El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó el desalojo del predio ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México–Toluca, en Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa, donde operaba desde hace casi cinco décadas el Refugio Franciscano A.C., hogar de alrededor de 1,100 perros y gatos rescatados del abandono y el maltrato.

La sentencia, emitida en el expediente 362/2021 por la jueza Ana Miriam Yépez Arreola, del Juzgado Sexagésimo Civil, resolvió la restitución del inmueble a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, dueña legal del predio. El fallo señala que los animales que permanezcan en el lugar al momento de la entrega quedarán bajo resguardo de la Fundación y bajo supervisión de autoridades capitalinas, conforme a la Ley de Protección a los Animales.

De acuerdo con la versión oficial, el operativo de desalojo se llevó a cabo durante la madrugada del jueves, a partir de las 00:15 horas, con presencia de policía capitalina, personal del Tribunal y un grupo de 12 veterinarios para revisar el estado de salud de los animales. No se reportaron agresiones.

Sin embargo, el Refugio Franciscano denunció que la resolución omitió obligaciones establecidas en un convenio firmado en 2022, en el que —aseguran— la Fundación se comprometió a construir primero un nuevo albergue con módulos, jaulas adecuadas y áreas para cuidadores, previo al traslado de los animales. Sin ese espacio, advierten, cualquier reubicación pone en riesgo la vida e integridad de los casi 1,100 perros y gatos.

La organización subrayó que México enfrenta una crisis de bienestar animal: existen cerca de 28 millones de perros en el país, y el 70% vive en situación de calle. En ese contexto, sostienen, ninguna institución pública o privada tiene capacidad real para recibir a tal número de animales sin comprometer su supervivencia.

El Refugio afirmó que está dispuesto a entregar el predio en un plazo máximo de 45 días hábiles, siempre que la nueva sede esté construida y operando. Asimismo, exigió que cualquier traslado cumpla con condiciones mínimas: espacio seguro y equipado, transporte adecuado supervisado por especialistas, protocolos veterinarios, personal capacitado y vigilancia legal que garantice que ningún animal quede desprotegido.

La organización hizo un llamado urgente a autoridades y ciudadanía para evitar que la resolución derive en un daño irreversible. “Los animales no son bienes ni inventario; cualquier traslado improvisado equivale a abandono”, sostuvo.

Hasta ahora, no hay claridad sobre el destino final de los casi 1,100 animales.