En el contexto de los altos índices de violencia contra mujeres y niñas, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) envió un Informe paralelo al emitido por el Estado mexicano ante el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

En esta tónica, el Comité CEDAW emitió las observaciones a México sobre derechos de las mujeres después de su novena revisión, realizadas tanto al Informe periódico que el propio Estado presentó, así como los informes que enviaron Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Organismos Autónomos encargados de la defensa de los Derechos Humanos, entre ellos, la CDHDF.

Dentro de sus observaciones, el Comité CEDAW verificó el cumplimiento de las recomendaciones que realizó en el año 2012 y, a pesar de que reconocen ciertos avances, hizo énfasis en las problemáticas que persisten e instó a las autoridades mexicanas a que se busquen soluciones que las erradiquen.

En lo que tiene que ver con la Alerta Ámber, la CDHDF impulsó las modificaciones a los criterios para la activación de esta Alerta, de tal forma que la misma se haga de manera inmediata

También expresó su preocupación en torno a varios aspectos de la vida de las mujeres y niñas en nuestro país, especialmente en un contexto con altos niveles de violencia, por lo que formuló recomendaciones específicas para garantizar sus derechos.

En este sentido, las observaciones relacionadas con el entorno de violencia contra la mujer que persisten en la Ciudad de México, las cuales tienen coincidencia tanto con lo que este Organismo Autónomo informó a CEDAW, así como con las diversas acciones que ha impulsado, son, entre otras, las siguientes:

1. Adoptar medidas urgentes para estandarizar los protocolos de investigación policial sobre el feminicidio y para prevenir las muertes violentas, asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, así como investigar, enjuiciar y castigar adecuadamente a los perpetradores, incluidos actores estatales y no estatales.

En consonancia con lo anterior, la Comisión en las Recomendaciones 4/2017 y 1/2018 señaló que se deben hacer modificaciones al Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, utilizando la perspectiva de derechos humanos, en particular, con un enfoque de género diferenciado y de atención a víctimas y familiares con respecto a su dignidad y necesidades, para hacerla más efectiva en la persecución y sanción de la violencia contra las mujeres, en específico en materia de feminicidios.

A su vez, a través del Programa de Lucha contra la Impunidad da seguimiento a las investigaciones penales y procedimientos administrativos en contra de personas servidoras públicas que derivan de las Recomendaciones.

1. Simplifique y armonice los procedimientos a nivel estatal para activar la Alerta Ámber y el Protocolo Alba, y acelerar la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, y adoptar políticas y protocolos específicos para mitigar el riesgo asociado con la desaparición de mujeres y niñas.

En lo que tiene que ver con la Alerta Ámber, la CDHDF impulsó las modificaciones a los criterios para la activación de esta Alerta, de tal forma que la misma se haga de manera inmediata. Resultado de lo anterior, el 15 de mayo de este 2018, se promulgaron estos criterios de la Alerta y se solicitó que la Comisión esté facultada para promover la activación de la misma.

1. Al Comité le preocupan las reformas al Artículo 10 de la Ley General de Salud (2018), que prevén la posibilidad de no practicar un aborto seguro por Objeción de Conciencia por parte del personal de salud, lo que puede constituir barreras para el acceso de las mujeres al aborto seguro y la anticoncepción de emergencia, especialmente en áreas rurales y remotas.

Respecto de la Objeción de Conciencia, esta Comisión dirigió una comunicación al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la cual se le solicitó ejerciera su derecho de veto en contra del Artículo 10 de la Ley General de Salud, ya que implementar esta medida conlleva a una regresión que limita el ejercicio de los derechos humanos, en específico de las mujeres.

1. La CEDAW refirió su preocupación por los casos de violencia obstétrica cometidos por el personal de salud en contra de las mujeres.

Al respecto, la Comisión emitió las Recomendaciones 3/2015 y 7/2017 en contra de la Secretaría de Salud por casos relacionados con violencia obstétrica, que van desde el inadecuado trato a la mujer embarazada, hasta la pérdida de la vida. Asimismo, en éstas se exhortó a la autoridad a que la atención hospitalaria que se ofrece a las mujeres en etapa de gestación, parto o puerperio, sea suficiente, oportuna y de calidad para la resolución de cualquier evento obstétrico, además de que se brinde una atención calificada a todas las mujeres que lo necesitan.

1. Por lo que hace a los medios de comunicación y las personas periodistas, la CEDAW propugna una estrategia educativa para las y los profesionales de los medios, que comprenda directrices y mecanismos de supervisión para eliminar los estereotipos discriminatorios contra las mujeres y, a su vez, para la protección de la integridad de las mujeres que ejercen el periodismo.

Sobre este punto, como la CEDAW, consideramos urgente la erradicación de la violencia en contra de las y los periodistas, e impulsamos diversas acciones tanto de protección y respeto, como promoción a los derechos humanos. En este sentido, la Comisión en convenio con la Universidad Iberoamericana desarrollarán el Diplomado “Derechos Humanos, Libertad de Expresión y Periodismo.

Las anteriores, son algunas de las recomendaciones de CEDAW en las que este Organismo Público Autónomo continúa trabajando día con día, además de otras relacionadas con problemáticas y violencias en contra de mujeres adultas, adolescentes, niñas, indígenas, afrodescendientes, migrantes, con diversa orientación u identidad sexual, defensoras de derechos humanos, periodistas, etcétera, con las cuales se trabaja comprometidamente para que se atiendan de forma prioritaria y diligente.

La CDHDF busca que se avance hacia cambios estructurales que impidan la repetición de los actos de violencia y discriminación que viven las mujeres por el hecho de ser mujeres, y que en el siguiente informe del Comité CEDAW, programado para el año 2022, se verifiquen avances sustanciales tanto a nivel local como en todo el país.