Entre 2015 y 2016, la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República, FGR) echó a andar la maquinaria de la que dispone, no para dar con los perpetradores de la masacre de 196 personas en San Fernando, Tamaulipas (2011), ni para investigar las graves violaciones cometidas en ese caso, sino para perseguir a las víctimas, a quien las representaba, a una perita independiente y a una periodista.

A través de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO, hoy FEMDO), la PGR desvió la investigación para beneficiar la impunidad y desproteger a las víctimas. También dejó de lado su deber de esclarecer los hechos e investigar a los perpetradores de los mismos y utilizó las herramientas destinadas a combatir la delincuencia organizada para violar la privacidad, la intimidad, la seguridad, las comunicaciones y criminalizar a quienes desde distintos ámbitos buscaban la justicia, la verdad y el derecho a la información:

Familiares de migrantes víctimas de la masacre de San Fernando, quienes, además, desde hace años han denunciado irregularidades en las investigaciones de la PGR; Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y defensora de las familias de las víctimas; Marcela Turati, periodista que se ha dedicado a investigar sobre personas migrantes desaparecidas y ejecutadas en México, cofundadora de Quinto Elemento Lab y coordinadora del proyecto de investigación #Másde72; y Mercedes Doretti, cofundadora y directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para Centro y Norteamérica.

Este tipo de maniobras se conoce como el “derecho penal del enemigo”, el cual consiste en una serie de herramientas invasivas y violentas empleadas por el Estado, bajo una norma de excepción: la Ley de Delincuencia Organizada, que se debe usar solo para la investigación de los delitos más graves, de la más atroz de la violencia en el país. Con ello se distorsionó y se engañó al sistema alejándolo del fin para el cual fue creado: el combate a la impunidad.

Así, argumentando que se estaba ante una investigación de “secuestro y delincuencia organizada” y sin contar con autorización judicial, como lo exige la ley, la entonces PGR solicitó de forma “extraurgente”, información a las compañías telefónicas de todas las llamadas (entre febrero de 2015 y abril de 2016), para acceder a todos los registros telefónicos, los mensajes que se originaron y recibieron en sus teléfonos, así como para su geolocalización. Con base en eso, solicitó a la Policía Federal cruces de información y análisis de sus movimientos y contactos; requirió y recabó información y documentación personal –de Ana Lorena Delgadillo y Marcela Turati– de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

De esta operación ilegal estuvieron al tanto los altos mandos de la SEIDO, como se puede observar en la siguiente imagen, obtenida de uno de los documentos que constan en la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIS/197/2011 por la masacre de San Fernando:

De esta forma, la entonces SEIDO equiparó el trabajo de Delgadillo, Turati y Doretti con la delincuencia organizada, y las colocó en una condición de riesgo (al agregar toda la información anterior al expediente de la averiguación previa, en la que se investiga, de forma deficiente, a los perpetradores de la masacre), y en un estado de indefensión (pues nunca hizo de su conocimiento que eran investigadas ni hay hechos que justificaran las pesquisas).

Fue hasta el 11 de mayo pasado, luego de más de 8 años de pelear por la obtención de las copias del expediente para las víctimas, que se tuvo acceso al tomo 221, gracias a una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2018, en favor de Fundación para la Justicia.

Sin embargo, al día de hoy, la Fundación para la Justicia aún no ha recibido la totalidad de las copias del expediente de la averiguación previa. Por lo que se desconoce si en la documentación faltante o en otros lugares hay actuaciones similares en contra de las víctimas, de ellas o de alguna otra persona que no forme parte de los hechos que se investigan en la misma.

La criminalización de quienes buscan la justicia y la verdad, frente a la impunidad por la masacre A 10 años de ocurrida la masacre correspondiente a las 48 fosas de San Fernando, no se cuenta con una sola persona sentenciada. Indebidamente se han cremado cuerpos, se han enviado a la fosa común a pesar de ser identificables, se han entregado a los familiares cuerpos equivocados. Todos estos hechos han sido denunciados por los familiares, la Fundación para la Justicia y el Equipo Argentino de Antropología Forense y las investigaciones de Turati, pero las investigaciones correspondientes no han avanzado.

En cambio, de forma muy “eficiente”, en periodos sorprendentemente cortos, el aparato y la maquinaria de la Fiscalía se utilizó para entablar una persecución y criminalizar a quienes exigían verdad y justicia. Se obtuvo una enorme cantidad de información personal y reservada sobre las tres mujeres ilegal y arbitrariamente investigadas.

Ante este ataque, surgen diversas interrogantes: ¿Por qué en lugar de investigar a los perpetradores de los hechos se decidió llevar a cabo diligencias que perjudican a las propias víctimas y a quienes han luchado por sus derechos o difundir la verdad? ¿Cuál era el motivo detrás de la decisión de investigar a quien representaba y defendía a las víctimas, a quien ayudaba a dar plena certidumbre en la identificación de los cuerpos y daba cuenta de las inconsistencias en el manejo de los mismos, a quien a través del ejercicio periodístico reveló las irregularidades cometidas por esa institución? ¿Con qué fin recabaron los registros telefónicos y la geolocalización de las llamadas de Marcela Turati, Ana Lorena Delgadillo y Mercedes Doretti? ¿Por qué investigarlas por delincuencia organizada y secuestro? No hay respuesta a estas preguntas, salvo la intención de perpetuar un aparato criminal institucionalizado hasta hoy instalado en la Fiscalía General de la República (FGR), que promueve la impunidad a costa de lo que sea. A costa de las víctimas, de sus derechos, de los derechos de quienes alzan la voz por ellas.

Porque en el fondo, con las actuaciones descritas, la entonces SEIDO no solo vulneró la privacidad e intimidad de las familias y de estas tres mujeres, no solo las colocó a ellas en riesgo, sino que mandó un mensaje de amenaza al sistema mismo de derechos humanos, a las víctimas que intentan buscar a sus familiares desaparecidos y alcanzar la justicia, a todas las defensoras y defensores que en este país luchan por la justicia y los derechos de las víctimas, a todas las personas que valientemente ejercen el periodismo para desnudar al poder, a todas y todos quienes desde la ciencia, buscan contribuir a la justicia y a la verdad.

Pero, sobre todo, mandó un mensaje desolador a la víctimas, de que si ellas buscan justicia, serán criminalizadas e investigadas, que las graves violaciones a derechos humanos no serán investigadas, y se quitará del camino a todas y todos quienes busquen algo distinto.

¿Qué exigimos?

Ante este contexto, si bien los hechos sucedieron en la anterior administración, solicitamos a este gobierno garantías de justicia y protección para las víctimas que buscan a sus familiares desaparecidos o que buscan justicia; que se resguarde y asegure la información personal de Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y Mercedes Doretti, que obra en la averiguación previa AP/ PGR/SIEDO/UEIS/197/2011; que cese toda investigación adicional contra las víctimas y contra ellas; que se investiguen los delitos cometidos por el personal a cargo de la indagatoria, y que se retomen las investigaciones de la masacre de San Fernando.

Haber encontrado la investigación irregular en el tomo 221, vuelve a colocar en el centro una de las exigencias de las familias: se require una Comisión Especial al interior de la FGR, con el apoyo de Naciones Unidas, expertos y expertas independientes, para que puedan investigar lo ocurrido en San Fernando, lo ocurrido en los casos de masacres y desapariciones de personas  migrantes. El Fiscal General ha aceptado ya el apoyo técnico de la ONU y está pendiente su implementación.

Estamos conscientes de que investigar o sancionar solo a algunos servidores públicos de la entonces SEIDO no va a erradicar la maquinaria de impunidad y criminalización ahí instalada. Se requiere investigar todas las estructuras que integran la actual FGR, así como una transformación institucional de esta área y el fortalecimiento de la Fiscalía de Derechos Humanos.

Frente a lo sucedido y frente a esta impunidad sistémica, la actual FGR tiene la oportunidad de depurar el área de delincuencia organizada, fortalecer la Fiscalía de Derechos Humanos y reformar el sistema de investigación de casos que implican graves violaciones a los derechos humanos y así fortalecer el derecho a la justicia y la verdad de las víctimas, sus familiares y de la sociedad.

También tiene la oportunidad de dictar lineamientos internos para que estos hechos no se vuelvan jamás a repetir en contra de ninguna víctima, defensora, perito independiente y periodistas, que nos ayudan a conocer la verdad de los hechos

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