Un total de 159 organizaciones y 85 activistas en lo particular, dirigieron una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para advertirle las serias consecuencias ambientales del proyecto del “Tren Maya” y los atropellos a los derechos y garantías de la población local (especialmente pueblos indígenas) que implica el proyecto, tras el banderazo de salida dado en una gira por el Sureste -totalmente inoportuna en medio de la pandemia del COVID-19.

 En una carta dirigida al primer mandatario, las organizaciones, colectivos indígenas y populares, comunidades de base, académicos y ciudadanos en lo particular, advierten que el “Tren Maya”, presentado como proyecto detonador del desarrollo, debe rechazarse por cinco aspectos en lo particular.

Primero: Existen diversos amparos que ordenan la suspensión del proyecto y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha ordenado la suspensión de actividades no esenciales del proyecto, como medida cautelar, por lo cual la visita del Señor Presidente atentaría contra el orden Constitucional.

Además, por la pandemia, han sido canceladas las reuniones informativas y mesas de discusión, y se ha establecido que los términos para obtener información no corren, lo cual limita el acceso de la población involucrada a información cabal, suficiente y oportuna.

Segundo: El megaproyecto afecta de manera directa a comunidades indígenas de al menos cuatro entidades y avanza sin la participación de los pueblos originarios y de otros sectores de la sociedad. No existió un diálogo preliminar con las comunidades pasando por alto el derecho que tienen a decidir libremente su futuro, (derecho a la libre determinación).

Las reuniones realizadas por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del año pasado, no pueden ser consideradas como un proceso de consulta indígena, porque se efectuaron a través de instancias no representativas y no cumplió con los estándares del derecho a la consulta, establecido en el Convenio 169 de la OIT como denunció en su momento la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Decidir el futuro de las comunidades y pueblos indígenas unilateralmente, afirmando que serán los principales beneficiados de un proyecto que desconocen y en el cual su papel principal será el de la mano de obra barata, significa reproducir la discriminación sistémica que ha impulsado por años el Estado mexicano

Tercero: Existen serios cuestionamientos a la viabilidad ambiental del proyecto, como han señalado académicos, académicas y comunidades e instancias del propio gobierno federal.  Un estudio realizado por 30 científicos convocados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) señala los riesgos ambientales y sociales en este proyecto.

Éste y otros estudios concluyen que el Tren Maya propiciará la degradación, deforestación y fragmentación de veintitrés Áreas Naturales Protegidas, entre las cuales se encuentran Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo como Yum Balam, Manglares de Nichupté, Uaymil y las Reservas de la Biosfera de Sian Ka’an y Calakmul, ambas patrimonio de la Humanidad, así como siete Regiones Terrestres Prioritarias, y once Regiones Hidrológicas Prioritarias, a tal grado que podría convertirlas en áreas biológicamente inhóspitas.

Cuarto: El proyecto genera graves riesgos al patrimonio histórico y cultural de la Península de Yucatán. En los alrededores del trazo del Tren Maya el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene registro de siete mil 274 sitios arqueológicos. De éstos, mil 288 se encuentran a distancias no mayores a 10 kilómetros de la vía férrea, de manera que tendrían una afectación directa, según el citado estudio del CONACYT.

 En el mismo se afirma que “Atendiendo a los cálculos de pasajeros y carga del tren, podrían implicar la destrucción irrecuperable de posibles vestigios culturales, daño físico, adulteración o uso turístico excesivo”.

Quinto: El gobierno federal ha buscado publicitar un supuesto apoyo desde las Naciones Unidas al proyecto, que en realidad no existe. Lo que hay, son consultores contratados por FONATUR a través de ONU-Habitat y la UNESCO que colaboran actualmente con estudios para el proyecto, lo que no significa el apoyo de la ONU.

Este proyecto desde un inicio ha sido opaco por la ausencia de información. Beneficiará a grandes consorcios empresariales y ha avanzado aún durante la pandemia de la Covid-19, poniendo en riesgo la salud de las trabajadoras, y trabajadores, comunidades y la población en general. Distintas comunidades indígenas y campesinas en los estados afectados han presentado diversas acciones legales.