Greenpeace México y El Poder del Consumidor convocaron  a una mesa de trabajo en la que participaron instituciones de gobierno como la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) para establecer una ruta crítica que promueva la homologación de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) sobre salud ambiental con los lineamientos que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como el fortalecimiento de las redes de monitoreo de contaminantes.

Esta mesa se caracterizó por ser multisectorial, ya que también participaron organizaciones de la sociedad civil como Bicitekas, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Red por los Derechos de la Infancia en México, y Fundación Tláloc; así como personal académico de la Universidad Iberoamericana, del Instituto Nacional de Salud Pública y del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

Necesario que el próximo Plan Nacional de Desarrollo incluya la revisión de Normas y el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo

La diversidad de actores coincidió en la necesidad de modificar con urgencia varias normas oficiales sobre los límites máximos permitidos de contaminantes en el aire, entre ellas la NOM-020 (ozono), la NOM-025 (material particulado), la NOM-022 (dióxido de azufre) y la NOM-023 (dióxido de nitrógeno).

Ello porque la mala calidad del aire en México es uno de los riesgos ambientales más graves para la salud; sin embargo, los límites de concentración que establecen las Normas actuales están muy por encima de los que dicta la OMS en sus guías de calidad del aire, que se actualizaron desde 2005.

Funcionarias y funcionarios, sociedad civil y academia señalaron la necesidad de modificar los sistemas de monitoreo de la calidad del aire en México para que tengan definiciones más claras de criterios de evaluación, que incluya zonas rurales, y contenga datos continuamente actualizados y precisos para vincular la mala calidad del aire con la generación de enfermedades respiratorias. También observaron la necesidad de dar seguimiento a la actualización de la NOM-156, sobre sistemas de monitoreo, que ya está inscrita en el registro de normalización, para ser modificada en 2019.

Durante la mesa también se discutió la necesidad de una mayor inclusión de la sociedad civil en la elaboración y actualización de las Normas; la responsabilidad de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de vigilar el funcionamiento de estas medidas; y la necesidad de generar campañas de comunicación para diferentes sectores sobre la calidad del aire como principal riesgo ambiental para la salud. Enfatizaron que este problema requiere un abordaje integral que no se limite a las Normas, y se habló de la posibilidad de proponer la existencia de una Comisión Nacional de Medio Ambiente y Salud, que atienda ambos temas de forma asociada.

También se identificó la necesidad de que la administración federal entrante dé seguimiento a los pendientes en materia ambiental y cumpla con las propuestas de campaña que hizo en esta materia. Entre las primeras medidas que habría de cumplir el nuevo gobierno será incluir en el Plan Nacional de Desarrollo la actualización de las Normas y el fortalecimiento de las redes de monitoreo, incluyendo la asignación de presupuesto suficiente para la implementación de estas acciones en cada entidad del país.

ONGs, academia y gobierno trabajan juntos para impulsar modificación de Normas Oficiales sobre salud ambiental y monitoreo de la calidad del aire

Greenpeace México recordó que este tema es urgente porque cada año mueren alrededor de 17 mil 700 personas por padecimientos vinculados a la mala calidad del aire. Esta situación es más grave en caso de niñas, niños y adolescentes, quienes en meses pasados iniciaron una defensa legal para que la COFEPRIS modifique las Normas, pero no hubo avances por parte de esta dependencia.

Por su parte, El Poder del Consumidor dijo que se requiere reducir las necesidades de movilidad de la población al generar vivienda cerca de los centros económicos; crear usos de suelo mixto; fomentar que las personas caminen más; desincentivar el uso del automóvil particular; actualizar el marco normativo de calidad del aire; aumentar la cobertura del monitoreo; mejorar la calidad de los combustibles para incorporar los mejores controles de emisiones de los vehículos ligeros y pesados, y mejorar también el rendimiento de los mismos.

Para esta reunión también se convocó a la COFEPRIS, instancia encargada de vigilar el funcionamiento adecuado de las Normas sobre salud ambiental y de llevar a cabo su actualización, pero no acudió. Las y los participantes acordaron seguir trabajando en conjunto para establecer las rutas críticas que garanticen que la normatividad mexicana se apegue a los mayores estándares de salud ambiental.