Positivo que la presidenta Claudia Sheinbaum reitere su compromiso de no modificar la Ley de Minería, ni se otorguen nuevas concesiones mineras. Sin embargo, para hacer más efectivo el cumplimiento del nuevo marco legal minero, aprobado en 2023, es urgente que se publique el Reglamento de la Ley de Minería, con estricto apego a las nuevas disposiciones.

Esta es una responsabilidad conjunta de la Secretaría de Economía, que encabeza el secretario Marcelo Ebrard, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que dirige la secretaria Alicia  Bárcena, dependencias que deberían haber emitido la regulación correspondiente, a más tardar, 180 días después de la entrada en vigor de la ley. Hoy siguen  en incumplimiento.

El Reglamento de la nueva Ley de Minería es fundamental para la correcta implementación de ese ordenamiento legal,  especialmente en materia de protección de los derechos de las comunidades y del medio ambiente.

Artículos como los referentes a la obligación de contar con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas antes de asignar una nueva concesión minera en sus territorios; contar con la autorización de una manifestación de impacto ambiental, planes de cierre y post cierre de minas y un estudio de impacto social previamente a la asignación de una concesión, o la prohibición de minería en zonas de estrés hídrico, en Áreas Naturales Protegidas y en el fondo marino, considerados en la Ley de Minería, deben reforzarse en el reglamento de la ley.

El reglamento debe también contribuir a dar plena garantía a los derechos de pueblos y comunidades que resisten frente a proyectos mineros, salvaguardar el agua, el aire, los bosques y el suelo de los graves impactos de la minería; garantizar el resarcimiento y reparación de los daños que genera dicha actividad durante las fases de exploración, explotación, cierre y post-cierre de las minas. He ahí la urgencia de su publicación.

Preocupa que la Secretaría de Economía, además de no haber publicado el reglamento, ha presumido reiteradamente su cercanía y comunicación con la industria minera en el proceso de elaboración del reglamento de la Ley de Minería, lo que contrasta con la indiferencia y hermetismo que mantiene con las comunidades afectadas por esa industria y las organizaciones que las acompañan.

Con respecto al Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre Estados Unidos y México, la presidenta subrayó además que no se ha firmado ningún acuerdo sobre minerales críticos, y que hasta hoy sólo se ha acordado llevar a cabo pláticas con los Estados Unidos sobre el tema.

Al respecto la Colectiva Cambiémosla Ya considera que que el proceso sobre minerales críticos con los Estados Unidos y cualquier otro país debe ser transparente. Es importante que los eventuales acuerdos no contravengan la decisión de la presidenta Sheimbaum de evitar poner en riesgo la soberanía sobre los recursos naturales, ni favorecer un mayor avance del extractivismo en el territorio nacional.

Asimismo, la presidenta sostuvo que lejos de entregar los minerales, se van a recuperar 200 concesiones. Este es sin duda un paso inicial para cancelar un número mayor de las 22,245 concesiones mineras vigentes que, según la Secretaría de Economía, existían en el país en 2025 y que abarcan una superficie de poco más de 10 millones de hectáreas. En ningún caso, los dueños de los territorios fueron consultados, ni siquiera informados sobre la imposición de dichas concesiones sobre sus territorios.