Desde la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País demandamos que en la conformación del equipo que la presidenta electa Claudia Sheinbaum decida para encabezar la política pública en materia agrícola, se establezca un verdadero compromiso con una agricultura libre de agrotóxicos y transgénicos, sin conflicto de interés y que ponga al centro la agricultura campesina.

Ante el inminente anuncio de quienes integrarán el gabinete de la nueva administración, las organizaciones alertan ante la posible permanencia dentro del nuevo gobierno, de personajes que han tenido una larga trayectoria de apoyo a los grupos de poder económico y de promoción de las peores prácticas agrícolas, que ponen en riesgo la salud de las personas y que son contrarias a las prácticas agrícolas que buscan evitar la contaminación del medio ambiente. 

Personajes como Víctor Villalobos y Sol Ortíz no pueden repetir, una vez más, en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Estas dos personas han impulsado un modelo de producción de alimentos depredador con el ambiente, desde hace más de dos décadas.

La interferencia en todo el mundo de las grandes empresas y grupos de poder económico en la toma de decisiones que atañen al interés público es constante. Con distintos niveles de intensidad, México no está exento de ello. Dicha interferencia se ejerce de muchas formas, una de ellas es a través de la incorporación de representantes de esos intereses en los puestos de toma de decisiones, ya sea en el nivel legislativo, ejecutivo o judicial. Es por ello que las organizaciones aquí representadas queremos advertir ante los riesgos de incluir en el próximo gabinete a personajes vinculados a dichos intereses o que a lo largo de su trayectoria han mostrado esa vinculación.

Tampoco aceptaremos que bajo el nombre de agroecología impongan sus mismos modelos ahora pintados de verde. Por ejemplo, uno de los grandes impedimentos para alcanzar la soberanía alimentaria es el control corporativo del sistema agroalimentario, en el cual 4 corporaciones controlan el 67%, del mercado mundial de semillas, 10 controlan el 95% del sector de agroquímicos, 10 controlan el 41% del mercado de fertilizantes y 4 controlan el 90% del comercio de granos.

Desde la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País consideramos que se requieren funcionarios que conozcan profundamente al país y en particular el campo mexicano y que valoren la agricultura campesina, su capacidad productiva y su cultura comunitaria, pues ésta provee 70% del maíz para tortillas y 60% del frijol que nos comemos. No es una agricultura secundaria ni “atrasada”; las familias campesinas han sido y son las guardianas de la biodiversidad y evolución de los maíces mexicanos, junto con los teocintles, que nos permitirán hacer frente a la actual crisis climática, alimentaria y de salud.

Como bien han afirmado instancias como la FAO o el PNUMA, la agricultura industrial es una de las causas principales de los problemas medioambientales que hoy nos aquejan. Se trata de una manera de producción obsoleta. Los problemas de alimentación en el mundo se resolverán con sistemas agrícolas sustentables que partan del diálogo de saberes entre los agricultores tradicionales y sus pares especialistas de la academia. Esa es la verdadera vanguardia. Sólo así se logrará la autosuficiencia alimentaria y la soberanía nacional.

Se requiere de funcionarios comprometidos con el pueblo de México para defender nuestra soberanía alimentaria y a nuestro maíz libre de transgénicos, frente a presiones empresariales internas y externas, elaborar y aplicar una política de Estado que amplíe significativamente el apoyo a la agroecología, cumpla cabalmente con el decreto presidencial para eliminar el uso del glifosato, y lo amplíe para otros plaguicidas altamente peligrosos.

Es por lo anterior que desde la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País queremos hacer llegar nuestra preocupación a la presidenta electa, para que su proyecto político se construya con funcionarios comprometidos con la transición a la agroecología como base de la soberanía alimentaria y que estén libres de sospecha de conflicto de interés.