y el miedo en la piel de todas las personas; en particular niñas, niños y adolescentes… nunca habían vivido en un país tan peligroso, con tanto riesgo y con tanto dolor como esta administración, el balance es totalmente negativo»

Ejemplo de ello es qué aun con la gran epidemia de niñez desaparecida, la única respuesta de este gobierno fue la omisión y complicidad. “De los casi 7 mil niñas, niños y adolescentes desaparecidos en México, el 70% ocurrió en esta administración”.

Niños, niñas y adolescentes se han convertido en blanco de las ejecuciones extrajudiciales, como en el caso de los jóvenes víctimas del Ejército en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México; donde cuatro de las 22 personas asesinadas eran adolescentes. Se ha observado también un incremento en la detención de adolescentes por delitos del orden federal: portación de armas de uso exclusivo, delitos contra la salud y secuestro que nos habla del incremento del reclutamiento por grupos criminales, el cual aún sigue sin ser reconocido por el Estado Mexicano.

La corrupción generalizada en las instituciones públicas afectó el gasto social a favor de niñas niños y adolescentes

Respecto a las caravanas migrantes en México, que actualmente representa una crisis humanitaria, y frente a la cual las autoridades federales no han dado respuesta articulada, Pérez García, señaló que la deportación masiva de niños migrantes y sus familias muestra que “el Estado mexicano está priorizando un hecho administrativo, está siendo dócil a la política migratoria de los Estados Unidos y está violentando la protección internacional reforzada que ameritan los niños y niñas migrantes que vienen solos o con sus familias”.

Lo anterior, da cuenta de la fragilidad institucional del Estado mexicano, de la crisis de Derechos Humanos y urgencia de fortalecer el Estado de Derecho, es decir, “cumplir con las leyes que la normativa ha alcanzado, en particular el 1º constitucional que establece que todos los Tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos tienen el mismo rango que la constitución” señaló.

Respecto a los desafíos para la próxima administración, el Director de REDIM señaló que el trabajo de documentación de organizaciones sociales nacionales e internacionales, los organismos de derechos humanos y las organizaciones públicas autónomas, deben ser la base de las investigaciones oficiales para sancionar los altos niveles de corrupción y llevar a instancias internacionales a Peña nieto, gobernadores y funcionarios de seguridad pública que han sido responsables de la situación de violencia que vive la niñez en nuestro país; agregó que “no puede haber una lógica de perdón automático como se ha señalado; la obligación de todas las autoridades es de cumplir con la ley, y el estado de derecho señala que todo crimen tiene que ser investigado”.

Llamó a cerrar el capítulo de la administración que culmina con la exigencia de justicia y con la sanción que corresponde “estamos en un momento crítico en el país, si no hacemos cumplir y valer el estado de derecho, la garantía de proyectos de vida para casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes está en juego.”