Las organizaciones y comunidades firmantes vemos con preocupación los planes en materia energética de la actual administración federal, en los que predominan  proyectos de gas fósil (mal llamado gas natural) y que contradicen  la política de transición energética justa que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto llevar a cabo para atender la seguridad energética y la emergencia climática en México.

El gas fósil está principalmente compuesto de metano (CH4), un potente gas de efecto invernadero, que calienta hasta 80 veces más el planeta que el CO2. Advertimos con urgencia que la construcción de nueva infraestructura de gas incrementa nuestra dependencia directa de los EEUU, toda vez que de este país se importa el 90% del gas que consumimos en el sector eléctrico de México. Las recientes políticas del nuevo gobierno de los EEUU muestran una fuerte hostilidad hacia nuestro país, razón suficiente para evitar dinámicas de mayor dependencia. Nuestra matriz energética ya depende severamente del gas, cerca del 60% de la electricidad^[1] es generada por este combustible fósil. Se necesita reducir este porcentaje,  no incrementarlo.

En sus primeros meses, la nueva administración federal en México  ha anunciado nuevos proyectos que han encendido las alertas de las organizaciones climáticas, ambientales y de las comunidades. Primeramente, hace un par de semanas se  dio a conocer la construcción de nuevas plantas termoeléctricas que se suman a proyectos que provienen de sexenios anteriores. Identificamos 19 nuevas plantas termoeléctricas en planeación o en proceso de construcción. Estas plantas provocan graves impactos a la salud de las poblaciones donde se ubican, con la quema ininterrumpida de gas y la contaminación del aire.

Desde entonces, algunas comunidades ya alzaron la voz en rechazo a estos proyectos. Resaltamos el caso de las comunidades de El Salto y Juanacatlán, en el estado de Jalisco, que se oponen a que se agrave aún más la situación de contaminación exacerbada alrededor del Río Santiago. De igual forma, la ampliación del Puerto de Manzanillo, anunciada a finales del año pasado, contempla un agresivo perfil para la importación y distribución de gas fósil.

Por su parte, la iniciativa privada empuja la construcción de nuevas terminales de exportación de gas natural licuado (GNL) que representan una amenaza directa a las comunidades de las costas de México. Este tipo de infraestructura se pretende usar para exportar gas proveniente de Texas hacia Europa y Asia. Las plantas de GNL son altamente contaminantes, tan solo en EEUU se les atribuyen directamente 60 muertes anuales^[2], por las afectaciones que provocan en la calidad del aire. Además, el traslado del gas en grandes buques destruye las economías locales, que dependen de la pesca o el turismo, y pone en grave riesgo a las especies marinas que habitan esas zonas, incluyendo a 31 especies de cetáceos (ballenas, delfines y una marsopa). 

Destacamos que, además del muy criticado Proyecto Saguaro, están anunciadas dentro del Golfo de California otras dos terminales de GNL, una en Topolobampo, en una zona de humedal, y otra en Guaymas. Solamente el proyecto Saguaro generaría una cantidad de emisiones equivalentes a las emisiones de Suecia y Portugal juntos.

Los gasoductos, asociados a las termoeléctricas y plantas de GNL para la transportación de este gas fósil a nuestro país, conllevan un enorme costo ambiental, social y económico para las comunidades que son atravesadas por ellos. En construcción y proyecto, hablamos de 4,623 km^[3] de nuevos gasoductos en nuestro país. Resaltamos los impactos que ya está provocando el gasoducto Puerta al Sureste en las costas de Veracruz. Este gasoducto submarino amenaza el sistema de arrecife de coral veracruzano y ya enfrenta una fuerte oposición de comunidades pesqueras y campesinas de la región. La empresa canadiense TC Energy es la responsable de construir este gasoducto que ampliará el alcance del gas proveniente de Texas.

Finalmente, resaltamos que en EEUU el gas se extrae con la técnica de fracking o fractura hidraúlica, misma que desde el sexenio pasado se prometió cancelar en nuestro país. Pedimos que México retome con claridad y decisión la agenda y el compromiso asumido por la presidenta para  prohibir  esta técnica de extracción de hidrocarburos, que es una amenaza vigente de convertir a comunidades de Veracruz, Puebla, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas en zonas de sacrificio como ya ocurre con las comunidades de Texas, Luisiana y Nuevo México. Nuestro país ya enfrenta críticos escenarios de falta de agua, permitir una técnica que utiliza más de 19 millones de litros de agua por pozo es irresponsable con esta y las futuras generaciones.

Hay un paradigma posible de transición energética para nuestro país, uno que contempla la generación distribuida y el uso responsable de tecnologías que aprovechan las fuentes de energía renovable. En este escenario, el gas fósil no tiene cabida, pues representa la continuación de la herencia fósil que ha provocado la crisis climática que ya azota fuertemente al territorio mexicano. Una vez más, apelamos a la experiencia, conocimiento y compromiso de la presidenta de México con el tema ambiental, quien, desde su experiencia como científica climática, ha reconocido la urgencia de una acción contundente y clara para evitar el colapso de nuestros sistemas de vida.

Hoy más que nunca, el mundo, particularmente nuestra  región, necesita fuertes liderazgos climáticos que marquen un  camino distinto al de los combustibles fósiles. La presidenta Sheinbaum tiene la oportunidad de hacer historia y ocupar ese lugar central en la lucha contra la crisis climática.

^[1]GeoComunes, 2025. https://geocomunes.org/Visualizadores/GNL-Mexico/

^[2] Sierra Club y Greenpeace USA, 2024. Permit to Kill: Potential Health and Economic Impacts from U.S. LNG Export Terminals. Disponible en: [https://www.greenpeace.org/static/planet4-usa-state less/2024/11/47b90812-permit-to-kill.pdf]

^[3] GeoComunes (2025). Gasoductos privados en México.