Entre las 18 iniciativas del paquete de reformas constitucionales enviadas al Congreso de la Unión el 5 de febrero de 2024 por el entonces presidente López Obrador, el Proyecto de Decreto por el que se Reforman Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Derecho a la Alimentación, Medio Ambiente Sano y Derecho al Agua contemplaba la modificación del párrafo séptimo del Artículo 27 constitucional para prohibir el otorgamiento de contratos o cualquier medida administrativa que permita la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos a través del fracking o fracturamiento hidráulico.

A pesar de que esta iniciativa fue dictaminada en agosto del año pasado, no fue priorizada para su discusión y aprobación en el primer período de sesiones de la nueva LXVI Legislatura y, por falta de voluntad política, se encuentra entre las 4 iniciativas de dicho paquete que quedaron “sin efecto” y fueron desechadas. 

Frente a ello, desde la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) expresamos nuestra preocupación porque, hasta la fecha, el Gobierno de México no ha tomado ninguna acción concreta para frenar o prohibir el fracking en nuestro territorio, a pesar de que en el paso número 87 de los 100 pasos para la transformación del plan de campaña de la actual presidenta Claudia Sheinbaum se estableció textualmente: “No se va a permitir la explotación de hidrocarburos a partir del fracking.